A Lugo le quedaba un año más de mandato

Epílogo del juicio político

Además de la violenta muerte de 11 campesinos y 6 policías el 15 de junio, el Senado responsabiliza de otros cuatro hechos al presidente del Paraguay.

Los días para Fernando Lugo, desde el 15 de agosto de 2008, cuando asumió la Presidencia de Paraguay, no han sido fáciles y terminaron ayer con su destitución dispuesta por la mayoría de senadores.

Varios escándalos por demandas de paternidad al exobispo católico, que fue expulsado al haber tomado la decisión de incursionar en la vida política, ocuparon las primeras planas de los medios paraguayos e internacionales.

Su popularidad, que se ubicó en el 93% cuando se sentó por primera vez en el sillón presidencial, cayó abruptamente al 30% cuando se conocieron las no pocas demandas por partenidad a un año de ejercer el cargo, en abril de 2009.

Esa situación hizo que Lugo reconociera a un hijo de 2 años, Guillermo Armindo, producto de una relación del exsacerdote cercano al movimiento campesino de su país con Viviana Carrillo, de 24 años.

Luego, la enfermedad golpeó su vida con un cáncer al que decidió dar la batalla y que ha logrado estabilizar.

En efecto, en agosto de 2010, su equipo médico confirmó que padecía de cáncer linfático, en su última fase 4, pero aseguró que podía curarse. El mandatario se sometió a seis sesiones de quimioterapia.

Poco después, una segunda demanda de paternidad le obligó a dar el apellido a Ángel, de 10 años.

A estas se sumaron otros dos juicios por el mismo motivo.

Ayer, a poco más de un año de terminar su mandato, Fernando Lugo vivió el episodio más complejo al haber enfrentado un juicio político que derivó en su destitución.

Una mayoría legislativa, de 77 de 80 miembros, lo acusaba de incumplimiento de funciones y lo responsabilizaba de la muerte de 11 campesinos y seis policías durante un sangriento enfrentamiento por un desalojo, el 15 de junio último.

Con esa noticia amaneció el miércoles pasado Fernando Lugo, quien descartó renunciar al cargo, en una primera reacción ante la resolución del Senado.

Pero, en este proceso, además de las 17 muertes, los senadores presentaron otras cuatro imputaciones contra Lugo.

La segunda tenía que ver con una concentración política de jóvenes de izquierda en el Comando de Ingeniería de las Fuerzas Armadas, realizada con autorización del jefe de Estado y financiada con fondos públicos y el ente binacional Yacyreta, lo que reconoció el propio Lugo.

También se lo señalaba como único responsable de instigar y facilitar recientes invasiones de tierras en la zona de Ñacunday.

Se lo acusaba además de no haber dictado, en cuatro años de Gobierno, medidas efectivas para disminuir la creciente inseguridad ciudadana.

La quinta imputación se refiere a la firma del Protoclo de Ushuaia II que, según los opositores, permitiría que los países vecinos corten el suministro de energía .

"Una tormenta política perfecta dejó a Fernando Lugo al borde de la cornisa y devolvió a Paraguay la inestabilidad que marcó varios períodos de su historia".  Así escribió  Juan Landaburu en el diario La Nación de Argentina.

"El enfrentamiento de un grupo de policías con campesinos fue apenas la gota que rebasó el vaso de un complejo entramado de disputas políticas entre los principales partidos paraguayos, que ayer se pusieron de acuerdo y resolvieron, sin eufemismos, que la lucha por la Presidencia en 2013 esta vez no aceptará extraños. Demasiado peso para el exobispo que sorprendió al mundo cuando se erigió como una luz de esperanza para cambiar el oscuro ambiente político paraguayo", señala el articulista.

El epílogo de esta historia es la destitución de Lugo, en un meteórico juicio definido en menos de 24 horas. (MEVO-Agencias )

Las 17 muertes dieron lugar al juicio

 por la muerte de 17 personas el pasado 15 de junio, en la hacienda Morumbí, en la zona Curuguaty a 250 kilómetros de Asunción, capital de Paraguay, donde 300 policías desalojaron a un grupo de campesinos que ocupaban ese lugar, de propiedad del exsenador del partido Colorado Blas Riqueleme, el presidente Fernando Lugo enfrentó un juicio político y su posible destitución.

Más de 100 familias de campesinos se resistieron al desalojo y se enfrentaron a la Policía, lo que ocasionó la muerte de seis uniformados y 11 campesinos, según informó el entonces ministro del Interior, Carlos Filizzola, destituido por Lugo tras ese pedisodio y la exigencia de la Cámara de Diputados.

Según Filizzola, cuando los jefes policiales fueron para negociar con los líderes campesinos, "fueron recibidos a balazos".

Agregó que los agentes, salvo los jerarcas, no llevaron armas de fuego, solo escudos y armas para balines de goma.

