Raúl Carvenali
Quién es: Director del Centro de Estudios de Derecho Penal (CEDEP) de la Universidad de Talca
Raúl Carnevali, en una entrevista vía correo electrónico, explicó cómo es el trabajo para evaluar a los jueces. Su informe será entregado al Consejo de la Judicatura transitorio.
¿Cuántas personas conforman el equipo de técnicos?
Se ha formado un equipo multidisciplinario y se contó con la ayuda de más de 10 universidades y 170 alumnos del Ecuador, en general de último año de derecho. Además, en Chile hay más de 15 personas trabajando para el estudio. El equipo principal está conformado por 10 profesionales.
¿Cuáles son los ejes de la evaluación al sistema de justicia?
Se elaborará un informe detallado acerca de la actuación de los juzgados, tribunales y cortes que ejercen jurisdicción penal en el Ecuador y de quienes ejercen el papel de fiscales en dichos procedimientos, tomando como base la estructura del sistema procesal penal vigente (entre el 2005 -2009) y sus deberes constitucionales y legales. Además, se identificarán los nudos que afectan el cumplimiento de los objetivos institucionales de quienes intervienen en el proceso penal a partir de una evaluación del funcionamiento del sistema de enjuiciamiento criminal. Se propondrán también mejoras organizativas y normativas.
¿En qué fase está el proyecto, dadas las trabas que puso el anterior Consejo de la Judicatura?
El trabajo de investigación se inició en enero: los expertos visitaron juzgados, tribunales, fiscalías, defensorías y oficinas de la Policía Judicial, observaron audiencias y entrevistaron a fiscales, defensores, policías, académicos y a algunos jueces que quisieron colaborar. También se realizaron varias capacitaciones interinstitucionales a fiscales, jueces y defensores, en las que se compartieron experiencias procesales penales de Ecuador y de Chile. En marzo, inició la parte cuantitativa, para la cual se capacitaron alumnos de cuarto y quinto año de derecho y abogados recién titulados de varias universidades del país. El trabajo se realizó en las fiscalías provinciales y cantonales. La nueva etapa consiste en completar la muestra en las provincias en donde los expedientes de la Fiscalía no nos permitían alcanzar la cuota requerida.
¿Cuándo se prevé la entrega del informe final?
La entrega definitiva no depende enteramente de nosotros y tiene que ver, más bien, con la conformación definitiva del Consejo de la Judicatura Transitorio y la posibilidad cierta, efectiva y completa de poder acceder en esta segunda fase a los juzgados y tribunales.
¿Dónde trabajan por ahora?
Como todo trabajo de campo, este se realiza en el terreno y por lo mismo los consultores se movilizan por todo el país. Asimismo, el trabajo con los alumnos se ha realizado en todas las fiscalías provinciales. Nuestro punto de trabajo es Quito.
El convenio firmado en noviembre de 2010 establecía un costo de $1 millón. ¿Se mantendrá ese costo?
Nuestro compromiso con el Ministerio de Justicia es cumplir con los objetivos del estudio, si bien la negativa del anterior Consejo de la Judicatura para colaborar nos significó un atraso significativo y presupuestariamente perjudicial, esto es asumido por la Universidad. El monto se mantiene.
¿Cuáles serán algunos de los parámetros de calificación?
Se analizarán, medirán y compararán todas las unidades operativas del sistema procesal penal del Ecuador, esto es, cada Juzgado, Tribunal y Corte, además de las fiscalías, y esto se hará a nivel cantonal, provincial y nacional. En cuanto a los parámetros, son muy variados por el mismo carácter de estudio cuantitativo y cualitativo.
¿Con qué propósito se evaluarán las causas y cuántas serán?
