La mayoría de dueños de vehículos particulares ha cumplido con la obligación de pagar el seguro de accidentes. Los únicos que se niegan a hacerlo son los poderosos gremios de la transportación colectiva y pesada. Sin embargo, el más alto porcentaje de siniestros de tránsito se produce en el ámbito de esa transportación. En esta, pues, es más necesaria aún la protección ciudadana por medio del seguro obligatorio.
¿Cuál es la razón para prorrogar el plazo hasta el 2 de mayo para la adquisición del SOAT? No se ve ninguna. El interés común debería haber tornado una prioridad la exigencia de ese seguro para los dueños de la unidades que prestan servicio en la transportación colectiva.
El número anual de accidentes de tránsito en el país es bastante más alto que en otras naciones de América Latina. Estos siniestros dejan alrededor de 1 000 muertos cada año en calles y carreteras, y un número bastante mayor de heridos y discapacitados, e ingentes pérdidas materiales.
Las denuncias más graves de corrupción en la concesión de licencias comprenden las profesionales, es decir, afectan más al transporte público. Privilegiar los intereses corporativos sobre el bien común es una intolerable pero arraigada forma de corrupción. Ni siquiera ha sido posible poner en vigencia un nueva Ley de Tránsito, con sanciones y penas más severas, por la oposición de los gremios del transporte y la complacencia política a sus intereses, aunque los de la mayoría de ecuatorianos queden postergados.
Hora GMT: 08/Abril/2008 - 05:00 Fuente: Diario HOY Ciudad Quito
