Análisis de diario HOY
Mañana se cumplen cinco años del operativo policial realizado en un local de la cadena de farmacias Fybeca, en Guayaquil, cuyo saldo fue de ocho muertos, tres desaparecidos, una detenida y la exculpación total de los 20 policías y agentes que participaron en los hechos, aun cuando la Policía Nacional reconoció que no se produjo un enfrentamiento armado, de lo que podría inferirse que la masacre no fue el resultado de un acto de legítima defensa.
BLANCO Y NEGRO hizo ayer un recuento del caso, con los resultados de las investigaciones realizadas por la Policía, y por la veeduría integrada por el Comité de Derechos Humanos y la Comisión de Control Cívico de la Corrupción (CCCC). En la primera se reconoce que los agentes del orden público no racionalizaron el uso de las armas; en la otra se concluye que las armas de los supuestos delincuentes nunca fueron disparadas y que la mayoría de víctimas recibió disparos en la espalda, otros mientras tenían los brazos en alto en señal de rendición y otros fueron rematados en el piso.
En menos de un año, la Justicia Policial absolvió a todos los policías y agentes que participaron en el operativo, con el argumento de que "los agentes estaban poseídos de una emoción que les impelió a actuar irreflexivamente", mientras en el juicio por los tres desaparecidos que se sigue en la justicia ordinaria todavía no se resuelve un recurso de nulidad por supuestas violaciones al debido proceso. Actualmente sigue detenida la mujer, que fue condenada a seis años de cárcel por el delito de robo agravado.
Este caso se ha mantenido vivo en el tiempo, en gran parte, por la determinación de las esposas del desaparecido Johnny Gómez Balda, del mensajero Guime Córdova y del pastor evangélico Carlos Andrade. Coincidencialmente, las tres se llaman "Dolores" y están decididas a conseguir que el Estado asuma su responsabilidad en los hechos.
Así nació la presentación de una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, que ha sido contestada por la Procuraduría General del Estado con la afirmación de que en el Ecuador no hubo violaciones a los derechos consagrados en la Convención Interamericana de DDHH. El organismo también señala que la denuncia es extemporánea y que no se han agotado los recursos internos.
Ahora el caso es investigado por la Comisión de la Verdad, creada por este Gobierno para investigar violaciones a los derechos humanos (principalmente las del período 1984-1988). De concluirse que hubo la participación del Estado, porque las muertes ocurrieron a manos de sus agentes, ¿cómo actuará la Procuraduría si ya adelantó su criterio?
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Hora GMT: 18/Noviembre/2008 - 05:10
