Quito. El banco público ecuatoriano Cofiec tiene un 30 % de sus créditos perdidos y otros tantos envueltos en juicios, informó hoy el Superintendente de Bancos, Pedro Solines, que catalogó una amplia lista de irregularidades en esa entidad, que saltó a los titulares por un crédito sospechoso dado a un argentino.
Solines presentó hoy ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional los resultados de una auditorÃa realizada este año por la Superintendencia a Cofiec, que en julio contaba con una cartera de préstamos de 20 millones de dólares.
De esa cantidad seis millones de dólares "son ya pérdida" y otros seis millones están sujetos a juicios, explicó.
Entre las irregularidades detectadas está el "incumplimiento de la polÃtica del manual de lavado de activos" respecto a dos depósitos realizados por la embajada de Irán en noviembre del año pasado por un total de 1,8 millones de dólares.
"No firmaron el formulario de licitud de fondos", dijo Solines, que dijo que ese documento era obligatorio ya que el depósito superaba los 10.000 dólares. Además, no se aportó información de la situación financiera del cliente, otro de los requisitos, afirmó.
El asambleÃsta de oposición César Montúfar dijo a la prensa en un receso de la sesión que "en este caso no se ha aclarado cuál es el origen de estos fondos, cómo ingresaron al paÃs".
Las operaciones de Cofiec salieron a la luz pública a raÃz de investigaciones periodÃsticas sobre un crédito de 800.000 dólares otorgado en diciembre de 2001 al argentino Gastón Duzac, que él no ha devuelto.
Al respecto, Solines dijo que Duzac no dio información que sustentara su situación patrimonial en el formulario de solicitud del préstamo y que parte de los datos que facilitó en la apertura de una cuenta corriente en el banco es "ilegible".
La auditorÃa concluyó que "no consta información financiera que garantice su capacidad de pago" y aseveró que las autoridades del banco no cumplieron con los requisitos del manual de crédito.
El Superintendente dijo, asimismo, que el área legal del banco emitió su informe sobre el préstamo el mismo dÃa en que la entidad desembolsó el dinero y no de forma previa, lo que violó la normativa.
Según Solines, Duzac ofreció inicialmente como garantÃa de pago unos certificados por 823.000 dólares de Rocafuerte Seguros, una compañÃa que pertenece al Fideicomiso AGD CFN No más Impunidad, un holding de empresas públicas en el que también está integrado el propio Cofiec.
La auditorÃa concluyó, en cambio, que el préstamo "se otorgó sin garantÃas reales".
El caso de Duzac no es único, según Solines, quien dijo que la Superintendencia encontró pruebas de incumplimientos de la normativa en 17 préstamos otorgados por Cofiec.
Solines dijo que la auditorÃa concluyó que el banco extendÃa créditos sin suficiente información sobre los prestatarios, a veces con los seguros vencidos y con avalúos desactualizados.
El Superintendente citó como un caso "emblemático" un préstamo por 1,15 millones de dólares de Cofiec al Fideicomiso AGD CFN No más Impunidad, en el que falta el 90 % de la información y consta una rúbrica "que no se sabe a quién corresponde".
El Superintendente dijo además que para "casos especiales" las normas internas de Cofiec permitÃan que su presidente ejecutivo aprobara créditos, pero este "usó esa facultad excepcional como facultad casi cotidiana".
Además, el banco carecÃa de un plan estratégico y pasó de centrarse en créditos comerciales a créditos hipotecarios a, actualmente, microcréditos, dijo Solines.
Ante esa información, Silvia Salgado, presidenta de la Comisión y miembro del Partido Socialista, aliado del Gobierno, dijo que existen pruebas de delitos de peculado, prevaricato y utilización dolosa de documentos públicos por parte de directivos de Cofiec.
Solines anunció que la Superintendencia tomará acciones "contra los involucrados en estos procesos", como la imposición de multas de hasta 7.000 dólares y la destitución de algunos funcionarios y directivos, que no identificó.
Además, dijo que informará a la FiscalÃa y a la ContralorÃa del uso de activos de empresas estatales como garantÃas crediticias. (EFE)
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