Volver>>
La Nueva Constitución garantiza el trabajo coordinado de los tres niveles de gobierno, sostuvo Paco Moncayo
"No va a pasar nada con la obra en el nuevo aeropuerto de Quito", señaló Paco Moncayo, alcalde de la capital, al referirse al Artículo 261 que fue aprobado por la Asamblea Constituyente el 19 de julio pasado y el que establece que el manejo del Registro Civil y el régimen de puertos y aeropuertos serán competencia del Estado.
Moncayo aseguró que en este artículo se menciona que el Gobierno Central, en cooperación con los gobiernos locales, podrán manejar los proyectos de Registro Civil, puertos y aeropuertos.
"La Asamblea aprobó que estos proyectos estén en manos del Estado, y el municipio es Estado", mencionó.
Mediante un Decreto Ejecutivo expedido en diciembre de 2002 por el presidente Gustavo Noboa, se delegó al Municipio del Distrito Metropolitano la competencia para gestionar el nuevo sistema aeroportuario de la ciudad.
Para aplicar este decreto, el Municipio delegó a la Corporación Quiport S.A. (consorcio de empresas canadienses, brasileras y estadounidenses) la administración y manejo del aeropuerto Mariscal Sucre, así como la construcción de la nueva terminal aérea, en Tababela.
Esta empresa tiene la concesión de la terminal desde 2005 hasta 2040, fecha en la que deberá devolver al Estado el manejo del aeropuerto.
Según Moncayo, pese a esta concesión, el Gobierno Central siempre estuvo manejando el aeropuerto de Quito, porque tres Ministerios (Relaciones Exteriores, Comercio y Turismo) y la Dirección de Aviación Civil (DAC) forman parte de la Corporación Aeropuerto y Zona Franca (Corpaq), entidad que está a cargo de la operación, establecimiento y administración de la zona franca, que abarca todo el espacio físico del nuevo aeropuerto.
Por lo tanto, la nueva Constitución no altera en nada la construcción de la nueva terminal aérea. "Siempre el aeropuerto ha estado manejado por los tres niveles de gobierno (Central, Provincial y Local), indicó Moncayo.
Desde que Quiport se hizo cargo del sistema aeroportuario invirtió más de $28 millones en la modernizaron y ampliación del Mariscal Sucre.
Para el nuevo aeropuerto, el costo total del proyecto es de alrededor de $600 millones. Una parte de los recursos son financiados por el OPIC (Overseas Private Investment Corp, de EEUU), el Banco Interamericano de Desarrollo, el EximBank, y cuenta con la garantía del Gobierno de Canadá.
Las obras empezaron en 2006 y, al momento, el avance de los trabajos registra un 40%; las operaciones deberán abrirse en 2010. Ese año se prevé recibir a más de cinco millones de pasajeros. (NR).
Punto de vista
Guayaquil y Quito muestran voluntad y capacidad
Lautaro Ojeda, Sociólogo, Doctor en Jurisprudencia
Hay que definir el tipo de competencias que el Estado está dispuesto a transferir
La Constitución aprobada por la Asamblea dispone en el Título V, que trata sobre organización territorial del Estado, el régimen de competencias. En el Artículo 261 precisa las competencias exclusivas del Gobierno Central, entre ellas el registro de personas, el espectro electromagnético y el régimen general de comunicaciones y telecomunicaciones; puertos, aeropuertos.
Hay que tener también en cuenta el Artículo 262 que dispone: "El ejercicio de las competencias exclusivas del Estado no excluye el ejercicio concurrente de la gestión en la prestación de servicios públicos y actividades de colaboración y complementariedad entre los distintos niveles de gobierno". Disposición que abre la posibilidad de un trabajo concurrente entre los gobiernos central y seccionales que han asumido esta competencia.
Es evidente que el Art. 261 afectará directamente al trabajo de aquellas ciudades que han asumido en forma responsable, comprometida y solidaria la competencia de aeropuertos y Registro Civil, lo que no significa desconocer los efectos negativos de esa gestión, como el aumento de tarifas de pago de uso de aeropuertos.
Hay que recordar que la Constitución de 1998, Art. 226, taxativamente establece que pueden descentralizarse todas las competencias del Gobierno Central excepto la defensa y la seguridad nacional, la dirección de la política exterior y las relaciones internacionales, la política económica y tributaria del Estado y la gestión de endeudamiento externo.
Este Artículo no incluye las competencias de aeropuertos y Registro Civil.
Es oportuno precisar que en todo proceso de descentralización o de autonomía el discurso descentralizador o autonómico se define tanto teórica como prácticamente en el tipo de competencias que el Estado está dispuesto a transferir o devolver a los otros niveles de Gobierno.
Un aspecto que debe tenerse en cuenta en todo proceso de transferencia de competencias es la capacidad de los gobiernos seccionales de asumir otras nuevas. En efecto, la capacidad operativa del nivel de Gobierno es una de las condiciones básicas para asumir nuevas competencias en el ámbito local.
Entre las condiciones están el liderazgo, organización y capacidad de gestión, generación de ingresos municipales y manejo de sistemas de información. Además, hay que tener en cuenta la experiencia, capacidad humana, habilidades, estabilidad, factores como infraestructura física, equipos, oficinas, vehículos y factores técnicos: planificación, organización, procesos y control.
La respuesta a si los aeropuertos y registro de personas deben ser competencia exclusiva del Gobierno no es fácil de responder en forma general, aunque las experiencias de Quito, Guayaquil y Cuenca muestran que sus municipalidades tienen la suficiente voluntad y capacidad operativa para ofrecer un servicio de calidad, lo que no significa que no deban realizarse cambios. De ahí que es de esperar que las disposiciones analizadas sean objeto de sesudos debates y de acuerdos que beneficie al bien común.
Continuar>>
Hora GMT: 27/Julio/2008 - 16:14
