Baltasar Garzón cuestiona el nombramiento de 4 jueces

Para el equipo de Garzón, la entrevista final es innecesaria y puede contribuir a que se tomen decisiones arbitrarias para elegir jueces.

La Veeduría Internacional a la Función Judicial cuestionó el nombramiento de, al menos, cuatro jueces de la Corte Nacional. Sus argumentos se encuentran en el informe final que fue presentado por el equipo encabezado por Baltasar Garzón. Ahí también consta, como una de sus recomendaciones finales, que sea revisado lo ocurrido.

Concretamente dice que la Corte Nacional de Justicia, como órgano máximo de la jurisdicción y a través de la Sala o del mecanismo que corresponda, "se pronuncie sobre la genuidad del proceso de selección de los jueces; establezca consecuencias del mismo; fije los parámetros en los cuales debe realizarse y garantice el derecho al recurso en sede judicial del referido proceso a quienes resultaren preteridos".

Como conclusión del proceso de selección y, específicamente de los jueces Wilson Merino, Wilson Andino, Lucy Blacio y Mariana Yumbay (ver recuadros), señala que la selección de los jueces de la Corte Nacional "presenta algunas falencias". Y presenta dos específicas.

En la fase de calificación de méritos, por ejemplo, dice que la puntuación y calificación no se hizo correctamente, y que se basó en la interpretación del Comité de Expertos.

En la fase de oposición, señala que la entrevista final, así como su puntuación (10/10), "presenta riesgos innecesarios que podrían afectar a la transparencia y pureza de todo el proceso". La forma de calificación -dice el documento- sin la presencia del candidato, el no ser inmediata, la falta de explicación del voto y el amplio puntaje son señalados como algunas de los problemas y considera que "pueden contribuir a que las decisiones que se tomen se tornen arbitrarias y sin ningún tipo de control, determinando, como ocurrió en algunos casos, que otros candidatos, claramente mejor posicionados en el proceso anterior, quedaran fuera del concurso".

Por eso sugiere que la entrevista debería realizarse en otra etapa, su puntuación variar, así como que sea inmediata y con la presencia del interesado. Eventualmente, agrega, debería desaparecer.

Otro aspecto que se investigó fue la entrega de puntos adicionales. En el art. 32 del instructivo para nominar a la Corte Nacional, señala que referente a la experiencia laboral general, describiéndose que a las personas que hayan ejercido con probidad notoria la profesión de abogado, la judicatura o la docencia universitaria en ciencias jurídicas, se les concederá dos puntos por cada año adicional completo, contado a partir del décimo año de ejercicio hasta un máximo de 10 puntos.

Sin embargo, la aplicación de esto no fue exacta (ver recuadros) y se dejó abierta a la interpretación de los expertos del comité.

En otra parte de este informe, la Veeduría dice que el seguimiento a la conformación de la Corte Nacional y la evaluación al proceso de la Función Judicial, no pudo ser debidamente monitoreado por la Veeduría en tiempo real, por lo que hubo críticas a la extemporaneidad de la labor de ese trabajo. (SL)



Andino también ingresa por la prueba oral

La Veeduría Internacional estableció que, una vez revisada la documentación que presentó Wilson Andino, cumplió con todos los requisitos tanto de méritos como de oposición, establecidos en el instructivo para la designación de jueces de la Corte Nacional.

Antes de la audiencia pública, el postulante se ubicaba en el puesto 33 con un puntaje de 68,93, y en la audiencia pública logró 8,5/10, lo que le situó en el puesto 18, con lo que resultó electo como juez.

Este organismo hace una comparación de la postulación de Andino con la de Édgar Flores, quien estaba en el puesto 14 antes de la audiencia pública, con 74,1 puntos. Luego de la mencionada audiencia, obtuvo 1,2, con lo que logró la nota final de 75,3. No ingresó como juez pero fue nominado y aceptó la desingación de conjuez de la Corte Nacional de Justicia.



Wilson Merino no entregó escritos judiciales, sino su RUC como prueba

Wilson Merino no probó haber cumplido con los requesitos establecidos en el instructivo para ser nominado juez de la Corte Nacional de Justicia.

En el mencionado documento se estableció que uno de los requisitos para ser juez del máximo tribunal de Justicia es haber ejercido con probidad notoria la profesión de abogado, la Judicatura o la docencia universitaria en Ciencias Jurídicas, por un lapso mínimo de 10 años. Además, se planteaba que se darían dos puntos por cada año adicional completo, contado a partir del décimo de ejercicio. La puntuación máxima que se podía dar era de 10 puntos.

El art. 32, numeral 1.2, del mismo instructivo, que se refiere a la experiencia laboral específica, se señala que la evaluación de la calidad de la intervención profesional debe constatarse con copias de demandas, contestaciones, alegatos y las sentencias dictadas en las distintas causas que haya patrocinado el postulante cuando acrediten ejercicio profesional.

