Bucaram tras nulidad de juicios

La admisión a trámite de un pedido de acción extraordinaria de protección para el defenestrado ex presidente genera expectativa

A 13 años del derrocamiento del ex presidente Abdalá Bucaram Ortiz (7 de febrero de 1997), y luego de varios intentos fallidos por retornar al Ecuador desde Panamá, que le concedió asilo político, los integrantes de la Primera Sala de la Corte Constitucional (CC), Patricio Pazmiño, Ruth Zeni y Alfonso Luz Yunes, admitieron a trámite un pedido de acción extraordinaria de protección a favor del ex mandatario.

El recurso fue presentado por los abogados de Bucaram en junio de 2009, con la finalidad de que se declare la nulidad de los autos de llamamiento a juicio plenario, los cuales se fundamentaron en una excitativa de marzo de 1997, emitida por el entonces fiscal general del Estado, Francisco Cucalón Rendón, y en una providencia de Carlos Solórzano Constantine, quien era presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), misma que fuera ratificada en 2008 por el ex presidente de esa Función, Jaime Velasco.

Bucaram fue llamado a juicio plenario por los casos "Mochila Escolar" y "Gastos Reservados" (ver notas adjuntas). Ambos procesos están suspendidos hasta que el destituido ex presidente sea capturado o se entregue a la justicia, única forma de dar paso a la etapa de juzgamiento.

En el caso "Mochila Escolar", sobre el ex mandatario pesa una acusación por supuesto peculado en la compra de implementos escolares por $40 millones, lo que tendría un sobreprecio de $15 millones.

En el caso "Gastos Reservados" se lo acusa de un supuesto desvío de dinero de la Presidencia de la República por 11 mil millones de sucres.

En marzo de 2005, gracias a un pacto político entre Bucaram y el gobernante de ese entonces, Lucio Gutiérrez, el titular de la denominada Pichicorte, Guillermo Castro Dáger, emitió un fallo que declaraba la nulidad de los dos juicios y, por ende, revocaba las órdenes de prisión contra Bucaram.

Esto permitió el retorno al país del ex mandatario, quien permaneció en Guayaquil unos 15 días; el hecho causó indignación en la ciudadanía, especialmente de Quito, que inició movilizaciones contra el Gobierno de Lucio Gutiérrez, cuyo epílogo fue su expulsión de la primera magistratura el 20 de abril de ese año. Gutiérrez ha admitido que ese fue uno de sus peores errores políticos. "Ni loco volvería a traer al loco", ha dicho en varias intervenciones públicas.

Tres años después, en 2008, el ex magistrado Jaime Velasco asumió la presidencia de la CSJ, determinó la nulidad de todo lo actuado por Castro y reactivó las órdenes de prisión contra Abdalá Bucaram en ambos procesos.

Hace pocos días, la Primera Sala de la CC notificó a Velasco para que, a inicios de marzo próximo, presente un informe sobre su actuación en los dos casos.

El ex presidente de la CSJ declinó dar declaraciones sobre el tema, debido a que él actuó en calidad de juez y no puede adelantar criterio alguno.

A inicios de este mes, por sorteo, a Luz Yunes (de la CC) le tocó actuar como juez sustanciador del pedido de acción de protección.

Él debe revisar el voluminoso expediente de más de 15 mil fojas, y emitir un informe para conocimiento de la Primera Sala, la que debe analizarlo y presentar un informe al Pleno de la Corte Constitucional, para que resuelva el caso, aunque la Ley no establece un plazo para aquello.

Abdalá Bucaram Pulley, hijo del ex presidente y asambleísta por el Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE), que creó su padre a inicios de la década de 1980, se muestra optimista de que el Pleno de la CC anule los dos juicios.

El asambleísta destaca los méritos de Luz Yunes (ver entrevista). La posición de Bucaram hijo tomó fuerza luego de que hace pocos días, el también legislador Paco Moncayo, quien fue jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, en el fugaz gobierno bucaramista y tras 13 años de haber mantenido silencio, sorprendió al país al asegurar que no vio sacar sacos de billetes del Palacio de Gobierno, el 6 de febrero de 1997, un día antes de la caída de Bucaram, como lo aseguraron varios testigos.

En la tardía afirmación de Moncayo, Bucaram Pulley sustenta su tesis de que todas las denuncias de corrupción contra su padre fueron inventadas por la oposición, liderada por el Partido Social Cristiano (PSC).

