El Estado podría ser demandado por el hermano del presidente si la terminación es unilateral
La nulidad de los contratos que las empresas de las que es socio Fabricio Correa mantienen con el Estado no sería tan fácil de resolver, según titulares de algunas Carteras del Estado y expertos en el tema.
Mediante un pedido formal del comisionado León Roldós (RED), en base al art. 62 de la Ley de Contratación Pública, la Procuraduría revisa la posibilidad de anular los contratos. Pero según el mismo Roldós y Fernando Villavicencio, de Polo Democrático, la anulación debe ser total y no unilateral, ya que el Estado puede ser demandado por Fabricio Correa por daños y perjuicios. Un ejemplo de ello sería Aplitec S.A. Según Villavicencio, Correa pediría una indemnización de $8 millones por la terminación unilateral del contrato. Pero, según el abogado del hermano del presidente, Joffre Campaña, nunca han pedido una indemnización y aclaró que el caso está en el Tribunal de lo Contencioso en proceso de arbitraje.
Las empresas con las que contrató Fabricio Correa son Petroecuador, Hidrolitoral, Hidropaute, Ministerio de Transportes y Obras Públicas (MTOP), Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (Miduvi) y Predesur. Algunos titulares de estas entidades estatales creen que no es pertinente la anulación de los contratos porque el Estado puede perjudicarse en dinero y en tiempo.
Luis Jaramillo, presidente de Petroecuador, informó que la última orden vigente que mantiene con Quality Outsourcing no será suspendida. Así también, el ministro de Transporte, Xavier Casal, dijo que los técnicos encargados de lo legal en la Cartera de Estado se ocupan de analizar si habría una causal por la que se puedan terminar los contratos que fueron asignados por merecimiento luego de concursos. De igual manera opinan los funcionarios del Miduvi.
"Para terminar unilateralmente y evitar que el Estado salga perjudicado, se debe encontrar una causal, pero no la hay", asegura Luis Calero, miembro del Foro Petrolero.
El artículo 94 de la Ley de Contratación Pública establece siete causales por las que el contratante puede terminar la relación con el contratista: incumplimiento, quiebra o insolvencia cuando las multas sean mayores a la garantía de fiel cumplimiento; suspensión de trabajos por más de 60 días; por celebrar contratos prohibidos por la Ley de Contratación Pública en los casos estipulados en el contrato; y por circunstancias de fuerza mayor, como económicas o técnicas imprevistas.
Para Augusto Tandazo, experto en contratación pública, la solución sería la terminación del contrato por mutuo acuerdo. "Sin embargo, dudo mucho que Fabricio Correa acceda, por el nivel de enfrentamiento que ha existido. En tal caso, hay que encontrar una causal, y ese es el trabajo del procurador", señala.
Otra salida a este caso sería declarar nulos los contratos a través de un juicio que sería inútil, pues el proceso sería extenso. "Podría culminar cuando los trabajos que desarrollan las empresas ya estén terminados", afirma Calero.
El monto por el cual el Estado sería demandado es incierto, ya que "eso es muy subjetivo. Dependerá del contratista definir en qué aspectos de cada contrato fue perjudicado", indicó Tandazo. (MING-SS)
Termina plazo dado por procurador
El procurador General del Estado, Diego García, recopila información sobre los contratos de Fabricio Correa. Ayer fue el último día para la entrega de documentación, la cual debía llegar de las diferentes entidades del Estado que firmaron con las empresas del hermano del primer mandatario.
La semana pasada, en una pequeña reunión que sostuvo con León Roldós, comisionado de la RED, García dijo que, luego de analizar la información y si hay fallas en los diferentes contratos, sugerirá a los respectivos titulares de las entidades públicas que procedan con la anulación. "Aún no tengo la convicción de que la alternativa corresponde, pero hay que estar claros en que no todos los contratos deben ser tratados de la misma manera, pues la ley aplicable será la del momento", señaló García.
Por otro lado, la Asamblea es otro organismo que quiere analizar el caso de Fabricio Correa. De igual manera, ayer llegó la documentación de los contratos hasta el Legislativo; ahora, su Pleno deberá determinar la comisión que analizará el tema.
El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), vigilará el proceso de la Procuraduría mediante una veeduría. (MING)
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Hora GMT: 04/Julio/2009 - 05:08
