Opinión de Diario HOY

Hace un año, entró en vigencia la nueva Constitución que terminó por aprobar al apuro la mayoría oficialista en Montecristi y por la que se pronunció una mayoría ciudadana en  el referendo. Con el paso del tiempo, se ven con mayor nitidez las exageradas expectativas que se crearon con la aprobación constitucional. Cuando entró en vigencia la nueva Constitución, el presidente de la República señaló que esta "rompe y deja atrás el dogma neoliberal, a la entelequia del mercado, a la hegemonía del capital financiero...".

Ese paso del tiempo, además, evidencia no solo los excesos retóricos, sino los vacíos, contradicciones y errores del cuerpo legal como, para poner un ejemplo de estos últimos días, haber señalado el plazo perentorio de un año para la aprobación de más de una decena de leyes, obligación que los asambleístas no han cumplido.

En la parte dogmática, buena parte de los derechos enunciados sigue solo en el papel, puesto que no existen ni políticas de Estado ni financiamiento presupuestario para llevarlos a la realidad. Por ejemplo, la Constitución señala la universalidad de la seguridad social y la garantiza a los trabajadores y a las amas de casa y hasta a los desempleados...

En el aspecto orgánico, se han renovado a medias los organismos previstos en la Constitución y quedan en la agenda por designar organismos y autoridades que, de acuerdo al régimen de transición, solo tienen un carácter transitorio, como la Corte Constitucional, el Consejo Nacional Electoral, la Corte de Justicia, los titulares de los organismos de control.

Al año de vigencia de la nueva Constitución, se muestra que las leyes por sí mismas no cambian la realidad ni son la panacea de todos los males, tanto más cuanto perdura como una lacra de la cultura política el débil imperio de la Ley. La nueva Constitución no ha mejorado la democracia; por el contrario, propicia el ejercicio de un modelo hiperpresidencialista, con una peligrosa tendencia a concentrar los poderes.