Se revisan expedientes de causas terminadas para disponer de información idónea para analizar y evaluar el funcionamiento, desde una perspectiva procesal penal y penal. Mediante los expedientes podemos tener información respecto del funcionamiento del sistema, identificando nudos críticos, deficiencias de los operadores, problemas normativos, etc. La revisión de expedientes nos permitirá sistematizar información respecto de la gestión jurídica, obtener información acerca del funcionamiento del sistema de enjuiciamiento criminal, según tipo de judicatura y fiscalía. La revisión de expedientes es solo una herramienta, hay entrevistas y presencia en audiencias. Todo servirá para el informe. (SO)
03/Agosto/2011 a las 21:12
Señores
Asambleistas, Medios de Comunicación Radio, Prensa y Televisión, ciudadania:
Quienes conformamos la Veeduría y Derechos Humanos “Vigilantes de la Justicia” hemos venido desarrollando procesos de participación ciudadana y control social en la fiscalización de los actos del poder público. En la actualidad estamos ejerciendo ese derecho dentro de la función judicial, pero muchos integrantes de dicha función del estado no han entendido que tenemos una Constitución que es garantista de derechos, por lo que se permiten vulnerar los mismos, un ejemplo de ellos es lo que denunciamos a continuación y pedimos de la manera más comedida se investigue de manera inmediata, dentro del ámbito de competencias como lo determina la Carta Magna.
En fecha 27 de Enero del 2011, con número de trámite 57998 se entregó al Sr. Asambleísta Ab. Marco Murillo, el expediente abierto en nuestra organización contra el Dr. Fernando Yavar Umpierrez por la flagrante violación a la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP), Ley de Participación Ciudadana y Control Social, el Código Orgánico de la Función Judicial, la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional por haber hecho innumerables solicitudes de información todas sin obtener su debida contestación. El Ab. Marco Murillo remitió el expediente y nuestra petición al Dr. Benjamín Cevallos, Presidente del Consejo de la Judicatura quien atendió nuestra solicitud oportunamente a través de Mariela Dávila de Varas.
Esta celeridad en la atención a la petición del Sr. Murillo se contrapone al tortuguismo que hasta la fecha hemos tenido por parte del Dr.Fernando YavarUmpierrez por cuanto hemos tenido que presentar demandas constitucionales (ACCIONES DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA) las cuales, han sido negadas por determinados jueces aplicando el mal llamado espíritu de cuerpo o por el temor a sancionar a quien representa el organismo de control de los jueces (CONSEJO DE LA JUDICATURA DISTRITO GUAYAS) y nos preguntamos qué pasará con dichas acciones constitucionales que hemos apelado y que se encuentran en algunas salas de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, demandas contra jueces que van ha ser fiscalizados por el CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA organismo en el que se encuentra integrándolo el Dr. Fernando Yavar Umpierrez. Acaso nos encontraremos nuevamente con este espíritu de cuerpo que prácticamente atenta contra la constitucionalidad de justicia? Hacemos este cuestionamiento porque como colectivo nos preocupa la transparencia y rectitud en la administración de la justicia. Y además, por cuanto la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional determina tiempos para que las salas resuelvan, pero estos tiempos no se cumplen, prueba de ellos esquela Tercera Sala de lo Penal y Garantías Constitucionales resolvió la acción constitucional sobre el caso de la Cervecería siendo que llego después de nuestra apelación sobre la demanda presentada en contra del Dr. Yavar, por lo que nos volvemos a preguntar, qué va a pasar con la justicia en el Ecuador: si a nosotros que somos único lectivo ciudadano en defensa de la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico no se nos garantiza el debido proceso, como será la experiencia tortuosa qué pasará el ciudadano – individuo que no tiene para pagar un abogado para darle el seguimiento correspondiente a su caso para obtener latan anhelada justicia.
Por lo tanto:
1.- Solicito de la manera mas comedida actúen dentro del ámbito de sus competencias como lo determina la Carta Magna para que brille y se respeten los preceptos consagrados en ella.
2.- Solicito de la manera mas comedida se oficie al Tribunal Contencioso Electoral se le remita a usted Sr./Sra. copia certificada de la Acción de Protección presentada por el suscrito en contra del Consejo Nacional Electoral signada con el No. 361 -2009 en donde la Dra. Tania Arias no hizo prevalecer los derechos consagrados en la Carta Magna por lo que cuestionamos también su nombramiento por no haber garantizado derechos constitucionales.
ES JUSTICIA
RAFAEL NAVARRETE