Apoco más de 24 horas de que la nueva Ley de Tránsito y Transporte Terrestre comenzó a debatirse oficialmente en la Mesa 10 de Legislación y Fiscalización de la Asamblea el nuevo cuerpo legal remitido por el Ejecutivo gana terreno y empieza a lograr consensos entre asambleístas de mayoría y el sector de la transportación.
Uno de ellos es que las funciones de la Comisión de Tránsito del Guayas (CTG) se extenderán al resto del país. Así, en las 24 provincias se crearán subcomisiones de tránsito con su respectivo Directorio, y serán las encargadas de regular, dirigir y controlar el tránsito.
Este entendimiento se hizo público tras una reunión del director ejecutivo de la CTG, Ricardo Antón, con esa Mesa. De esta forma, dijo, se descentralizarán las acciones en cada provincia.
César Rodríguez, presidente de la Mesa 10, coincidió con Antón en que es necesario discutir la posibilidad de valorar experiencias que en la práctica son viables y tienen posibilidades de replicarse en el país.
La Mesa 10 tampoco quiere perder el tiempo en los otros temas pendientes. Ayer también comenzó el análisis de dos mandatos constituyentes para hacer viable la amnistía (perdón y olvido) y el indulto (no borra el delito, pero perdona la pena) a varias personas, de acuerdo al pedido que formuló el presidente Rafael Correa, durante la presentación del informe a la nación, antier.
Así, para los próximos días, se prepara la amnistía para Luis Villacís, acusado de peculado tras la fusión de Filanbanco-La Previsora; Wilma Salgado, por cancelar unos $4 millones al ex abogado de coactivas Bolívar González; para Carlos Arboleda, por pagar $3 millones a un bufete de abogados por presentar un escrito en un juicio en el caso del ex Banco del Progreso; para Alejandra Cantos y sus asesores Pedro Votruba y Reinaldo Valarezo, por cambiar un asiento contable en el caso Parkenor para cobrar una deuda al Banco de Préstamos; para el ex presidente Gustavo Noboa, quien guarda prisión domiciliaria acusado por León Febres Cordero por haber perjudicado al país en $9 millones. El indulto, en cambio, se prepara para las mulas del narcotráfico.
Hasta mañana, el Pleno de la Asamblea espera aprobar el Mandato 002 sobre la homologación de los sueldos de los servidores públicos, que no podrán percibir un sueldo superior al del presidente Correa. El proyecto exceptúa a los funcionarios de Cancillería, trabajadores petroleros del bloque 15 y de buques petroleros. También define un tope de $30 mil de indemnización.
El bloque oficialista de la Asamblea descartó que la aprobación de este mandato sea para ganar popularidad antes de la concentración que el Gobierno organiza en Guayaquil, para el 19 de este mes, como lo manifestaron sectores de la oposición.
Mientras, la Ley Petrolera que fue remitida por el Ejecutivo a la Asamblea es la primera de una ley global que abarcará todos los sectores estratégicos, como telecomunicaciones, energía, minas y Fondo de Solidaridad. En ese escenario, ayer, el viceministro de Finanzas, Fausto Herrera, llegó a Ciudad Alfaro para explicar a la Mesa de Legislación los alcances del proyecto de ley que, entre otros aspectos, establece como política de Estado que todos los recursos públicos de origen petrolero, determinados por la Ley Orgánica de Creación del Fondo Ecuatoriano de Inversión en los Sectores Energético e Hidrocarburíferos, ingresen al Presupuesto Central como ingresos de capital, para que sean distribuidos para fines de inversión y no para asignaciones de gasto corriente. (SC)
Propuesta de Correa sobre regionalización enciende el debate
Varias autoridades locales piden al primer mandatario que primero socialice el proyecto
La propuesta del Gobierno de dividir al país en siete regiones genera más reacciones en contra
Hora GMT: 17/Enero/2008 - 05:00 Fuente: Diario HOY Ciudad Quito
