Archivar proyecto de ley mordaza

Análisis de HOY



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Lo que mal comienza, mal termina. Y la aprobación del Proyecto de Ley Orgánica de Comunicación comenzó de forma equivocada, con una deformada posición gubernamental frente a los medios de comunicación. El presidente de la República ha atacado de forma reiterada, cada semana, en sus cadenas sabatinas, a medios de comunicación y periodistas. En su mensaje de asunción del nuevo mandato bajo la Constitución de Montecristi, declaró que medios de comunicación y periodistas habían sido los principales opositores de su Gobierno. Claro que se refería a medios y periodistas independientes. Porque un importante grupo de medios incautados a los ex banqueros y que debían venderse para resarcir a los depositantes perjudicados ha quedado en manos del Gobierno y es manejado en consonancia con sus intereses.

Esa deformada posición gubernamental de considerar a los medios de comunicación un poder opositor y no un servicio ciudadano llegó a plantear la necesidad de un organismo de control en el plano continental "para defender a los Gobiernos de los abusos de la prensa". Este peregrino planteamiento no ha llegado a presentar el presidente Correa en el seno de la Unasur, como anunció.

En este contexto, no causan sorpresa ni el Proyecto de Ley de Comunicación oficial presentado por Rolando Panchana ni el proyecto que, con cosméticas modificaciones, terminó por aprobar la mayoría gubernamental en el comité ocasional designado para ello en la Asamblea. El espíritu es el mismo: poner en manos del Gobierno el control de los medios y, para ello, crear un aparato burocrático punitivo. El Consejo de Comunicación, que en el proyecto de Panchana estaba presidido por el representante del presidente de la República con voto dirimente y seis vocales más (de ellos dos más del Gobierno), cuenta ahora con seis integrantes, dos del Gobierno -representantes de los ministerios de Educación y de Cultura-, tres designados por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social -organismo en el que el Gobierno tiene la sartén por el mango- y un representante de las escuelas de Comunicación de las universidades. El Consejo de Comunicación tiene potestad para amonestar, multar, suspender o clausurar los medios. Es juez y parte al mismo tiempo.

Esta es una de las lesiones evidentes a la libertad de expresión y de prensa en el proyecto oficialista. El presidente de la Asamblea, Fernando Cordero, ha prometido botar el proyecto al tacho de basura si afecta a esas libertades básicas. No hace falta que llegue a tanto. Basta que lo archive. El proyecto debe gestarse otra vez, con un espíritu distinto, de protección al derecho ciudadano a la información libre.

Hora GMT: 26/Noviembre/2009 - 05:10