Los asambleístas han introducido frases como "la función social" y "el buen vivir"
Nuevos términos han aparecido en los debates en Montecristi. Uno de ellos, el "buen vivir", abrió la semana pasada una polémica. Más que expresión hueca, este concepto alude a una concepción sobre el desarrollo que tendría consecuencias en el país.
Pablo Dávalos, asesor de Pachakutik y ex subsecretario de Correa en el Ministerio de Economía, cree que la inclusión del "buen vivir", la versión indígena del "sumak kawsay", tendrían consecuencias concretas en el empleo, la distribución del ingreso y la forma de producción. Para Dávalos, el término plantea el respeto a la naturaleza, rechaza el consumismo, defiende la práctica de una agricultura campesina y plantea una moratoria a las innovaciones tecnológicas.
Para el analista político Joffre Campaña, esta palabra no es un tecnicismo y puede ser interpretada de muchas maneras. "Puede significar, por ejemplo, que se suspenda la fumigación agrícola en el país porque se emplean productos químicos que afectan a la naturaleza", señaló.
El asambleísta León Roldós prefiere no dar mayor importancia a esta frase, y la califica como una generalidad. "No me asusta y no la recojo como la mejor parte", comentó. Pero para otros analistas lleva implícito el retorno a prácticas productivas atrasadas, y así lo exponen en esta edición.
Este no es el único término que ha surgido en los debates constitucionales. También la participación ciudadana organiza el conjunto de la propuesta de Alianza País. Y está también el empoderamiento que se propone, por ejemplo, en el capítulo sobre los derechos de la comunicación y de la información. En los últimos días, también ha surgido una polémica sobre la función social, en relación al debate sobre la propiedad.
Juristas y asambleístas hacen una explicación de estos conceptos y señalan las consecuencias de su incorporación en los textos constitucionales. (AM)
El buen vivir
Este concepto puede conducir a un retroceso
¿Qué significa el 'buen vivir'? Al parecer no se trata solo de una frase. Según Pablo Dávalos, asesor de Pachakutik y ex subsecretario de Rafael Correa en el Ministerio de Economía, la frase es el correlato del 'sumak kawsay' que propone el movimiento indígena. El concepto plantea el respeto a la naturaleza, propone una economía basada en la agricultura campesina, rechaza el consumismo y preconiza una moratoria a las innovaciones tecnológicas.
La tesis ha sido desarrollada por los autores Iván Illich y Serge Latouche, quienes critican el crecimiento económico y proponen un modelo de desarrollo que no comprometa a las generaciones futuras. Para Dávalos, es una primera respuesta al modelo neoliberal, y una aplicación sería que si la minería afecta al 'buen vivir' porque contamina las aguas, se prohíba esta actividad.
El presidente de la Asamblea, Alberto Acosta, considera que el 'buen vivir' se inspira en la filosofía y las experiencias de los pueblos indígenas, que tienen una visión distinta sobre la familia, la naturaleza y la comunidad. Acuerdo País quiere rescatar, además, el pensamiento que sintetiza el hindú Amayrta Sen, premio nobel de Economía: "Es más importante lo que una persona pueda hacer con las cosas que tiene para mejorar su condición de vida, que las cosas que puede producir en su vida". Dávalos considera que el presidente Rafael Correa es contrario a esta tesis, pues tiene una postura "extractivista", y advierte que esta es una fuente de divergencias con Alberto Acosta. "Correa no podrá aplicar su política minera. Por eso tampoco quiere introducir el concepto de plurinacionalidad o el consentimiento previo para la explotación de los recursos".
Pero el analista económico Walter Spurrier opina que si las tesis del 'buen vivir' tienen vigencia en nuestras leyes, provocarán un retroceso económico, que llevará a que muchas personas abandonen el país. (AM-CHM)
La participación
Una idea presente en todos los debates
En la Mesa Constituyente 2 se tratan los temas de Participación Social y Ciudadanía y Sistemas de Representación. Allí se contempla la revocatoria del mandato del presidente, de los alcaldes y los prefectos, la organización de consultas populares y de audiencias publicas y de la silla vacía. Sobre este último tema, los asambleístas Balerio Estacio y César Rohón, manifestaron que en las sesiones de los organismos seccionales, en caso de existir un sillón vacío, este deberá ser ocupado por un delegado de la comunidad cuando se aprueben obras que le interesa al sector que representa. Ese representante deberá opinar sobre calidad y costo del trabajo y se convertirá en un fiscalizador del proyecto.
