Por Ana Angulo Benavides
aangulo@hoy.com.ec
Al defender el cierre de Teleamazonas por tres días y la clausura de Radio Arutam, el presidente Rafael Correa confirmó ayer el trasfondo de esas decisiones: echar al tacho de la basura el acuerdo legislativo que establecía las líneas generales de la Ley de Comunicación, cuyo primer debate debió cumplirse el martes pasado, precisamente el día en que se supo de la sanción a ambos medios.
En la cadena radial de ayer, el mandatario hizo un fuerte llamado de atención a los legisladores de Alianza País por la firma del acuerdo, mismo que atribuyó a una supuesta presión ejercida por los medios de comunicación y subrayó que el consenso era una "claudicación" de sus asambleístas, que cayeron en una "trampa" tendida por los sectores de oposición.
¿Esa es la visión presidencial de los acuerdos legislativos? ¿O solo se aplica a la Ley de Comunicación? En todo caso, las expresiones de ayer dejaron sin piso la posición del presidente de la Asamblea, Fernando Cordero, quien la semana pasada cuestionó en duros términos a los bloques que se alejaron del acuerdo tras el cierre de Teleamazonas y les pidió reconsiderar aquella decisión; incluso dijo que por eso postergaba el primer debate para el próximo 5 de enero.
Ya se verá si el bloque oficialista insiste en el acuerdo o se allana, de antemano, a los deseos del presidente. Aunque, como van las cosas, parece que se impondrá en todas sus partes el proyecto diseñado por el Gobierno, a menos que la oposición cambie de parecer, porque de mantenerse la actitud actual solo facilitarán las cosas al Régimen en la puesta en vigencia de una ley mordaza.
Sí, mordaza porque no se puede entender de otra forma a una ley que propone el cierre definitivo de medios de comunicación, sanción que estará en manos de seis personas, la mayoría de ellas, dependientes directas del sector gobernante (el actual y al que le toque después).
Mordaza porque obliga a un registro de medios que si bien ya no será anual -según el informe para primer debate- está matizado por lo que se denomina "llamados obligatorios de actualización de datos", cada vez que el Consejo de Comunicación lo requiera.
Mordaza también porque el Consejo de Seguridad del Estado (ex Cosena) podrá decidir si cierra o no un medio, si es que considera que ha cometido actos contra el orden constitucional y la seguridad interna o externa del Estado.
Mordaza, porque la responsabilidad ulterior solo está normada para los ciudadanos y comunicadores que emitan alguna opinión discrepante, pero no se ponen cortapisas a las autoridades que usan la palestra pública para injuriar e insultar; ahí ¿dónde queda el derecho a la réplica?
Hora GMT: 27/Diciembre/2009 - 05:07
