Demanda de Fundamedios

A oscuras, un grupo de abogados miembros del Colegio de Abogados del Guayas (CAG) protagonizó la mañana de ayer un enfrentamiento verbal en los pasillos de la sede de su gremio, ubicada en el tercer piso de la Corte de Justicia de Guayas.
TenÃan posiciones encontradas respecto al Decreto Ejecutivo n.º 932, que promulgó el presidente Rafael Correa el 9 de noviembre pasado, y que anula el Decreto Supremo n.º 1506, publicado en el Registro Oficial el 8 de octubre de 1971, que los facultaba a ocupar un espacio en el Palacio de Justicia.
"¿Por qué tenemos que estar aquà como pordioseros, si en las arcas del Colegio de Abogados, hay dinero para comprar un lugar, un edificio? Somos 15 mil agremiados, ¿dónde están los fondos del Colegio?", reclamaba por un lado la agremiada Marta Durán, mientras que DarÃa MacÃas, otra agremiada que presta servicios de asesorÃa jurÃdica gratuita, criticaba junto a varios de sus compañeros el decreto presidencial y la suspensión del suministro eléctrico en las oficinas del Colegio de Abogados.
Antes, en la Presidencia del Colegio, el secretario del gremio, Pedro Granja, respondÃa a los cuestionamientos presidenciales expuestos en el Decreto n.º 932.
"Se han ingresado y sacado bebidas alcohólicas de la institución pública, se ha irrespetado al personal de la PolicÃa y, en los exteriores del Colegio de Abogados del Guayas, existen equipos audiovisuales que transmiten videos musicales estridentes e inapropiados", dicta parte del decreto. "Nada más falso", dijo Granja y aseveró que no son "unos borrachines", y que el equipo audiovisual es un pronter informativo. "Acá, la fuerza pública ha intentado ingresar violentamente", denunció.
"Señor presidente, ¿por qué le molesta tanto que nosotros hayamos dicho que la restructuración de la justicia no puede darse con el mismo empleado de BenjamÃn Cevallos, de una administración de justicia fracasada y colapsada?", dijo Granja refiriéndose a Fernando Yávar, miembro del Consejo de la Judicatura de Transición, expulsado del Colegio.
Finalmente, Granja afirmó que, detrás de su expulsión de la sede, hay un intento por presionar a Alfonso Luz Yunez, presidente del Colegio y juez de la Corte Constitucional. "Alfonso Luz Yunez es el juez ponente del caso de desacato de la demanda de Fundamedios, eso es todo", dijo Granja.
Fudamedios demandó en la Corte Constitucional la inconstitucionalidad del artÃculo 230 del Código Penal y sus normas conexas, que tipifican el desacato como delito. (DAD)







