Varios medios y periodistas fueron contactados por una empresa contratada por gremio de las aereolíneas
El aumento de tarifas aeroportuarias en marzo de 2006 activó una campaña mediática entre las líneas aéreas.
Según documentos a los que tuvo acceso este Suplemento, entre el 22 de febrero y el 12 de mayo de ese año, la empresa Publipromueve realizó varias actividades alrededor de una asesoría para la Asociación de Representantes de Líneas Aéreas (Arlae), relacionada con la crisis generada por el aumento de tasas y la construcción del nuevo aeropuerto en Tababela.
Entre otras actividades, se habría contactado con al menos cuatro medios y cinco periodistas, dos de los cuales definieron esos acercamientos más como de consulta y de exploración del problema.
Entre los personajes contactados en esa coyuntura estaría también la concejala Macarena Valarezo, quien ha sido crítica del sistema de concesión del nuevo aeropuerto de la capital.
Una fuente de Arlae que fue testigo de la crisis de las tarifas aseguró que ese trabajo de asesoría se resumió en una rueda de prensa y tuvo un enfoque específico: el aumento de tasas aeroportuarias.
En relaciones públicas de Publipromueve, se confirmó que la asesoría duró dos meses por un tema puntual en el que se realizaron varias actividades, sin precisar cuáles. No obstante, al menos dos ruedas de prensa habrían sido coordinadas por la firma.
Una pugna en tribunales. El aumento de costos de los servicios aeroportuarios generó en marzo de 2006 una larga pugna entre Quiport (concesionario del aeropuerto de Quito) y Arlae, la cual matizó la polémica que venía creciendo en esos días en torno a la construcción del aeropuerto de Tababela.
La oposición de ese gremio a las nuevas tarifas que entraron en vigencia el 1.º de marzo de ese año se expresó primero a través de un comunicado que señalaba que el aumento era exagerado y carecía de sustento legal y técnico. El documento fue suscrito por José Francio, como director ejecutivo de esa organización.
Allí, se alertaba de los efectos en la competitividad del Mariscal Sucre por aumentos que llegaban hasta el 60%, "sin que haya un informe del destino de esa recaudación, ya que la inversión del actual aeropuerto no ha sido pagada por el concesionario, sino por el Municipio con fondos propios y de Aviación Civil".
También, se puntualizó que no era correcto que se empiece a pagar por servicios que serán otorgados en el nuevo aeropuerto, a futuro, pues "es ilegal", y advirtió que cargar a las aerolíneas costos, pensando que están en capacidad de absorberlos, provocará "desafortunadamente que deban ser traspasados al usuario del transporte".
Quiport respondió ante esa posibilidad, señalando que la ciudad no tenía por qué pagar por los servicios que utiliza la empresa privada, ante lo cual se analizaba desde cuándo suspenderán parte de los servicios que ofrecen a las aerolíneas por no acatar el incremento.
Tras la inconformidad, representantes de Arlae y de Quiport se reunieron en varias ocasiones para intentar renegociar los costos.
Pero, la respuesta de las aerolíneas a la demora fue una demanda contra la ordenanza presentada en el Tribunal Constitucional, la cual permite a la Municipalidad del Distrito Metropolitano de Quito crear, suprimir y normar todos los asuntos relativos a tasas y derechos aeroportuarios en el Mariscal Sucre y en el que se construye en el sector de Tababela.
Desde esa acción, a fines de ese año, las aerolíneas hicieron pagos por consignación a través de los juzgados. Y, debido al incumplimiento de pago, fueron retirados el acceso al uso de mangas a cuatro líneas internacionales.
La disputa se prolongó hasta marzo de 2008 cuando se anunció un acuerdo entre las partes, que establece que hasta la inauguración de la nueva terminal aérea solamente se aplicará el ajuste inflacionario a las tarifas por los servicios a las aerolíneas. (LB/GCA)
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