La participación social debe ser con conocimiento libre de las personas en las políticas que la afectan directamente, ya sea de endeudamiento público, en salud en seguridad social. Esa participación obligaría al ciudadano a conocer esas políticas que le afectan y decidir el sentido de esas políticas públicas.
A su vez, el Estado se obligaría a pedir el consentimiento a la sociedad para llevar adelante estas políticas públicas, dijeron. "Solo allí se podría dar más contenido a la democracia representativa y solo allí tendría consistencia la vigencia de la política". (AM)
Función social
Clave del tema de la propiedad
La expresión "función social" surgió en relación la debate sobre las tierras improductivas.
Pero para el jurista Enrique Echeverría, la función social de la propiedad ya quedó establecida con la reforma agraria de los sesenta, y la situación de los campesinos no cambió radicalmente. "La dictadura del 63-66 dictó la Ley de Reforma Agraria. Se parcelaron algunas haciendas grandes, se entregaron lotes de dos hectáreas a los ex huasipungueros, pero con esas dos cuadritas no se puede cumplir la literatura de que la tierra es para quien la trabaja". En su opinión, si se reparte nuevamente la tierra y alguien comanda esa operación con unos ayudantes, y logra que se lotice una parte de la hacienda que no esta produciendo, habrá que preguntar para quién serán los mejores lotes.
Para el ex ministro de Educación, Roberto Passailaigue, toda actividad humana debe cumplir una la función social bajo la premisa de que se trata de un bien común que cumple determinados parámetros en beneficio de la colectividad, lo cual debe ser contemplado en la nueva Carta Magna. Pero es contrario a los paternalismos, demagogias o que sea un determinado servicio público una dádiva hacia el beneficiario.(AM)
Empoderamiento
Para mostrar la idea del cambio
Para Gina Godoy, asambleísta de Alianza País, el empoderamiento es la posibilidad que tendrá un grupo de escoger e incrementar el control de las decisiones que afectan sus condiciones de vida. "Y esto implica el fortalecimiento de dicho grupo", dijo. Si nuestra comunidad tiene acceso a la información de lo que en ella sucede, incorpora a todos sus miembros y favorece la participación mediante la responsabilidad y el orden. "Así hablamos de una comunidad empoderada".
Para el jurista guayaquileño José Alvear, es solo una sutileza del lenguaje identificar el empoderamiento como el ejercicio del poder por parte de las masas cuando este debe practicarse desde los partidos políticos.
El ex diputado Luis Fernando Torres (PSC) cree que lo que intenta Alianza País es mover el inconsciente de los ciudadanos, para penetrar paulatinamente en su corazón, con nuevas frases. Lo que el Gobierno de Alianza País quiere es demostrar que es distinto al pasado, para de allí convencer a los electores, y para ello no deja de repetir la palabra cambio, afirmó Torres. En sociedades con injusticia, la idea del cambio convoca a los electores. (AM)
La soberanía
Juristas dicen esta es una sola
La Mesa Constituyente 9 analiza los temas de Soberanía, Relaciones Internacionales e Integración Latinoamericana. El asambleísta Vladimir Vargas, representante de esa mesa, informó que la mayoría aprobó las soberanías económica, alimentaria y territorial. En la primera para evitar que el dólar se convierta en moneda oficial del país. En la segunda para impedir el ingreso de alimentos transgénicos que afecten la salud de la población. Y en el tercer caso para desaprobar la presencia de bases militares extranjeras como la base de Manta.
Dos jurisconsultos guayaquileños criticaron la aprobación de varias soberanías. "Hay una sola soberanía que es la del Estado", afirmó el ex ministro de Gobierno, Vladimiro Álvarez. No cabe hablar de otras soberanías porque es un enunciado retórico. "La soberanía es la potestad que un Estado tiene para resolver internamente sus problemas. Y para tomar las decisiones por medio de los representantes de su pueblo que considere conveniente", dijo. Afirmó que no es posible denominar soberanías a cada bien o sector sobre el que se ejerce. "Esa una demostración de ignorancia".
"Lamento que los señores asambleístas no hayan leído por lo menos la definición de lo que es la soberanía. Es un término que se refiere estrictamente al Estado, no a las personas ni a las cosas", opinó el jurista Juan Carlos Faidutti. De acuerdo con el derecho internacional y público, solo los Estados son soberanos. Concluye señalando que la soberanía es un poder que no admite otro poder. "Por lo tanto me parece ridículo y absurdo hablar de soberanía alimentaria o económica", reiteró Faidutti. (AM)
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Hora GMT: 08/Junio/2008 - 16:17
