Cinco procesos ponen a la justicia bajo sospecha

Las decisiones adoptadas los últimos días por varios fiscales dejan la sensación de que podría existir un trasfondo político

La sombra de la política ha envuelto, en los últimos días, varias decisiones judiciales emitidas casi enseguidilla. En esos casos se imputa responsabilidades a críticos del actual Gobierno y se excluye a personeros o a aliados del oficialismo que han sido cuestionados por sus actuaciones.

Dadas las implicaciones económicas y políticas, los casos de mayor impacto tienen que ver con los procesos de investigación en los que se involucra al ex alcalde de Quito, Paco Moncayo, en el marco de la construcción del nuevo aeropuerto capialino, situado en la zona de Tababela ubicada a 25 kilómetros al este de la ciudad; y, al ex presidente Gustavo Noboa, por el decreto que dio lugar a la construcción de la central San Francisco que, tras ser entregada a fines de 2007, presentó fallas graves que la paralizaron casi un año después.

Por este caso, en que un fiscal de Tungurahua pidió la semana pasada investigar el papel del ex mandatario, Gustavo Noboa ha señalado la responsabilidad directa del presidente Rafael Correa en esa acción y lo ha conminado a decir a qué se debe ese trato.

Aunque menos publicitado, contra el ex mandatario también pesa un pedido del fiscal subrogante Alfredo Alvear -según consta en un escrito de fines de noviembre de 2009, al que tuvo acceso este Diario- para que una de las salas penales de la Corte Nacional de Justicia fije día y hora para una audiencia de formulación de cargos por la entrega supuestamente ilegal del campo Palo Azul al sector privado.

En ese escrito se cuestiona la cesión de un campo estatal a un consorcio privado (1997) y la adjudicación del contrato de participación, cuyos derechos han sido transferidos en estos 10 años. Igualmente se cuestiona la veracidad del informe de una compañía que fue contratada en la actual administración, al descubrir que aquella también dio sus servicios a la actual adjudicataria del contrato para la certificación de sus propias reservas.

Y es por esos detalles que el dirigente Fernando Villavicencio anunció la presentación, en los próximos días, de un pedido a los funcionarios de la Fiscalía para que se extiendan las responsabilidades penales en contra del presidente Rafael Correa; el ex ministro de Energía, Galo Chiriboga; y, el presidente de Petroecuador, Luis Jaramillo, por el archivo del proceso de caducidad del contrato de participación original y por la firma del contrato modificatorio de 2008, pese al "fraude técnico" señalado por la comisión conformada en 2007 por el ex ministro de Energía, Alberto Acosta, que investigó el caso.

En el proceso que involucra a Moncayo, la paradoja que se tejió públicamente en la exclusión de las responsabilidades a los miembros del Concejo que aprobaron la construcción del nuevo aeropuerto y la entrega de garantías, entre los que estaban el actual alcalde, Augusto Barrera, elegido en la papeleta del oficialismo.

La acusación de peculado del fiscal Marco Freire es vista por Moncayo como un acto persecutorio y de origen político, al que desafió con su negativa a acogerse a su inmunidad de asambleísta o a cualquier otro tipo de blindaje. La base para exculpar a los concejales que votaron es la versión de la ex concejala Macarena Valarezo en el sentido de que sus colegas no conocían en detalle los términos de lo que se iba a resolver. A Moncayo se lo acusa "por firmar la garantía".

El ex magistrado Mauro Terán sostiene que esos argumentos exculpatorios que señala el fiscal son "risibles" y más bien denotan una causal agravante, pues con ello se intenta decir que en el momento de votar los concejales no tenían conciencia y tampoco voluntad, lo cual refleja por otro lado un acto de absoluta irresponsabilidad.

Para Terán, la conducta del fiscal muestra que se está juzgando de una forma antojadiza, en la cual la ley importa poco y solo pesan los intereses y el coqueteo con el poder. "Son chifladuras del servilismo falto de independencia", acota el ex magistrado.

El jurista Gustavo Medina, ex presidente de la Corte Suprema de Justicia, destaca que en el análisis general del caso aeropuerto de Quito "preocupa la falta de coherencia" en el proceso seguido. "Lo que ha ido ocurriendo en materia de investigación (en este tiempo) siempre tiene un tinte político", sostiene.