Pero, si bien la acción de protección fue establecida en el artículo 94 de la nueva Constitución, aprobada por la Constituyente de Montecristi, el ex contralor del Estado, Alfredo Corral, considera que no es aplicable para el caso Bucaram, porque en el Ecuador las leyes y normas constitucionales no se aplican con carácter retroactivo. Corral recuerda que las órdenes de prisión que pesan sobre Bucaram son por un supuesto delito de peculado, cometido entre el 10 de agosto de 1996, cuando asumió la Presidencia y el 6 de febrero de 1997, cuando fue destituido por el Congreso, que lo declaró incapacitado mentalmente para gobernar. (MEVO)

'Creo que al fin el país conoció la verdad'

Abdalá Bucaram Pulley Hijo del ex presidente Abdalá Bucaram Ortiz y asambleísta por el Partido Roldosista Ecuatoriano

¿Cómo avanza la acción de protección extraordinaria para su padre, solicitada a la Corte Constitucional (CC)?
Tenemos algunas dudas porque se ha establecido que la audiencia sea el 17 de marzo pero, un pedido similar en favor del ex vicepresidente Alberto Dahik, que ingresó a la CC un mes después que el de Bucaram, se realizará en los primeros días de marzo. Ya comienzan las irregularidades pero agotaremos todas las instancias para que se cumpla la ley.

¿Qué solicitan en la acción de protección?
Que se declare la inconstitucionalidad de las resoluciones dictadas por el ex presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Jaime Velasco, porque él no podía actuar sobre un caso ya juzgado. Hago un llamado a Velasco para que reconozca que se equivocó en derecho, así como la que tuvo Paco Moncayo, quien reconoció que Bucaram jamás se llevó dinero de los Gastos Reservados, ni sacó costales de plata de Carondelet.

¿Tiene la certeza de que su padre regresará al país, por eso anunció desde Panamá que será candidato presidencial en 2013?
Mis declaraciones fueron sacadas de contexto. Yo dije que para 2013 el PRE irá con candidato propio a la Presidencia de la República, no que será Abdalá Bucaram.

¿Entonces una nueva candidatura presidencial de su padre está descartada, al menos para ese año?
Aspiro que para esa fecha la justicia se haya inaugurado en el Ecuador, que el presidente Rafael Correa deje la doble moral y permita el retorno del líder máximo del PRE, para que apoye la candidatura de otro compañero o sea él mismo el candidato. Es una posibilidad grande, pero no es una decisión. A mí me gustaría que Abdalá Bucaram se candidatice para alcalde de Guayaquil, antes que para presidente.

Habla con tanta convicción, que parece que tiene la certeza de que su padre saldrá victorioso.
Así es, creo que al fin el Ecuador conoció la verdad de lo sucedido el día del golpe de Estado y que los juicios contra Bucaram fueron inventados. Esperamos que se haga justicia contra esos delincuentes del poder, que pusieron a un presidente interino (Fabián Alarcón), aunque no lo establecía la Constitución. Eso lo está pagando el país porque después se desencadenaron otros golpes de Estado.

¿Confía en la justicia ahora?
Confío en que los magistrados de la Primera Sala de la CC sean decentes, no tengo el gusto de ser amigo de ninguno de ellos pero, en lo que se refiere al señor (Alfonso) Luz Yunes, puedo dar fe de que sus actuaciones están apegadas a derecho. (GM)

Mochila escolar con supuesto sobreprecio de $15 millones

El proceso se inició el 26 de marzo de 1997, con una excitativa de Francisco Cucalón Rendón, a esa fecha fiscal general del Estado. Un día después, Carlos Solórzano Constantine, presidente de la extinta Corte Suprema de Justicia (CJS), recibe el expediente y da inicio al proceso penal contra Abdalá Bucaram Ortiz.

El 6 de agosto de 1998, Cucalón dicta un auto y declara abierta la etapa del plenario contra de Bucaram, su ministra de Educación, Sandra Correa, el secretario de la Administración Pública, Miguel Salem y José López, gerente de la empresa colombiana Promotora de Intercambio S.A, por presunciones de responsabilidad en el grado de coautoría.

