Opinión de diario HOY
En la anterior Constitución, se concedía al presidente de la República la facultad para decretar emergencias en casos de hechos excepcionales, como catástrofes naturales, grave conmoción interna, guerra internacional o inminente agresión externa. Las emergencias, además, tenían un carácter transitorio.
En la Constitución vigente no ha cambiado la naturaleza de los estados de excepción. El artículo 164 señala, además, los principios que deben observar las declaratorias de emergencia, entre los cuales, se menciona la temporalidad de la medida.
El presidente de la República utilizó de forma abusiva la facultad de declarar los estados de emergencia, que se convirtieron en un procedimiento común para movilizar recursos sin sujetarse a los trámites burocráticos ordinarios.
Según un análisis de diario Expreso, el Gobierno suscribió 42 declaratorias, 29 decretos para renovarlas, tres para ampliarlas y una ratificación. Las emergencias han abarcado los más diversos campos -desde el educativo y la salud, hasta el policial y el petrolero y energético, entre otros - y en ellas se destinaron fondos por $2 593 millones.
No debe prolongarse el uso del estado de excepción como una forma ordinaria de manejo del presidente de la República porque tanto con la anterior Constitución como con la nueva Carta vigente se desvirtúa la naturaleza excepcional de la facultad presidencial. Además, es hora de que se fiscalice el manejo de esos ingentes recursos movilizados por las emergencias.
Hora GMT: 25/Noviembre/2008 - 05:13
25/Noviembre/2008 a las 06:27
Y que la fiscalización, no solo incluya en qué se gastó el dinero destinado a dedo, sino que se la ralacione con los resultados de lo que se esperaba lograr con esos montos. Así mismo, que se fiscalice e investigue, quienes fueron los contratistas favorecidos para ejecutar los supuestos planes de emergencia y que se exhiban sus vínculos con el presente gobierno, en caso de existirlos.
Es una tarea muy importante y extensa para quienes hacen: Blanco y Negro, la cual ayudaría a la Contraloría, Procuradoría y Fiscalía a visualizar la magnitud de las emergencias, y encontrar, en caso de así serlo, responsables y negocios ilícitos.
Si existe dolo o perjuicio para el estado, el responsable último de todo esto, es el jefe de estado, quien designó a dedo esos contratos, para supuestamente subsanar o arreglar dichas emergencias.
¿Y los organismos de DDHH no se pronuncian a este respecto que tiene vicios de atentar contra el derecho de millones de ecuatorianos, o es que solo esperan y solo sirven cuando a algún malandro ha sido torturado, o alguna mula encarcelada?
25/Noviembre/2008 a las 09:21
Recordando a la promesa "Revolución ciudadana"
Eje # 2. "Pondremos de moda la honradez" decía el candidato de alianza país, y lo repite el hoy presidente-candidato del Ecuador, por lo que me pregunto:
¿Se puede cumplir con la promesa violando los procedimientos y luego escondiendo las acciones en decretos de emergencia inconstitucionales, para ocultar lo públicamente conocido?
Ya es tiempo que se rinda CUENTAS con los números, y no los cuentos publicitarios que se manejan con el marketing publicitario...
¿Dónde está esa plata?, me refiero a los 2.600 millones de dólares girados para las emergencias- paulatinas, que se ha realizado despacito y a puro dedito, eso es lo que necesitamos saber.
25/Noviembre/2008 a las 21:04
Muy bien por el diario que puntualiza una anormalidad administrativa. A falta de un organo fiscalizador serio, solo nos quedan los espacios de opinión en los que se denuncian estas realidades. La gente no puede ser sorda y ciega por tanto tiempo.