El comisario Wálter Gómez, jefe de Investigación de Canindeyú, confirmó que el grupo que emboscó a policías en la hacienda portaba armas automáticas capaces de atravesar chalecos antibalas. "Se trata de personas altamente entrenadas que actuaron como un grupo comando", explicó el comisario. No es gente común la que estaba adentro. No son campesinos", dijo.

El dirigente campesino José Rodríguez afirmó a una radioemisora que los campesinos que murieron en la refriega eran parte de un grupo que integra la denominada Liga Nacional de Carperos, que resolvió resistirse al desalojo. "Los compañeros no tienen entrenamiento militar ni armas de guerra, pero poseen rifles calibre 22 mm", dijo.

Tras las fuertes críticas y presiones de los sectores de oposición al Régimen, Lugo convocó a una reunión ministerial urgente y, de inmediato, destituyó a Filizzola y al comandante de la Policía, Paulino Rojas, luego de que decretaran un estado de excepción. El conflicto sobre la propiedad de las tierras en Paraguay se registra desde la dictadura del general Alfredo Stroessner (1954-1989), quien vendió grandes espacios territoriales y repartió otros a sus aliados políticos, entre ellos, Blas Riqueleme, considerado cercano al exdictador, según un informe de 2008 elaborado por la Comisión de Verdad y Justicia (CVJ).

En Paraguay, país principalmente agrícola, según el Censo Agropecuario de 2008, el 88% de las tierras está en manos del 3% de terratenientes, mientras más de 300 mil campesinos no las tienen.

Según información difundida por el diario La Razón, desde el advenimiento a la democracia, en 1989, hasta el momento, se tiene un registro de más de 100 muertos a consecuencia de la lucha por la tierra paraguaya.

Cuando Lugo asumió el poder en 2008, prometió impulsar una reforma agraria para que los campesinos puedan tener sus parcelas; sin embargo, la aplicación d el proyecto se ha dilatado en el proceso de reforma de las instituciones vinculadas al campo.

Esta es tal vez, según varios analistas consultados por la BBC, una de las crisis más graves que ha enfrentado Fernando Lugo, casi al final de su período presidencial. (SSA-Agencias)

Motivos, según el Congreso

Estado financió acto político

En el año 2009, con autorización del Presidente de Paraguay, Fernando Lugo, se realizó una concentración política de jóvenes en el Comando de Ingeniería de las Fuerzas Armadas, mismo que fue financiado por varias instituciones del Estado, incluyendo a la Entidad Binacional Yacyreta. Esta situación causó gran polémica en Paraguay.

Fernando Lugo reconoció que la Entidad Binacional Yacyretá financió el encuentro de jóvenes socialistas de la región, llevado a cabo en el Comando de Ingeniería de las Fuerzas Armadas.

El Caso Ñacunday

Fue el Gobierno del Presidente Lugo el único responsable como instigador y facilitador de las recientes invasiones de tierras en la zona de Ñacunday. La falta de respuesta de las fuerzas policiales ante las invasiones de supuestos carperos y sin tierras a bienes del dominio privado, solo han sido parte de esa conducta cómplice.

El fiscal Jorge Avalos acusó a Lugo de someter a los militares a los "caprichos de los campesinos invasores". "Fue indignante ver cómo oficiales con el uniforme de las Fuerzas Armadas recibían órdenes de carperos como si fuesen sus soldados".

La creciente inseguridad

El Presidente Lugo ha sido absolutamente incapaz de desarrollar una política y programas que tiendan a disminuir la creciente inseguridad ciudadana. En estos 4 años de Gobierno, a pesar de los importantes recursos financieros que le fueron proveídos por el Congreso para potenciar a la fuerza pública, los resultados han sido no solo insatisfactorios sino también ha quedado por demás demostrado la falta de voluntad del para combatir al Ejército del Pueblo Paraguayo, que se ha convertido, al amparo y con la complicidad del Gobierno, en el azote de los ciudadanos de Concepción y San Pedro.

Protocolo de USHUAIA II

Este documento constituye un atentado contra la soberanía de la República de Paraguay y ha sido suscrito por el Presidente Fernando Lugo Mendez con el avieso propósito de obtener un supuesto respaldo en su descarada marcha contra la institucionalidad y el proceso democrático de la República.

(...) A través de ese documento, los países vecinos podrían cortar el suministro de energía a la República del Paraguay.

La principal característica del Protocolo es la identificación del Estado con la figura de los presidentes para, en el nombre de la "defensa de la democracia", defenderse unos a otros.

Caso Matanza Curuguaty

Ha quedado demostrado con los hechos acaecidos en los Campos Morombi, Curuguaty, Departamento de Canindeyú, la patente inoperancia, negligencia, ineptitud e improvisación de este gobierno liderado por Presidente Fernando Lugo Méndez, que amerita la acusación de la Cámara de Diputados por mal desempeño de funciones ante la Cámara de Senadores.

Fernando Lugo, desde que asumió la presidencia, gobierna promoviendo el odio entre los paraguayos, la lucha violenta entre pobres y ricos, la justicia por mano propia y la violación del derecho de propiedad, atentando contra la Carta Magna.

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