Por presunciones de responsabilidad en el grado de complicidad, también fueron sindicados Alicia Coloma, Jorge Mosquera y Javier Gando, miembros de una comisión técnica, nombrada por Correa, para analizar el contrato denominado Mochila Escolar Gratuita. Por un recurso de apelación, esta providencia pasa a conocimiento de la Segunda Sala Penal de la Corte, pero sus conjueces, en 2001, confirman el auto de llamamiento a juicio, con lo cual la providencia queda ejecutoriada. En 2004, en el Gobierno de Lucio Gutiérrez cambia de un plumazo a los miembros de la CSJ, asume la presidencia el Pichi Castro, quien declara la nulidad de todas las resoluciones anteriores.

El 1 de marzo de 2006, Jaime Velasco Dávila, titular de la CSJ, avoca conocimiento de la causa, deja sin efecto las resoluciones de la Pichi Corte y ratifica el auto de llamamiento a juicio plenario contra los citados funcionarios.

El referido contrato se celebró para la compra de 1,2 millones de mochilas y material didáctico, por un valor de $29, 76 millones; 800 mil textos escolares, por $4,4 millones; 8 unidades móviles, con tres consultorios cada una, por $1,58 millones; y 100 restaurantes escolares valorados en $ 4,25 millones. Todo suma $ 40 millones. De acuerdo con notas de prensa de esa época, la oferta de la empresa colombiana habría sido por $ 25 millones, de acuerdo con una carta de aceptación de la misma, firmada por Salem. Luego, la misma empresa habría inflado la cifra en $15 millones, sin justificación. Además, en la investigación, se estableció que la firma del contrato se amparó en un decreto de emergencia firmado por Bucaram, con lo cual evitó una licitación, como lo exige la Ley de Contratación Pública. Por ello, Velasco determinó que hubo un manejo fraudulento en ese contrato. (MEVO)

Gastos reservados, otro juicio pendiente del ex presidente

En este juicio, a Abdalá Buram se lo responsabiliza por un supuesto desvío de dinero de la Presidencia de la República por unos $ 11 mil millones de sucres. La situación jurídica es similar al de la Mochila Escolar, pues se dictó auto cabeza de proceso sindicando al ex presidente, y a funcionarios de su círculo íntimo, como Miguel Salem, Oscar Celleri, secretario particular de Bucaram, Enrique Villón, jefe financiero de la Presidencia y Jaime Espinoza Vega, ex subcontralor. Ëste último por autorizar el uso de gastos reservados, un día antes de la destitución de Bucaram.

La denuncia fue planteada por el ex diputado emepedista Gustavo Terán, como presidente subrogante de la Comisión de Fiscalización del Congreso, sobre cuya base, en marzo de 1997, Carlos Solórzano, presidente de la CSJ, dictó auto cabeza de proceso.

En una parte de la providencia de Jaime Velasco, se señala que el 6 de febrero de 1997, se cobró en el Banco Central del Ecuador, cheques por un valor estimado en unos $ 11 mil millones de sucres, girados a la orden de agentes de seguridad del Palacio de Gobierno, contra la cuenta de Gastos Reservados de la Presidencia, que era manejada por la Secretaría General de la Administración, presumiblemente por orden de Bucaram.

"Dadas las circunstancias políticas que vivía el país, se presume que fue para beneficio particular de quienes recibieron dicha suma de dinero", y se cita a Salem y Célleri. En julio de 1998, cuando Romero Parducci ocupaba la presidencia de la CSJ, declaró abierta la etapa del plenario en contra de los citados ex funcionarios y dictó el auto de llamamiento a juicio. Sobre este caso el Pichi Castro actuó de igual forma que en el de la Mochila Escolar, es decir estableció la nulidad del proceso. Luego, esta resolución quedó invalidada por la providencia de Velasco, quien ratificó la resolución de la Segunda Sala de conjueces de lo Penal de la CSJ, la que, en auto del 25 de junio de 2001, desechó los recursos de apelación interpuestos por los abogados de Bucaram, y, con ello, reactivó el llamado a juicio y la orden de prisión.

El caso tiene auto de llamamiento a juicio, es decir para abrir la etapa del plenario y dictar sentencia condenatoria o absolutoria. Pero, mientras Bucaram esté prófugo este caso también sigue en la congeladora. (MEVO)

Hora GMT: 22/Febrero/2010 - 05:30