MADRID. Las autoridades chinas pidieron al Gobierno español que tome las medidas necesarias para que la justicia española deje de investigar sobre la represión de las manifestaciones de 2008 en la región del Tíbet, por la que acusa a ocho responsables chinos.
En un escrito enviado por las autoridades chinas a la Audiencia Nacional, que fue difundido este lunes por la principal instancia judicial española, el gobierno chino también denegó a un juez español viajar a ese país para interrogar a los investigados.
El juez Santiago Pedraz envió el 5 de mayo una comisión rogatoria a las autoridades chinas en la que solicitaba interrogar en China a los ocho responsables, entre ellos el ministro chino de Defensa, Liang Guanglie.
Las autoridades chinas respondieron en el escrito denegando la solicitud de Pedraz y exigieron al gobierno español que "adopte las medidas inmediatas y eficaces para prevenir cualquier abuso del Tratado de asistencia judicial en materia penal, haciendo cesar definitivamente cuando antes el supuesto caso", según el texto.
Según Pekín, la Audiencia Nacional "ha violado los principios básicos de jurisdicción e inmunidad de Estado que el derecho internacional establece".
Añade que se trata de "falsa querella" y que la solicitud de la justicia española "no pertenece a la cobertura del Tratado sobre asistencia judicial en materia penal entre varios países", según el texto.
La Audiencia Nacional se declaró en agosto de 2008 competente para investigar una denuncia del Comité español de Apoyo al Tibet (CAT), presentada contra responsables políticos y militares chinos.
La justicia española tiene desde 2005 competencia universal para investigar crímenes contra la humanidad, genocidios y torturas en masa cometidos en todo el mundo, siempre que los hechos denunciados no se investiguen donde se cometió el delito.
Según el CAT, la represión por parte de militares chinos de las manifestaciones antichinas en Tíbet en marzo de 2008 es un "crimen contra la humanidad" ya que hubo "supuesta causación intencionada de muerte o lesiones graves", "desaparición forzada", "detención y privación de libertad", según la denuncia.
La CAT contabilizó al menos 203 muertes, más de mil lesionados graves y 5 972 detenidos ilegales y desaparecidos, mientras que Pekín aseguró que las fuerzas de seguridad mataron a un tibetano y que los manifestantes mataron a 21 personas. (AFP)
