Lo que mal empieza mal acaba. Decepción sentimos por la forma desafortunada cómo finalizó sus labores la Asamblea. Ni siquiera al último disimularon lo que fue evidente durante los ocho meses de su actuación.
De asamblea, de representación colectiva, de los diferentes estamentos, ideologías tuvo muy poco; se trató de un bloque de mayoría incondicional, no deliberante, nunca se debatió el bien común, sino que se aceptaron en forma sumisa los textos que estuvieron redactados desde hace meses y que el Ejecutivo se encargó de irlos imponiendo, modificando y alterando, hasta en las últimas horas.
No se lograron consensos ni se buscaron mecanismos que permitan un convivir más democrático, que integren y unan a la república en la búsqueda de objetivos comunes, que permitan un mayor desarrollo social o económico, un crecimiento sostenido de la economía, una mejor administración de la justicia, un equilibrio de poderes, fortalecer la institucionalidad del Estado, el imperio de la ley y la vigencia de las garantías constitucionales.
Por el contrario, se retrocedió en cada uno de estos aspectos.
El texto constitucional ha sido impuesto, es absolutista, se han centralizado todos los poderes y nombramientos claves del Estado en una sola Función, la Ejecutiva; ha disminuido el equilibrio de poderes, no existe fiscalización, ni rendición de cuentas, han desaparecido las limitaciones y sujeciones para la contratación, inversiones y endeudamiento público; y a través de los nuevos organismos como el famoso congresillo, la Función de Transparencia y Control Social, cortes Electoral y Constitucional, superintendencias, se pretende controlar y dominar todo el país.
La libertad de prensa será teórica, todo queda a criterio de autoridades y jueces, las frecuencias de radio y televisión serán asignadas a voluntad. Los contenidos de los medios de prensa podrían ser intervenidos a pretexto de violación de derechos de terceros. Cuesta entender que muchos asambleístas de criterio se hayan prestado para esta farsa democrática y se conviertan en cómplices de un nuevo engaño al pueblo ecuatoriano.
De ponerse en vigencia la nueva Constitución, deberán constar en una placa, en el mismo sitio de su adopción, para recordar a los ecuatorianos y a sus futuras generaciones, los nombres de quienes la aprobaron, ya que serán los causantes de mayores injusticias, desempleo, miseria y persecuciones en los años por venir. Igual deberán constar quienes con su voto tuvieron la valentía de oponerse a esta Constitución, llena de ambigüedades, que luego de promulgada será muy difícil reformar.
Según el nuevo texto, el presidente se reserva la administración exclusiva de la política monetaria, cambiaria y financiera, de la deuda pública, de los recursos hídricos, forestales, hidrocarburos, minería, de las frecuencias de radio y televisión, de puertos y aeropuertos, de todas las empresas públicas, de los registros de los ciudadanos y hasta los de la propiedad de todo el país.
Hora GMT: 31/Julio/2008 - 05:00 Fuente: Diario HOY Ciudad Quito Autor: Por Luis Villacrés Smith
