Bucaram vuelve esta semana a la agenda política nacional

El pedido del ex presidente Abdalá Bucaram para que se ratifique la nulidad de sus juicios resuelta en la llamada 'Pichicorte' tropieza con una coyuntura política compleja. La demanda no topa las razones que motivaron juicios

Una oleada de elucubraciones políticas ha despertado en el país el pedido del ex presidente Abdalá Bucaram a la Corte Constitucional (CC) para que se ratifique la nulidad de los juicios que habían en su contra, decretada en marzo de 2005 por el presidente de la llamada 'Pichicorte', Guillermo Castro Dáger. Se intentaba poner fin a los procesos que juzgaban los actos de corrupción denunciados.

El trámite de la demanda ingresada a ese alto tribunal el 17 de junio de 2009 y que se había mantenido casi imperceptible recobró más fuerza a inicio de este año tras hacerse pública una carta del asambleísta Paco Moncayo, en la cual se menciona hechos subsecuentes a la caída del ex mandatario, en febrero de 1997. Para algunos analistas, eso es parte de una estrategia para introducir el tema Bucaram ("limpiando" la imagen del ex presidente) y, eventualmente, su resolución. Esto último se daría al considerarse un supuesto pacto, no admitido, entre el PRE y el oficialismo.

En diálogo con HOY, Moncayo aclaró que su escrito, solicitado por el hijo del ex mandatario, no desmiente nada de Bucaram y hace un relato meticuloso. "Lo único que digo es que ni supe ni observé sacos de dinero que se llevaron desde Palacio el 7 de febrero (1997)". En la carta, mencionó a líderes del PSC, entre ellos del actual alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, en diálogos de esos días para ratificar la salida de Bucaram.

En sus explicaciones, tanto de Moncayo como del asambleísta Abdalá "Dalo" Bucaram Puley, a quien entregó el 9 de enero la carta el ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, se menciona la posibilidad de solicitar la creación de una comisión especial que investigue los hechos acaecidos en 1997 y que derivaron en el derrocamiento de la Presidencia del líder roldosista.

Golpe mediático. La presentación de la carta de Paco Moncayo fue recibida con aplausos por militantes roldosistas y con muchas reservas entre quienes apoyaron su remoción.

Ya leyendo el contenido de la misiva, Dalo Bucaram le dijo a Vistazo tener argumentos para pedir a la Asamblea la conformación de una comisión que investigue "el golpe" y que con ello se haga justicia y se castigue a los responsables por traición a la Patria.

Esta opción no se ha agotado a la espera de que se dé un pronunciamiento en la Corte Constitucional, en la que las valoraciones jurídicas están ahora en las manos de magistrados designados por una instancia política, como lo fue el llamado "Congreso de los manteles", en 2007.

Para ciertos sectores, este miércoles, que se realizará la audiencia inicial, podría dar luces sobre el verdadero plan que estaría detrás de este caso. Pues, se ha interpretado que el recurso de acción extraordinaria de protección interpuesto por Bucaram sería parte solo de una cadena de decisiones que podría extenderse en el mediano plazo, en la que los mensajes que emitan los diversos actores constituirían eslabones vitales.

Eso explica que tanto en el oficialismo como en la oposición dentro de la Asamblea, se trate con reservas y hermetismo la suerte de Abdalá Bucaram, pues una definición podría alterar las agendas que cada sector maneja y, por tanto, la propia correlación de fuerzas legislativas.

Por otro lado, el tema se procesa en una coyuntura compleja en diversos niveles de poder. A nivel legislativo está en curso un posible juicio político en contra del fiscal general del Estado, Washington Pesántez, quien a su vez tiene pendiente un pronunciamiento sobre el caso del nuevo aeropuerto de Quito, donde uno de los imputados es el ex alcalde de Quito Paco Moncayo, además de otros procesos que involucran a personeros de primer nivel de Gobierno de Correa.

Nada de los hechos. El recurso planteado por el ex presidente a la CC aborda exclusivamente aspectos procesales, más no la materia sobre la cual se iniciaron los procesos Gastos Reservados y Mochila Escolar. En su escrito, el ex presidente de la Corte Suprema de Justicia, Jaime Velasco, describe la serie de pronunciamientos previos hasta 2001, en la que se cerró la etapa plenaria por resoluciones de la Sala de Conjueces respectiva.

Entre los antecedentes ubica la denuncia del dirigente Gustavo Terán (MPD) y Arturo Castro y el dictamen fiscal acusando de peculado y de enriquecimiento ilícito en el supuesto uso indebido de fondos secretos, que a la fecha de los hechos dentro de "las transferencias hechas por el Ministerio de Finanzas para atender los gastos reservados o secretos" (hasta febrero de 2007) "totalizaban 38 513 millones de sucres". (LB)

Nadie está libre de juicio en delitos comunes

Héctor Romero Parducci, ex presidente de la Corte Suprema de Justicia, señaló en su providencia del 28 de julio de 1998 que la Constitución Política no exime de responsabilidad penal al Presidente de la República en la comisión de delitos comunes, "ni existe ley secundaria alguna que le otorgue esa prerrogativa o privilegio, ni existe en su favor la institución jurídica de la inmunidad de jurisdicción penal, ni existe disposición legal o constitucional alguna que faculte a los parlamentos para autorizar el enjuiciamiento penal del Jefe de Estado".

De esa forma ratificó lo actuado hasta ese momento y declaró abierta la etapa de plenario en ese proceso, aclarando la duda sentada en un escrito por el ex presidente Bucaram de que para procesarlo había que cumplir con el requisito del enjuiciamiento político y censura previos.

En la resolución de Parducci se ratificó la existencia de peculado y se estableció las responsabilidades entre varios funcionarios. El proceso, desde la apertura del auto cabeza de proceso dispuesta por Carlos Solórzano, en marzo de 1997, fue ratificado por resoluciones posteriores de las Salas Penales y Sala de Conjueces, en 2001.

Hasta esa fecha fueron sobreseídos algunos sindicados en este caso. Mientras en el caso Mochila Escolar, que siguió un curso similar, hubo sentenciados, como fue la ex ministra Sandra Correa. (LB)

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