Alza del bono: los bancos apelarán ante la corte

La banca demandará la inconstitucionalidad

Ley de redistribución de los ingresos para el Gasto Social

De estar vigente la normativa, de enero a octubre de este año la banca privada habría asumido $39 mil por concepto de IVA por servicios. Ese y otros impuestos no podrán pasarse al cliente

Una baja de alrededor del 10% de la utilidad neta de la banca privada sería el resultante de la entrada en vigencia de la Ley Orgánica de Redistribución de Ingresos para el Gasto Social, aprobada el martes en la Asamblea Nacional.

Esto, según explicó César Robalino, presidente de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador, debilitará la base patrimonial de los bancos, que hasta el año pasado tuvo un crecimiento sostenido en promedio del 15%. Con los cambios en materia de tarjetas de crédito y estados de cuenta se esperaba que la rentabilidad se ubique entre el 10% y el 12%, pero con el impacto de la nueva normativa se prevé que la rentabilidad de la banca, entendida como la utilidad neta luego del pago de impuestos, será del 5% aproximadamente para el año entrante.

Entre los problemas que vislumbra Robalino está el hecho de que la base patrimonial está ligada con el crédito y que una baja en la misma tendría una afectación directa a la expansión del crédito y, en consecuencia, a los sectores productivos.

" No digo que el crédito se acaba, lo que digo es que se limita la expansión del crédito" , dijo Robalino al comentar que aún no está listo el cálculo de cuánto sería la desaceleración.

Con la vigencia de la normativa, la banca deberá asumir el costo de los impuestos que se generen de la prestación efectiva de más de 30 servicios, que en este caso se gravan con el 12% del Impuesto al Valor Agregado (IVA), puesto que en primera disposición general del texto se prohíbe el traslado de las cargas tributarias a los clientes y usuarios.

Sobre la base de las tarifas vigentes, por ejemplo, en el caso de un cheque de gerencia, que tiene un costo de $2,50, de este valor, ¢30 dejarían de pasar a la banca para convertirse en un tributo (ver gráfico).

Según datos de la Superintendencia de Bancos, los ingresos por servicios de la banca privada de enero a octubre de 2012 correspondieron a $325 165 millones, abarcando los ítems de manejo y cobranzas, tarifados con costo máximo, tarifados diferenciados y otros servicios.

Tomando en cuenta ese monto, de haber estado ya vigente la ley en el período mencionado, la banca habría tenido que asumir alrededor de $39 mil por concepto de IVA.

Robalino aseguró que la disposición es una " violación al sentido común" , por cuanto el cobro del IVA siempre se direcciona al consumidor o usuario final de un producto o servicio.

De acuerdo a la previsión del Gobierno, la recaudación de dinero proveniente de la banca que se logrará con la ley llegaría a los $122 millones para 2013, monto que subiría en $5 millones para 2014 y en $10 millones más para 2015.

Según el desglose que adelantó el presidente Rafael Correa en su último enlace sabatino de octubre, con la eliminación de la exoneración del 10% del Impuesto a la Renta al sector se lograrían recaudar $18,3 millones.

Mientras que, sobre el Impuesto a los Activos en el Exterior, el Ejecutivo espera una generación de $48,5 millones, con el incremento del 0,084% actual al 0,25% determinado en la normativa.

Por el lado del impuesto a los activos ubicados en subsidiarias en el exterior, con el incremento de 0,35%, se obtendrían $38,7 millones anuales.

Pese a que las cuentas ya están hechas y la ley aprobada, los banqueros no pretenden conformarse con la normativa.

El directivo del sector aseguró que el paso que viene es el tomar contacto con expertos constitucionalistas para presentar una demanda de inconstitucionalidad de la ley, al considerar que viola una serie de principios de la Carta Magna.

Mientras tanto, se planea realizar varias reuniones con los representantes de la banca privada a fin de determinar si existen otras acciones que realizar además de la presentación de la demanda.

El Ejecutivo tiene un mes para definir si veta la ley o dispone su ingreso al Registro Oficial. (ABT)

Dávila: los puntos que violan la Constitución

Según el análisis del asambleísta Rafael Dávila, que votó en contra de la ley, habría cuatro puntos que irían en contra de la Carta Magna.

Primero, se atentaría al artículo 133, que señala que las leyes serán orgánicas cuando regulen la organización y el funcionamiento de las instituciones creadas por la Constitución, cuando regulen el ejercicio de derechos, cuando regulen el funcionamiento de los gobiernos autónomos y cuando sean relativas al ámbito electoral.

Además, a criterio el legislador, violaría el artículo 298, que prohíbe la creación de preasignaciones presupuestarias. Sin embargo, en el mismo texto de la ley, dentro de la exposición de motivos, se alega que los dineros que se recaudarán corresponden a una política tributaria y no a una preasignación. Asimismo aclara que no solo se utilizarían para el bono, sino también para financiar parte de otras actividades.

Otro artículo que estaría vulnerado es el 300, que dicta que el régimen tributario se regirá por principios de progresividad, generalidad, eficiencia, equidad, etc.

Según Dávila, aquí no se aplicaría la generalidad, pues se debería gravar a todos los sectores que superan ciertos niveles de rentabilidad y no solo al bancario privado. Pero el texto de la ley se basa precisamente en ese artículo para asegurar que es necesario establecer ciertos impuestos a las utilidades de las entidades financieras, aplicando el principio de progresividad.

El siguiente artículo que estaría vulnerado, según el asambleísta, es el 301, que manda que solo por iniciativa del Ejecutivo y mediante ley sancionada por la Asamblea se podrán modificar impuestos.

En este sentido, la contradicción iría en la disposición del impuesto del 3% a los ingresos gravables, pues se faculta a que el Ejecutivo lo modifique hasta el 1%. Lo mismo ocurre con los impuestos a los fondos en el exterior, que son del 0,25% y 0,35%, según el caso, los cuales el presidente podría reducir hasta el 0,01%

Por otro lado, también habría una contradicción al artículo 68 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que establece que los proyectos tributarios deben seguir la vía ordinaria, y en este caso ingresó como proyecto económico urgente. Otra preocupación que Dávila mencionó es que en la ley no está claro qué servicios financieros serán los gravados con el IVA, pues, por ejemplo, otorgar un crédito o captar depósitos son servicios financieros. Sin embargo, se deberá esperar la reglamentación que haga la Junta Bancaria. (ABT)