'Bucaram quiere sorprender a CC'

Jaime Velasco dice que ex presidente intenta que se apliquen nuevas normas a situaciones anteriores

En un escrito de ocho páginas dirigido a los miembros de la Primera Sala de la Corte Constitucional (CC), el ex presidente de la Corte Suprema de Justicia Jaime Velasco expone varias razones por las cuales pide desechar por "inconstitucional, ilegal y absolutamente improcedente" la acción extraordinaria de protección "intentada" por el ex presidente Abdalá Bucaram Ortiz.

Una razón que esgrime es que ese recurso previsto en la Constitución vigente desde octubre de 2008 no se aplica para sus resoluciones emitidas el 7 de febrero de 2006 y el 1.º de marzo de 2006, puesto que la Quinta Disposición Transitoria de la Ley Orgánica de Garantías Constitucionales (posterior a octubre de 2008) solo puede aplicarse contra sentencias, autos y resoluciones con fuerza de sentencia dictadas con posteridad a su creación y entrada en vigor.

Agrega que es evidente que el Bucaram pretende aplicar esos preceptos constitucionales vigentes a partir del 20 de octubre de 2008 en hechos que se produjeron antes, recordando que su procesamiento partió de un contexto constitucional y legal diferentes, "pretendiendo sorprender a la CC". Eso llevaría al absurdo de que quienes conocieron las causas 10-97 (gastos reservados) y 16-97 (mochila escolar) tenían que actuar como adivinos del futuro y en particular de lo que iba a señalar la Constitución de Montecristi, dice.

Tras un resumen de los hechos procesales, Velasco destaca que el accionante pretende mezclar o confundir y tramitar en una sola acción extraordinaria dos situaciones totalmente distintas, toda vez que uno de los juicios se refiere a cohecho, enriquecimiento ilícito y abuso doloso de fondos públicos y, el otro trata de "la existencia de manejo fraudulento" en la declaratoria de emergencia decretada por el ex presidente para financiar el programa Mochila Escolar.

El ex magistrado señala que esos procesos quedaron en suspenso cuando se determinó la preclusión (figura del no retorno) de la etapa sumaria, una vez agotados todos los recursos. (LB)

'Fallos de Velasco fueron de facto'

Abdalá Bucaram asegura que ex presidente de la Corte Suprema actuó sobre situaciones jurídicas ya resueltas

En el escrito presentado por el ex presidente Abdalá Bucaram a la Corte Constitucional (CC) se señala que las resoluciones de Jaime Velasco, del 26 de febrero y del 1.° de marzo de 2006, se dictaron "sin que existan a esa fecha procesos penales, puesto que los que estaban extinguidos y con ellos la potestad jurisdiccional sobre los hechos que fueron objeto de los mismos, así como la competencia del juzgador".

Para el ex mandatario, los autos, de marzo de 2005, de Guillermo Castro Dáger, presidente de la llamada "Pichicorte", "habían surtido plena eficacia jurídica y, en consecuencia, una vez que se ejecutaron, pasaron a autoridad de "cosa juzgada" y "no podían ser revisados por el mismo juez u otro juez en los procesos ya agotados sobre los que recayeron, ni tampoco sobre otro juez en procesos distintos".

Califica a las resoluciones de Velasco como "obviamente judiciales", pero "de facto o de hecho", pues "se actuó sobre situaciones jurídicas personales ya resueltas". Y señala que con ello se han lesionado sus derechos constitucionales a la tutela efectiva, al debido proceso y al de defensa, incluyendo el de la libertad ambulatoria por pesar sobre él autos de prisión.

Fundamenta que la acción extraordinaria de protección prevista en la nueva Constitución señala que, aunque exige que exista autos o resolución con fuerza de sentencia, firmes o ejecutoriados, se hace necesario precisar que todas estas providencias judiciales lesionan de forma irreparable los derechos fundamentales, que ya no pueden ser reparados o preservados en vía judicial ordinaria.

También, opera, dice, para actos lesivos de derechos fundamentales de naturaleza procesal, no suceptibles de ser reparados en futuras sentencias y que pusieron fin a un incidente o a una petición autónoma en un proceso principal, además contra situaciones no permitidas en la ley en las cuales se pudiera preservar y restablecer, en la vía judicial, el derecho violado. (LB)

Cada lado tiene sus razones jurídicas en el proceso

Juicios estaban suspensos

Precisamente, las resoluciones que sellaron la etapa sumaria en los juicios de Gastos Reservados y Mochila Escolar, en 2001, fue la base de las resoluciones de 2006 del entonces presidente de la Corte Suprema, Jaime Velasco, que tumbaron a su vez los autos anteriores de Guillermo Castro Dáger, ex titular de la llamada "Pichicorte", que en marzo de 2005 declaró la nulidad de los juicios penales contra el ex presidente Abdalá Bucaram.

En el caso "Gastos Reservados", precisa Velasco al dictar la resolución del 7 de febrero de 2006, consideró que había sido declarada, expresa y formalmente la validez del proceso por la Segunda Sala Penal (Tribunal Superior), al negar en junio de 2001 el recurso de nulidad presentado por los abogados del ex primer mandatario, decisión que cumplía, dice, los principios de la cosa juzgada. Los mismos argumentos se aplicaron para el caso "Mochila Escolar". La decisión de Velasco ratificó además las medidas cautelares que pesaban antes de marzo de 2005. (LB)

'Castro actuó sobre superior'

El ex presidente de la Corte Suprema Jaime Velasco asegura en su escrito a la Sala de la CC que las resoluciones de marzo de 2005, de Guillermo Castro Dáger, afectaron el principio de la cosa juzgada, pues al declarar la nulidad del juicio de Gastos Reservados dejó sin efecto los autos dictados por el ex presidente de la CSJ Hugo Quintana, en julio de 2004, que resolvieron el sobreseimiento definitivo de Fernando Rosero, Marco Albuja y Jaime Espinosa, quienes inicialmente fueron sindicados, pero absueltos provisionalmente.

El art. 24 de la Constitución entonces vigente, dice, disponía que nadie podía ser juzgado más de una vez por la misma causa, por eso y por las razones que señaló en su providencia del 7 de febrero de 2006. Declaró que los autos del presidente de la "Pichicorte" son inexistentes jurídicamente, sin valor procesal y sin efecto alguno en la causa y, por lo mismo, no producen efectos jurídicos procesales, toda vez que quien los suscribió careció de competencia para revisar lo resuelto por la Sala Segunda Penal de Conjueces. (LB)

'Debido proceso se violentó'

Abdalá Bucaram señala a la CC que al iniciarse los procesos en su contra no se cumplieron los requisitos de procesabilidad o cuestiones previas, es decir sin satisfacer la exigencia de prejudicialidad prevista en la normativa penal vigente de esa época (1997), tanto por la Constitución como por la Ley Orgánica de Administración y Control (Loafic).

En resumen, el ex presidente dice: "Los actos adecuadamente típicos constitutivos de peculado, atribuidos al sujeto que ostenta el cargo de presidente de la República, debían ser objeto de dos decisiones prejudiciales imperativas para un debido proceso que no se cumplieron. Esto es una de naturaleza política jurisdiccional y la otra de una esencia administrativa contralora". Y, por último, "se dictó auto de nulidad de todo lo actuado por el juez competente, el mismo se ejecutorió y se ejecutó quedando agotado el mismo por lo que se dispuso su archivo y se archivó, sobreviniendo con ese auto de nulidad la institución y el derecho a la cosa juzgada formal y material". (LB)

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Hora GMT: 15/Marzo/2010 - 05:09