El FOL de Manta, ¿en camino al 'purgatorio'?
Un pedido de auditoría integral se presenta como un posible escenario posible a la entrega anticipada de las instalaciones de la Base de la FAE por parte del Gobierno de los EEUU, prevista para septiembre próximo
Convenio de derecho de acceso y uso de la base de Manta por los EEUU
Diez años del FOL bajo la "balanza" del oficialismo
Subcomisión del congresillo recopila información que sustentaría el pedido de una auditoría. Para el oficialismo, aprobación de convenio fue "irregular"
Acinco meses de que caduque formalmente el convenio que permitió, por diez años, las operaciones del Puesto Avanzado de Operaciones (FOL, por sus siglas en inglés: Forward Operating Location), se abre una etapa de evaluaciones, la cual ya vislumbra un debate jurídico, político e incluso ideológico que podría desembocar en la ratificación del pedido de una auditoría del acuerdo realizado por la Constituyente hace un año y la posible determinación de responsabilidades políticas.
Esta posibilidad ha quedado marcada en las iniciativas de la Subcomisión de Relaciones Internacionales y Seguridad Pública del congresillo, que decidió asumir el tema desde su instalación a fines de 2008 e inició, desde abril de este año, la recopilación de información que servirá de base para la elaborar un informe que será presentado al presidente Rafael Correa, posiblemente a fines de julio próximo.
El objetivo de la indagación sería sustentar la sospecha de algunos comisionados oficialistas sobre supuestas violaciones del convenio suscrito por Ecuador y EEUU sobre el "ejercicio del derecho de acceso y uso por parte del Gobierno de los EEUU de las instalaciones de la Base de la Fuerza Aérea Ecuatoriana en Manta para actividades áreas antinarcóticas".
Por lo pronto, la cancha se limitaría en esa indagatoria a la ejecución del convenio, pues algunos comisionados -incluyendo el presidente del organismo, Marcos Martínez (AP)- están convencidos de que su aprobación a fines de 1999 fue irregular y no se ajustó a la Constitución ni a la Ley vigentes.
En el campo específico del convenio, la lucha antidrogas, la subcomisión ya ofició a las autoridades de control de estupefacientes para que remitan los reportes de diez años respecto a la droga decomisada con el aporte de las operaciones del FOL. En el oficialismo hay una apreciación no tan optimista del resultado, como lo dejó ver, hace pocas semanas, el ministro de Defensa, Javier Ponce, quien dijo que no se debe sobreestimar la tarea del FOL.
Con esos antecedentes y por la agenda que tuvo, la tarea más importante realizada hasta ahora por la subcomisión ha sido su desplazamiento a Manta, a mediados de mayo pasado, en donde escuchó, en audiencias públicas, a quienes aseguraron ser afectados directos o familiares de las víctimas de las operaciones del FOL o de su personal operativo, revestido de inmunidad diplomática.
Buena parte de las denuncias llegó de pescadores, emigrantes y viudas que se dicen víctimas de barcos hundidos por guardacostas de EEUU. Los denunciantes se quejaron por supuestos abusos y excesos del personal norteamericano. De forma individual se receptó una treintena de casos.
La búsqueda se volvió minuciosa cuando se pidió a la delegación del Registro Civil información sobre matrimonios, esto frente a las quejas de mujeres que aseguran que el FOL no da información de miembros a quienes se intenta notificar de demandas de paternidad y alimentos.
También se escuchó las opiniones favorables entre los miembros del Concejo de Manta, así como las certificaciones de oficiales de la FAE y la Marina de que las actividades se enmarcaron en las reglas del convenio.
