La Corte Suprema de justicia debe decidir si la ley de medios, de 2009, es constitucional o no
El gobierno argentino pidió ayer a la justicia que acelere la causa por la aplicación de una cláusula antimonopólica de la ley audiovisual que rechaza el poderoso multimedios ClarÃn.
El grupo, crÃtico de la presidenta Cristina Kirchner, ha mantenido un conflicto judicial con el Estado durante los últimos tres años, que se ha intensificado desde diciembre del año pasado.
En la página web del Gobierno se informó ayer que la jefatura de Gabinete pidió la habilitación del feriado judicial para que la Cámara en lo Civil y Comercial comience el tratamiento de la apelación de ClarÃn contra el fallo que declaró la constitucionalidad de la cláusula antimonopólica de la ley de medios audiovisual.
La Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), organismo oficial encargado de hacer cumplir la ley de medios, ya habÃa presentado el viernes pasado un pedido similar para que se pueda habilitar la actividad de los jueces en este mes, ante la Corte Suprema de Justicia y ante la Cámara Federal Civil y Comercial.
El jueves pasado, la Corte Suprema volvió a denegar un recurso extraordinario solicitado por el Gobierno argentino para expedirse sobre la constitucionalidad de la norma.
El máximo tribunal confirmó, además, la vigencia de una medida cautelar dictada por la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial a solicitud del multimedios ClarÃn.
Esa medida cautelar mantiene frenada la aplicación de los artÃculos de la ley de medios audiovisuales que obligan a los grupos a desinvertir en caso de que estén excedidos en el número máximo de licencias de radio y televisión permitido por la norma.
De acuerdo a lo dispuesto por la Corte, la medida cautelar estará vigente hasta tanto haya una sentencia definitiva sobre la constitucionalidad o no de la ley, aprobada hace tres años.
La ley de medios audiovisuales fue impulsada por el oficialismo y aprobada por el Congreso argentino en 2009, en sustitución de otra, sancionada en 1980, durante el último régimen militar.
La norma fija para los medios privados de difusión nacional un máximo del 35 % del mercado en cobertura de televisión de aire y un mismo porcentaje en televisión de cable, 10 licencias de radio, 24 de televisión por cable y una de televisión por satélite.
El pasado dÃa 14, el juez de primera instancia que entiende en este caso, Horacio Alfonso, determinó que la ley de medios audiovisuales es constitucional, pero ese fallo fue apelado por ClarÃn ante la Cámara, que debe ahora emitir una decisión sobre el fondo de la cuestión.
El Estado intenta que esa Cámara habilite, lo más pronto posible, el tratamiento de una apelación presentada por el grupo ClarÃn, en medio del habitual receso de cada año en la época de verano.
En el más reciente capÃtulo de una batalla judicial entre ClarÃn y el Gobierno que ya lleva más de tres años, la Corte Suprema rechazó la semana pasada el recurso de per saltum (saltear instancias) solicitado por la presidenta Cristina Kirchner para que el alto tribunal falle en el pleito.
El diferendo pasó a la Cámara por apelación de ClarÃn, luego de que un juez de primera instancia diera la razón al Gobierno y declarara legÃtimamente constitucional la cláusula que obliga a las empresas con posiciones dominantes a desprenderse de licencias de radio y televisión.
El gobierno sostiene que ClarÃn controla el 41% del mercado de radio, el 38% de la televisión abierta y el 59% de la televisión por cable, que en todos los casos rebasa el 35%, establecido en la ley de 2009.
ClarÃn argumenta que la cláusula atenta contra la propiedad privada y representa un intento del kirchnerismo de acallar voces crÃticas a su Gobierno.
El grupo aseguró además que, las leyes elaboradas en relación al manejo de la comunicación en Argentina fueron hechas como un "traje a la medida" para poder desmantelarlo.
La corporación mediática, una de las más grandes de Latinoamérica, cuenta con el diario de mayor circulación, asà como con radios y redes de televisión, y un volumen de negocios de $2 mil millones en 2011, según el último dato difundido. (AFP-EFE)
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