Merino, a la fecha de la convocatoria, presentó el título de Abogado de la Universidad Católica de Cuenca y luego aportó una certificación del colegio de Abogados del Azuay de registro de su título de abogado con fecha 25 de junio de 2011. También presentó un certificado del Registro Único de Contribuyentes (RUC), con fecha de inicio de actividades del 20 de otubre de 1993 y con la misma fecha de inscripción como actividad principal enseñanza superior en general. Según la Veeduría, con esta documentación no se ha establecido la asignación de 10 puntos adicionales en la fase de méritos y en su experiencia específica no acredita el ejercicio profesional con copias de demandas, contestaciones, alegatos o sentencias en las que haya sido abogado patrocinador.

La presentación del RUC demuestra una actividad económica que no necesariamente se justifica a través de un cotejamiento académico o laboral.

En la fase de audiencia pública, donde debía dar las razones por las cuales aspiraba a ser jueces y qué opinaban de la administración de jusicita, Merino habló sobre los derechos humanos, la pachamama, el derecho al agua. Mencionó los títulos obtenidos como licenciado, abogado y doctor en Jurisprudencia, posgrado en derecho constitucional, estudios en el extranjero sobre medicina legal, litigación oral y criminalística y resaltó que es profesor universitario.



Sin explicación, puntaje extra para Yumbay

Mariana Yumbay obtuvo más puntos de los que le correspondía en la calificación de sus méritos. Así lo sostiene la Veeduría Internacional, en su informe final, luego de revisar el expediente.

De acuerdo con el equipo de Baltasar Garzón, de la revisión del título de doctora en Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales, otorgado por la Universidad Central a Mariana Yumbay, se determina que obtuvo su título el 15 de marzo de 2001, por lo que sí tiene los 10 años de ejercicio profesional, que se exigían en el reglamento para la nominación de los jueces de la Corte Nacional. De hecho, la Veeduría dice que son 10 años y seis meses, por lo cual, no era merecedora de los seis puntos que le otorgaron en su puntuación final, sino de dos, siempre que le hubiesen validado como año entero los seis meses extra que tenía. Gracias a esos puntos extras, alcanzó 27/30 en la fase de méritos.

Según Yumbay, Tania Arias, vocal de la Judicatura de Transición, le indicó que los baremos de puntuación y la interpretación de la experiencia laboral fueron dispuestos y decididos por el Comité de Expertos y que se aplicaron por igual a otros 200 candidatos.

Baltasar Garzón preguntó esto a Arias, quien le reiteró que fue un informe verbal del Comité de Expertos que autorizó este reconocimiento de puntaje adicional. Por ello, se solicitó un informe por escrito. En ese documento se ratificó lo mismo.



La prueba oral le dio los puntos que necesitaba Blacio para ingresar

La investigación de los casos de Lucy Blacio y Mercedes Yupangui comenzó por la denuncia hecha por el asambleísta Andrés Páez. El legislador se entrevistó con los miembros de la Veeduría el 15 de marzo.

En la mencionada reunión, dijo que era "sorprendente" lo sucedido en las audiencias públicas del concurso de méritos, oposición e impugnación para la selección y designación de jueces de la Corte Nacional de Justicia, específicamente, con las calificaciones de Yupangui, que obtuvo 1,33/10 y de Blacio, que alcanzó 10/10.

Esta denuncia no fue incluida en el primer informe de la Veeduría, hasta verificar la documentación completa, dice el documento final entregado el jueves por Garzón.

Según ese organismo, Yupangui obtuvo una calificación final de 33/30, mientras que Blacio 21/30.

En una revisión de las calificaciones, se determinó que en las pruebas teóricas rendidas por las postulantes, la primera obtuvo la calificación final de 15,6/30, mientras que Blacio, 19,5/30. En las pruebas prácticas, en cambio, las notas fueron 26,79/30 y 26,27/30, respectivamente.

Sumadas estas calificaciones, Yupangui obtuvo "76,72/90, lo que le permitió ubicarse en el puesto 12 antes de la audiencia pública". Blacio, de su parte, obtuvo "76,77, que la ubicó en el puesto 45", se lee en el documento en su página 48.

De acuerdo con el art. 5 del Instructivo, cada una debía ser calificada de manera individual por cada vocal del Consejo de la Judicatura, tomando en cuenta la justificación de la aspiración a pertenecer a la Corte Nacional, con una calificación de hasta tres puntos; experiencia, con dos puntos; concepción de la persona postulante sobre la administración de justicia, con cinco puntos. Al sumarse estos puntajes parciales, dan 10 puntos.

Con base en los archivos de audio y video, la Veeduría dice que no ha podido establecer cuáles son los criterios en los que se basó cada vocal del Consejo de la Judicatura para asignar dichas calificaciones a las postulantes. Lo cierto es que después de la puntuación asignada, sin explicación de voto, Yupangui quedó fuera de los 21 jueces de la Corte y Blacio ingresó.

 Infome de Baltasar Garzón sobre la Justicia en Ecuador (PDF)

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