Por último, los comisionados recorrieron las instalaciones ocupadas por el FOL, donde no se les habría permitido llevar cámaras, celulares ni videos. Luego de ese recorrido, hubo malestar porque muchas inquietudes se habrían pedido canalizar por la vía diplomática. (LB)
La responsabilidad política se escudriña desde el origen
Resoluciones de comisión Legislativa y Tribunal Constitucional en 1999 y 2000 están en la mira
Los ex diputados Heinz Moeller y Juan José Pons, así como el ex canciller Patricio Zuquilanda (2004-2005), se excusaron de acudir a la Subcomisión de Relaciones Exteriores y Seguridad Pública de la Comisión de Legislación y Fiscalización.
Los dos primeros enviaron comunicaciones en las que dan su versión sobre el trámite del convenio de uso de la Base de Manta en el Congreso. Zuquilanda habría ofrecido explicar por e-mail, en los próximos días, sobre las denuncias de hundimientos de barcos.
Pons, titular del Parlamento en 1999, y Moeller, presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales en esa época, enviaron como anexo el informe aprobado por esa comisión especializada.
En esencia, aquel señaló que el acuerdo se enmarcaba en los compromisos internacionales en la lucha contra el narcotráfico, que no se comprometía la soberanía o dignidad del país, y que no existía posibilidad alguna de intervención en asuntos internos.
Además, consideró que el acuerdo no se enmarcaba en ninguno de los seis numerales del art. 161 de la Constitución de 1998 y, por tanto, no necesitaba la aprobación del Congreso.
El informe en referencia señala que el mismo, junto a una resolución, fue aprobado por unanimidad en sesión del 10 de noviembre de 1999, en la misma que estuvieron Heinz Moeller, Sixto Durán Ballén, Elba González, Clemente Vázquez, Lorenzo Saá y René Maugé, este en representación de la Izquierda Democrática, según la carta remitida por el secretario de esa comisión especializada a la presidencia del Congreso.
En la resolución, se decidió hacer conocer al presidente del Congreso la recomendación para que el proyecto de acuerdo fuera remitido al Ejecutivo para su debida suscripción. En efecto, eso se concretó al día siguiente a través del oficio del secretario del Congreso al entonces presidente Jamil Mahuad.
A juicio de comisionados del oficialismo, el trámite referido fue irregular, pues consideran que el mismo requería la aprobación del Congreso y un informe previo del Tribunal Constitucional (TC), como lo exigía el art. 161 de la Constitución.
Y, siguiendo esa línea, también se recaba información del trámite dado en ese Tribunal a varias demandas de inconstitucionalidad contra la firma del acuerdo.
El 20 de marzo de 2001, el TC desechó por improcedentes las demandas contra el convenio de uso de la Base de Manta. En su resolución, con cuatro votos salvados de nueve presentes, el tribunal ratificó el criterio de la Comisión de Asuntos Internacionales de que el instrumento a esa fecha suscrito y en ejecución no se ajustaba a la materia descrita en el art. 161 de la Constitución de 1998.
Además, señaló que el instrumento no implicaba cesión de territorio o una alianza política o militar, como sustentaban las demandas. Por otro lado, precisó que la Constitución de 1998 no preveía la posibilidad de la inconstitucionalidad de un instrumento internacional.
Aunque en un sector amplio del oficialismo existe una lectura jurídica opuesta a esas resoluciones, se cree que es importante retomar el análisis jurídico de todos los antecedentes para promover un debate y sacar conclusiones definitivas.
Ese ejercicio también tendrá un efecto directo en los convenios operativos suscritos posteriormente entre las fuerzas militares de ambos países y en la valoración final de las acciones realizadas en la ejecución de los mismos. (LB)
Reflota la polémica de 2004 por hundimiento de barcos "a la deriva"
Que en las operaciones del FOL se pudo traspasar el ámbito del convenio de uso de la Base de Manta es una idea que por ahora se maneja con prudencia entre algunos de los miembros de la subcomisión de Relaciones Internacionales del congresillo.
No obstante, fuentes cercanas a la investigación aseguran que hay indicios que podrían presumir que se excedió en los términos de ese instrumento.
