Análisis de Diario HOY
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La fortaleza del sistema democrático de un país depende en gran medida de la buena salud y correcto funcionamiento de sus distintas instituciones. Y una de ellas, la Justicia, vive en el Ecuador uno de los peores momentos de su historia, contrastando con los anuncios de revolución y cambios positivos que este Gobierno promociona con tanta fuerza. Los hechos son evidentes. La Corte Nacional de Justicia perdió su condición de ser la última instancia en el sistema procesal, y su última integración fue resultado de una tómbola, en la que aceptaron participar magistrados que renunciaron a ser valorados por sus méritos prestando sus nombres para que sea el azar el que decida la continuación o no en sus cargos. Lo que vino después ha sido una serie de fallos escandalosos y destituciones que han golpeado más la débil imagen del que antes fue el máximo tribunal de Justicia del Ecuador.
El Consejo de la Judicatura es otro punto de numerosas denuncias de corrupción. El reparto de parcelas de poder entre sus vocales, que podían designar a dedo y en base a una cuota los cargos judiciales, constituye una repetición del sistema perverso aplicado en otras instancias, como el viejo Congreso Nacional, que desencadenó en el desprestigio de los políticos que recurrían a estas artimañas. Aquello se está volviendo a aplicar en un campo tan delicado como el de la Justicia. Los malos repartos de los espacios de poder entre los vocales de la Judicatura han dejado al descubierto estos procedimientos viciosos que, de una vez por todas, deben ser desterrados.
La Fiscalía tampoco ha estado alejada de las polémicas. Una vez que se dejó atrás el fracasado intento de juicio político contra el fiscal general, Washington Pesántez, el Ministerio Público sufre todavía las consecuencias de haber apostado por el espíritu de cuerpo en la difícil circunstancia que le tocó atravesar a su máximo representante. El pésimo precedente que significó defender a ultranza, y en grupo, a la esposa del fiscal sembró dudas la equidad y la independencia que tienen estos funcionarios, llamados a ser el apoyo de los ciudadanos que son víctimas de los delitos. Tampoco son claras las actuaciones fiscales en los casos de funcionarios públicos de este Gobierno denunciados por corrupción. El último caso de la ex ministra de Salud Caroline Chang, primero acusada y luego sobreseída por la Fiscalía por la compra de ambulancias, es un ejemplo.
El Consejo de Participación Ciudadana tiene en sus manos gran parte de la renovación de los integrantes del sistema de Justicia. Y es necesario que garantice un proceso limpio de selección, en el que puedan participar indistintamente hombres y mujeres de distintas tendencias que tengan las mejores hojas de vida.
Hora GMT: 09/Julio/2010 - 05:58
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