Las decisiones señaladas en el caso de Moncayo y Noboa corresponden a actuaciones de la Fiscalía. Mientras se han dado otras resoluciones, igual de controvertidas, a nivel de la Corte Nacional de Justicia y de otras instancias de menor jerarquía en el sistema judicial.

En la cadena radial de ayer, el presidente Rafael Correa dijo creer que Moncayo es un hombre honesto. "No ha habido mala fe, sino falta de entendimiento", precisó. Pese a eso el primer mandatario está convencido que la suscripción del contrato para construir el nuevo aeropuerto de Quito, es un atraco. (LB)

Proceso por Palo Azul

El ex presidente Gustavo Noboa fue señalado por el fiscal subrogante, Alfredo Alvear, entre una treintena de responsables por la entrega "ilegal" del campo Palo Azul al sector privado, cuyas reservas estarían por encima de los 100 millones de barriles de petróleo.

Entre otros motivos, el fiscal cuestiona los procesos seguidos en esa administración tras la cesión de derechos en 1997. También desestima los informes de Contraloría que posteriormente se emitieron tras denunciarse una adjudicación ilegal del campo, en 2001, al consorcio Cayman y Petromanabí. Por ello, entre los imputados aparece el ex contralor Genaro Peña. En base a ese informe, la Fiscalía desestimó el caso y lo archivó en 2006.

El caso fue reabierto en junio de 2007, tras conocerse el informe de la comisión conformada por el ex ministro Alberto Acosta, que determinó un fraude técnico al haberse calificado como unificado al campo Palo Azul, pese a no existir el yacimiento común.

Con ese antecedente, el fiscal señala que hubo vicios en las transferencias de derechos y obligaciones al no cumplir aspectos técnicos, económicos, legales, la existencia de informes con interpretaciones erróneas y tergiversadas. (LB)

Ex ministro Carrión

Hernán Ulloa, presidente de la Primera Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) resolvió aceptar la caducidad de la prisión preventiva que pesaba contra el ex ministro de Deporte, Raúl Carrión, dentro de una de las causas que sigue en su contra por supuesto peculado.

Carrión dejó la Cárcel 4 de Quito el pasado 22 de diciembre. En ese momento no pesaban más órdenes de prisión en su contra y solo estaban en curso dos indagaciones previas iniciadas por supuestas irregularidades en la contratación de obras en esa cartera de Estado.

Antes había sido exculpado en un proceso por enriquecimiento ilícito, tras un escándalo por el cobro de coimas por parte de funcionarios de esa cartera de Estado. Las evidencias fueron entregadas desde el propio Gobierno. (LB)

Ministra de Salud

El juez Luis Abarca, presidente de la Segunda Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) negó las medidas cautelares de enajenación de bienes y de salida del país pedidas por el fiscal subrogante, Alfredo Alvear, contra la ministra de Salud, Caroline Chang. En una explicación escueta, dijo que consideraba que no existían razones para disponer esas medidas.

Chang está imputada por la Fiscalía en la adquisición irregular de 115 ambulancias. El Ministerio Público se apoya en un informe de Contraloría que señala indicios de la compra irregular de esos equipos, con un importante perjuicio para el Estado.

La decisión del juez Abarca provocó el reclamo airado de Alvear, quien calificó de "sainete" la actuación de los jueces. Abarca fue criticado por la excarcelación de Hugo Reyes, acusado de narcotráfico. (LB)

Caso Huracán

El Consejo de la Judicatura (CJ) sancionó con la destitución a siete jueces que llevaron el caso y con suspensiones a otros, por su actuación en el proceso por narcotráfico del caso Huracán de la Frontera.

El argumento principal es que, con las actuaciones de los jueces, se dio lugar a la caducidad de la prisión preventiva de los acusados. Pero solo 10 de los acusados salieron libres ya que la Fiscalía abrió otra instrucción por lavado de activos que incriminó a 11 personas que permanecen en prisión, entre ellos dos supuestos cabecillas: Miguel y Edison Ostaiza.

Antes de ser suspendidos, los jueces de la Sala Única de la Corte Provincial de Esmeraldas, cambiaron la acusación contra Ignacio Chauvin, ex subsecretario de Gobierno, de cómplice a encubridor, lo cual reviste una pena menor. (LB)

Hora GMT: 10/Enero/2010 - 05:13