Por lo pronto se trabaja en algunas aristas de lo que sería un análisis jurídico de la ejecución del convenio suscrito en 1999 y otros dos convenios operativos, firmado entre las fuerzas militares de ambos países.
El primero de ellos fue suscrito el 2 de junio de 2000 por el entonces jefe del comando Aéreo de Combate (FAE), Luis Iturralde, y el director del SCJ5 Comando Sur de los EEUU, James Soligan.
El segundo fue suscrito el 30 de agosto de 2006 por el director de la Marina Mercante, Eduardo Navas, y el director de Reforzamiento y Manejo de Incidentes de la Guardia Costera de los EEUU, Rear Wayne.
Este último convenio tendría atención particular, pues de él se desprenderían pistas de posibles violaciones al acuerdo marco de 1999. El acuerdo operativo entre las armadas de ambos países se dio luego de varias denuncias presentadas por organismos de derechos humanos por el hundimiento de barcos ecuatorianos.
Como antecedente en el campo diplomático de esos incidentes son las notas verbales que cruzaron la Cancillería del Ecuador y la Embajada de los EEUU en 2004. El 12 de julio de ese año, esa misión informaba que había trasladado la información de nueve casos de embarcaciones y aseguraba que las interceptaciones y/o abordajes se realizaron en aguas internacionales en acciones coordinadas por las fuerzas navales de ambos países.
Asimismo se destacaba que de esos nueves casos, ocho se trataban de embarcaciones en actividades ilícitas, en especial el contrabando de extranjeros, cuya vidas estaban en peligro obvio e inminente. Sobre el caso restante, relacionado al incidente del barco Daiki Maru, se informaba que el Gobierno de los EEUU era parte de un proceso judicial del cual se ofreció dar un resumen general al final del mismo.
La Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos (Aldhu) entregó un informe de nueve casos. El mismo fue suscrito por Juan de Dios Parra y Gustavo Larrea, ex ministro del actual Gobierno.
En ese informe contenido en 1 200 páginas se anexaba denuncias ante la Fiscalía y otros recursos presentados a autoridades civiles y militares. En el caso del Daiki Maru, se incluía una certificación de la Armada de coordenadas en aguas territoriales.
BLANCO Y NEGRO conoció que una de las tareas de un grupo de trabajo de la subcomisión sería recopilar la información de los procesos judiciales -dentro y fuera del país- y entrevistar a los demandantes. (LB)
El reporte de la droga incautada con participación del Fol es 'oro en polvo'
Desde el FOL de Manta se apoyó 5 500 misiones que permitieron interceptar 1 758 toneladas métricas de cocaína en la subregión
¿La materia del Convenio de uso de las instalaciones de la Base de Manta -el combate a la droga- se cumplió en los diez años de las operaciones del Puesto Avanzado de Operaciones (FOL, por sus siglas en inglés)?
Ese tema es otra de las aristas de la investigación que se realiza en el congresillo, en donde se ha solicitado información a los organismos especializados en el control de estupefacientes.
Entre la información requerida está la cantidad de droga que ha ingresado en custodia del Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (Consep) como consecuencia directa de las operaciones de control del narcotráfico hechas desde el FOL.
BLANCO Y NEGRO pudo conocer que el Consep ya ha respondido, señalando que la información requerida no es de conocimiento de esa dependencia, debido a que en los reportes de entrega de alcaloides decomisados no se determina qué unidades o agencias han intervenido en las "pesquisas" para la captura de la droga.
Al momento, estaría pendiente la consulta a la Dirección Nacional Antinarcóticos (DNA). Su ex director, Freddy Martínez, actual comandante de la Policía, se limitó a decir -en entrevista del 11 de mayo pasado a este Diario- que el apoyo era significativo.
