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Ambigüedades en aclaración de CC

Publicado el 01/Enero/2013 | 00:58

Análisis de Hoy

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Finalmente, y luego de un largo proceso de análisis por parte de la Corte Constitucional (CC), afín al Gobierno, este tribunal dio su última palabra respecto a la demanda de inconstitucionalidad planteada desde varios frentes -especialmente de periodistas independientes- en contra de las reformas vigentes en el Código de la Democracia y que, básicamente, imponen reglas que restringen la libre difusión de información durante la época de la campaña electoral.

Hace quince días, los jueces de la Corte ampliaron y aclarararon su dictamen previo, esclareciendo, según sus palabras, las condiciones que tendrán los comunicadores para este proceso de elecciones. Condiciones que, en definitiva, y como se había denunciado por quienes presentaron las acciones, vulneran la libertad del trabajo de los periodistas y el acceso de los ciudadanos al resultado de este trabajo, como es la información pura que consiguen con sus investigaciones los reporteros que no se deben a las políticas oficiales o de candidato alguno.

Queda prohibido, por ejemplo, dar espacios inequitativos a candidatos en desmedro de otros. Lo que aparentemente suena justo, puede derivas en un control de contenidos, que no está establecido quién lo va a realizar, en base a qué ley y las sanciones a los que estarán sometidos quienes incumplan esta ambigua orden. Están sueltas dudas muy válidas con este tema: ¿si un candidato comete un delito no se podrá informar nada de aquello, pues va en contra de su imagen y por ende, de su candidatura? ¿Si otro maneja ebrio y es detenido, también deberá quedar en la sombra?

El otro punto en el que intervienen los jueces constitucionales es el referente al cumplimiento oportuno del derecho a la réplica o negar el acceso a los espacios en los medios. Nuevamente deberá ser una autoridad la que permanentemente esté auditando, día a día, hora tras hora, las actuaciones de los periodistas y los medios de comunicación sobre este asunto. No se establecen criterios para aquello, dejando espacio para libres interpretaciones subjetivas de quien esté al frente de la fiscalización de este derecho. No se tiene claro por parte de estos jueces y de las autoridades electorales el concepto de lo que es noticia o información válida para los electores, que son, como siempre, los verdaderos jueces que califican la importancia que tiene o no, de los datos que llegan hasta su conocimiento.

Todo termina en que se intenta, por todos los medios e interpretaciones, de poner cortapisas a un trabajo que se ha desarrollado de forma independiente en todos los procesos electorales anteriores. Los votantes finalmente son los que escogen. Si no que lo diga el actual presidente, el último de los beneficiarios de un sistema que permitió su elección.

 

Ciudad Quito

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