ZARAGOZA.- El ministro español de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, dijo ayer que espera que la amistad entre Europa y Latinoamérica pueda cambiar la primera reacción del presidente venezolano, Hugo Chávez, ante la directiva de retorno de inmigrantes ilegales aprobada en la Unión Europea (UE.
Corbacho, en unas declaraciones a los periodistas, hizo hincapié en que todos, tanto en la Unión Europea como en América Latina, deben hacer un ejercicio de responsabilidad y de rigor ante la inmigración irregular.
El Gobierno venezolano anunció que revisará las inversiones en Venezuela de los países que apliquen la directiva. En conferencia de prensa, el presidente Hugo Chávez calificó de "indignante" la iniciativa, que llamó "directiva del bochorno" y dijo que "no irá" petróleo venezolano a los países que adopten la medida.
Según Corbacho, América Latina y otros continentes deben entender que Europa "no puede tener toda la inmigración ilegal e irregular".
En este sentido, recordó las cifras publicadas este viernes, que muestran que el 11% de los habitantes de España son inmigrantes y afirmó que no se puede crecer "infinitamente".
"Lo que tenemos que hacer los países de destino es no perder de vista la necesaria solidaridad y cooperación al desarrollo con los países de origen", aseveró, y sostuvo que "ese es el espíritu que debe presidir el futuro y quizá menos el de las afirmaciones de radicalidad", vengan de Europa o de Latinoamérica.
El ministro, como ya hiciera el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, explicó que España no va a aplicar la directiva en su plazo máximo para retener a un inmigrante ilegal hasta 18 meses, sino que se ampliará el período de retención de los actuales 40 a 60 días.
Lo que no va a cambiar, recalcó, son las garantías que los inmigrantes ilegales tienen de tutela judicial, de asistencia jurídica gratuita y de respeto a los derechos individuales y humanos "por encima de cualquier otra consideración".
España, subrayó Corbacho, no quiere inmigración ilegal, porque quien la sufre es el inmigrante, y para ello es necesario un procedimiento de retorno en el que esté siempre presente el "respeto más absoluto" a los derechos individuales y humanos y las garantías jurídicas.
El Gobierno español anunció que intentará explicar la aplicación de la ley europea a los países de América Latina que expresaron su rechazo a la misma.
El proyecto de directiva, aprobado el pasado 18 de junio por el Parlamento Europeo, contempla un plazo de retención de los inmigrantes en situación irregular de hasta 18 meses mientras se tramita su repatriación, y, una vez expulsados, no podrán regresar a la UE en cinco años.
El Gobierno español estudia una modificación de la Ley de Extranjería, que ampliará de 40 a 60 días el período de retención y limitará la reagrupación familiar al cónyuge e hijos menores de 18 años. (EFE)
Hora GMT: 22/Junio/2008 - 05:00 Fuente: Diario HOY Ciudad Quito