El FOL y la Embajada de los EEUU solo han difundido datos globales de los operativos realizados con apoyo de personal y equipos de los puestos de Manta y Curazao. En un boletín del 3 de junio último, se asegura que el FOL resultó extremadamente útil durante los últimos 10 años y que apoyó más de 5 500 misiones antinarcóticos, que permitieron a la JIATF-South y a los países socios interceptar y/o decomisar 1 758 toneladas métricas de cocaína (con un valor estimado de venta en las calles de $35 mil millones) y ha contribuido a que se realicen 3 011 arrestos.
En ese reporte de prensa se reitera que la misión del FOL es estrictamente la de detección de narcóticos y destaca que su gestión ha jugado un papel importante en la cooperación entre el Gobierno de los EEUU y el de Ecuador en el combate a este ilícito internacional y en la promoción de estabilidad y seguridad en el hemisferio.
Sobre el cumplimiento de la materia del convenio de uso de la Base de Manta, el presidente de la subcomisión de Relaciones Internacionales, Marcos Martínez, señaló que la información histórica es fundamental para saber si en efecto las operaciones se ajustaron a los términos convenidos por ambos países, pues se considera que solo en ese ámbito se sabrá si este resultó positivo. (LB)
Antecedentes
el 1.º de abril de 1999, la Cancillería respondió a una nota de la embajada de los EEUU, en la cual se da por constituido el acuerdo para el uso de la Base de Manta.
la nota en referencia fue enviada el 31 de marzo de ese año. Ella transmitía la propuesta del Gobierno de ese país para ampliar la cooperación para combatir el tráfico ilegal de narcóticos, en función de los compromisos asumidos por ambos países.
en esencia, propuso que con único fin de incrementar la detección y control aéreo de operaciones ilegales de tráfico de narcóticos, el Gobierno de ese país tendrá acceso e iniciará el uso de la Base de Manta antes del 1º de abril, con personal militar restringido. También se plantea que pueda emplear a contratistas.
"En las interdicciones no ha participado el personal del FOL"
La visita a manta en mayo de la subcomisión del congresillo, la reiteración de testimonios de familiares de víctimas de supuestos excesos y las comparecencias de ex ministros tuvieron un efecto mediático a fines de mayo. La reacción de la Embajada de los EEUU fue inmediata y, a través de un comunicado, quiso aclarar la confusión sobre asuntos relacionados con el FOL.
Allí se señaló que la misión es estrictamente la detección de narcóticos y que el trabajo de las tripulaciones aéreas del FOL es transmitir la información que obtienen durante sus vuelos a Joint Interagency Task Force (JIATF)-South, un equipo integrado e internacional que incluye al Ecuador, con base en Key West, Florida. Desde allí se transmite los datos a los navíos de la marina o guardia costera más cercano de los países que conforman la JIATF.
Precisó que es el personal de la Marina y de la Guardia Costera de los EEUU el que participa en las intercepciones de barcos, no el personal del FOL. Y que la interdicción de barco sospechosos se ha regido por normas internacionales. En muchos casos, señaló el comunicado, las propias tripulaciones sabotean la embarcación para hundirla y desaparecer las evidencias.
Además, se aseguró que el personal del FOL actuó de acuerdo con los estándares más altos de las Fuerzas Armadas de los EEUU y que en los últimos 10 años ha habido un número muy limitado de casos en los cuales el personal del FOL se ha involucrado en actividades que han resultado en acciones disciplinarias.
Señaló que el Gobierno de los EEUU coopera totalmente con las autoridades ecuatorianas en todos los casos legales de acuerdo con los términos de los convenios bilaterales. (LB)
Informes de vuelos e inmunidad...
La subcomisión ha pedido informes de vuelos desde Manta. Según la asambleísta María Augusta Calle (AP), hubo un vuelo el 1.º de marzo de 2008, día del ataque a Angostura...
El caso del Víctor Hugo Mieles ocupa la atención. El veterinario murió tras ser atropellado. En la denuncia se señaló a un miembro del FOL y de que este habría sido protegido en la base.
