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Opinión de Diario HOY
El 2 de agosto comenzó en Brasil el llamado "juicio del siglo", en el que se hallan procesados 38 ciudadanos, entre los que se cuentan tres exministros del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva y 35 personas más, entre exlegisladores de los partidos de la coalición que apoyaron a Lula en su primer mandato, dirigentes de bancos y empresarios.
La acusación que pesa sobre ellos es la del pago ilegal a diputados a cambio de apoyo en el Congreso al partido gobernante. El escándalo del soborno a los diputados y la financiación ilegal de la campaña electoral sacudieron al Gobierno de Lula da Silva en 2005. Ahora, el caso se halla en manos del máximo organismo de la justicia en Brasil, el Supremo Tribunal Federal.
La novedad es que se hallen en el banquillo de los acusados colaboradores cercanos del expresidente Lula cuando todavía gobierna su partido, el Partido de los Trabajadores, con la presidenta Dilma Rousseff. Los ojos del Brasil y de los demás países de América Latina siguen ese juicio con especial interés. Porque no es regla común en la región que se procesen por acusaciones de corrupción y se impongan penas en los países de la región a tan numerosos personajes vinculados a los Gobiernos y las organizaciones políticas mientras estos aún ejercen el poder. Por el contrario, muchos de los escándalos terminan en el silencio, el interesado olvido y la impunidad.
El juicio pone a prueba la independencia y la confiabilidad de la justicia en el Brasil. Si se encuentran responsabilidades y se impone las sanciones penales tras el debido proceso de los acusados, se habrá creado un precedente ejemplar en la lucha contra la corrupción o el aprovechamiento del poder o los recursos públicos en beneficio de determinadas personas o de grupos. Un precedente histórico para Brasil, que ojalá tenga repercusión en otros países, con sistemas de justicia que se mueven al compás de los intereses de los Gobiernos de turno.
