Acceso a la Justicia

Por Juan FalconI Puig

jfp@hoy.com.ec

U n autor decía que no puede esperarse serenidad del juez que no tiene resuelto su problema económico de los próximos días, para destacar el pobre rendimiento en el servicio público de administrar Justicia, debido a las bajas remuneraciones que no les permitirían vivir con el decoro propio de sus delicadas funciones. Yo agrego, menos aún cuando tienen que decidir sobre la libertad y el patrimonio de las personas, ya que en nuestro medio el pretexto de la baja remuneración se tornó endémico, puesto que las que ahora perciben ya no son tan bajas considerando el medio y el promedio. Empero, hay por ahí algunos que siempre quieren algo más y los más voraces, mucho más.

En la Iniciativa para las Américas del presidente Bush (padre) lanzada en la Cumbre de Miami a principios del los años setenta, se intentó una nueva concepción de "democracia" más allá de la original griega, entendiéndola por el acceso que tengan todos los ciudadanos a una justicia confiable y sin dilaciones. Y eso dicen convenciones internacionales sobre derechos humanos como la Interamericana, Pacto de San José.

En la XIV Cumbre Judicial Iberoamericana, elaboraron "Cien reglas de acceso a la Justicia de personas en condición de vulnerabilidad". Estas reglas, que "tienen como objetivo garantizar las condiciones de acceso efectivo a la Justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, sin discriminación alguna, engloban el conjunto de políticas, medidas, facilidades y apoyos que permitan a dichas personas el pleno goce de los servicios del sistema judicial", ya están siendo aplicadas en áreas judiciales iberoamericanas. Fueron elaboradas originalmente por representantes del Poder Judicial de países del Mercosur, redes de operadores del sistema judicial, Asociaciones de Ministerios Públicos y Defensorías Públicas, la Federación Iberoamericana de Ombudsman y colegios de Abogados.

La vulnerabilidad comprende a personas que, "por razón de edad, género, estado físico o mental, o por circunstancias sociales, económicas, étnicas y/o culturales", incluyendo "la victimización y la privación de libertad", encuentran "especiales dificultades para ejercitar plenamente ante el sistema judicial los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico".

Esto último encaja perfectamente donde haya jueces al servicio de los banqueros que han saqueado al Fisco y al pueblo, como en el Ecuador, donde han pretendido y pretenden "victimizar y privar de libertad" a quienes los han investigado y denunciado.

Mas, entre las bondades de nuestra Constitución de 2008, están precisamente la acción de protección y la acción extraordinaria de protección que se pide a la Corte Constitucional para preservar o reparar la violación de derechos constitucionales en decisiones judiciales (providencias), que es independiente de los recursos comunes y debe tramitarse ágilmente para garantizar un efectivo acceso a la Justicia constitucional, la más alta.

Hora GMT: 10/Abril/2009 - 05:09