Alianzas, de la revolución a la persecución

Para excolaboradores del Gobierno y de Alianza País (AP), así como para los opositores, las deserciones de grupos, movimientos y colectivos sociales y políticos significan un "punto de inflexión" del Régimen y demuestran que no todos están de acuerdo con el "personalismo" y el "autoritarismo" presidenciales, la "derechización" de sus acciones y la falta de debate democrático

Para que Rafael Correa y Alianza País (AP) lleguen al poder y se mantengan cinco años, ha sido determinante el apoyo, directo e indirecto, que ha recibido de personas, movimientos y colectivos sociales y políticos, algunos de los cuales se han separado porque, según coinciden en decir, el Gobierno se ha alejado del proceso de revolución ciudadana, ha caído en el autoritarismo, en la derechización en sus acciones, y elude el debate democrático

Entre la lista de los disidentes, que antes se abrazaban con Correa y que decían que era posible cambiar el Ecuador, figuran ahora el movimiento indígena, el colectivo formado hace siete años denominado Ruptura de los 25, con María Paula Romo a la cabeza, o personas como Alberto Acosta (exministro de Energía y asambleísta constituyente), quien en los primeros años de Gobierno contaba con su confianza y autoridad política.

Gustavo Larrea, ideólogo y gestor del fenómeno Correa, renunció como ministro de Gobierno en medio del bullado caso de José Ignacio Chauvín.

Según la prensa, Manuela Gallegos, organizadora y fundadora de Alianza País, que ocupó la Secretaría de Pueblos hasta 2009, se alejó también por solidaridad con Fander Falconí, cuestionado por el manejo del fideicomiso para el proyecto Yasuní. En la lista figuran también los asambleístas Betty Amores, César Gracia, Washington Cruz, Fernando González; la exministra de los Pueblos Alexandra Ocles; Sebastián Roldán, exsecretario de Transparencia; Norman Wray, concejal de Quito; Paúl Carrasco, prefecto del Azuay, cuyo movimiento Encuentro Democrático era aliado del Régimen del presidente.

También constan Gustavo Darquea, exasambleísta de Montecristi; la exministra Mónica Chuji y no hace mucho el asambleísta César Rodríguez.

Muchos de ellos acompañaron a Correa desde sus inicios como candidato a la Presidencia, pero fueron dando poco a poco paso a un costado y abandonaron el proceso de "revolución ciudadana".

A algunos de los que se han ido, Correa los ha acusado de "resentidos", "incapaces", "mediocres", "oportunistas", "traidores" y "chantajistas" y ha iniciado la persecución, como es el caso, por citar un ejemplo, de Chuji, a quien se le entabló una demanda penal, se la sentenció y se la perdonó.

Pero no solo Correa ha criticado la ida de colaboradores. "Deploramos la salida del asambleísta César Rodríguez, quien ocupó puestos de coordinación y ahora ya no está en nuestras filas. Lamentamos que haya sucumbido a las peores tentaciones que la coyuntura electoral ofrece. Al mismo tiempo, rechazamos las circunstancias de este abandono que evidencian la cesión de principios por la oportunidad de cargos", declaró Virgilio Hernández el 29 de julio de 2011 a la agencia estatal Andes.

"Las sistemáticas deserciones que se producen en AP son la expresión de su naturaleza profundamente heterogénea, de su falta de unidad y coherencia ideológica y política, de la presencia de fuerzas y personas agrupadas en forma mecánica y epidérmica en torno a Correa, cuyo caudillismo, autoritarismo y cualidades histriónicas les son muy convenientes para sus particulares aspiraciones", consta en el diario En Marcha, del Partido Comunista Marxista Leninista del Ecuador, en la dirección web: http://www.pcmle.org/.

Y añade que "el alejamiento de Rodríguez es la continuación de un permanente proceso de desgrane de AP. En diferentes momentos, ministros, asambleístas, gobernadores y otras autoridades de organismos seccionales han abandonado sus filas, en la mayoría de los casos, por desacuerdos con la política derechista asumida por Correa".

Gilmar Gutiérrez (Sociedad Patriótica) dice respecto a la salida de varios legisladores de AP que eso "solo evidencia el autoritarismo con el que Correa maneja el Ecuador y a sus coidearios", lo que ha hecho pasar al mandatario "algo así como de la revolución a la persecución".

Para Paco Moncayo (Alianza Libertad), las deserciones en AP significan un punto de inflexión del Régimen y demuestran que "no todos están de acuerdo con el personalismo y autoritarismo presidencial". (NST)

Indígenas creen que se ha criminalizado lucha social

Lourdes Tibán, líder indígena de Pachakútik que ocupa un curul en la Asamblea, dijo que colaboraron cinco meses en apoyo a la agenda política de Correa pero que, tras su separación, han visto en esos cinco años que lo típico del Gobierno son la "prepotencia y el insulto generalizado, que no diferencia ni respeta a un sector social organizado, como es el movimiento indígena".

Tibán dijo que el Régimen ha "criminalizado la lucha social, ha desarticulado las organizaciones sociales y ha intentado callar las voces a través de la persecución". "Nosotros tenemos alrededor de casi 200 procesos iniciados en la Fiscalía", afirmó.

Además, cree que "lo más nefasto que el Gobierno deja es la derechización y la enraización de la corrupción", lo que no ha sido posible cortar y se ha profundizado. "Hemos caído en denuncias y jamás hemos encontrado una respuesta. De pronto, algo simbólico para el Gobierno en este sentido es el tragacheques". (NST)

El Gobierno ha movido el eje en el que estaba

Para Ruptura de los 25, entre cuyos líderes consta la actual asambleísta María Paula Romo, la separación en enero de 2011 del proceso de revolución ciudadana se debió a que se dieron cuenta de que "es un proceso que se ha ido descomponiendo, que empezó en un lugar y de pronto hoy está en un lugar muy distinto". Señaló que fueron algunas tesis con las que se sintieron identificados con el proceso; entre ellas, ayudar a la construcción de la Constitución más garantista de la historia, la tesis de recuperación de los recursos naturales para el país, la inclusión de organizaciones, movimientos sociales y un sector político que creyó que allí había un proceso que construir con la suma de voluntades, pero que hoy "se ha perdido, ya que hoy en día evidencia que sus enemigos son los indios, los movimientos sociales, las mujeres y cualquiera que discrepe". Lo que Ruptura considera es que el Gobierno ha movido el eje en el que estaba. (NST)

De defensores de derechos a perseguidos

Actualmente, hay alrededor de 180 defensores de derechos humanos en el Ecuador que están siendo procesados con figuras como las de terrorismo y sabotaje, según Elsie Monge, directora de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu).

Monge aseveró que ellos son parte de la criminalización de la protesta social. A algunos de ellos se los acusa de terrorismo y sabotaje. "Nos preocupa que el art. 164 del Código Penal, que es donde se registran esas figuras, data de 1964, o sea, de la dictadura militar", dijo.

Monge agregó que en la Cedhu se continúan recibiendo denuncias de ejecuciones a manos de la fuerza pública. En 2009, se registraron 36 homicidios, 22 de los cuales fueron ejecuciones extrajudiciales, lo que significa que en algunos casos incluso se mata a sospechosos. En 2010 hubo 63 denuncias de homicidios y en 2011, de enero a agosto, hubo 34 homicidios. "La tortura sí se da, solo que se la invisibiliza", dijo. (PAO)