10 de Luluncoto: un peritaje informático siembra dudas

La orden de prisión no salió de la computadora del juez respectivo

¿De dónde salió la orden de detención contra los diez de Luluncoto? Según los documentos oficiales, del despacho del juez vigésimo segundo de Garantías Penales de Pichincha, Juan Pablo Hernández. Él, supuestamente, la emitió en consideración del pedido presentado por la fiscal Diana Fernández León. Sin embargo, el informe de un perito informático parece desmentir tanto lo uno como lo otro. Ese informe, un documento de siete páginas al que se adjuntan dos discos duros externos, ha sido incorporado en el proceso y es uno de los ases de la defensa en este juicio por sabotaje y terrorismo..

Rafael Melgarejo se posesionó como perito el pasado 14 de noviembre ante el mismo juez Hernández y pasó, según su propio informe, nueve días ubicando y revisando los sistemas informáticos (computadora e impresora) del juez, la fiscal y sus respectivos ayudantes. En ninguno de ellos pudo hallar rastro de los documentos: "no encontré el archivo ni partes del oficio en mención", es la frase que se repite cuatro veces en el informe.

Esto incluye el pedido de la fiscal así como la orden de detención, allanamiento e incautación. El perito debía también verificar el origen de otros documentos, incluyendo un pedido de orden de denteción dirigido a la fiscal por el jefe de la Unidad de Lucha contra el Crimen Organizado (ULCO) de la Policía, Maura Vargas. Sin embargo, en dicha institución se le negó el acceso a los sistemas informáticos..

Todos los documentos incluyen los nombres de los diez detenidos, lo cual despertó la sospechas de los defensores: "la policía no conocía con anticipación los nombres de los detenidos", asegura Ciro Guzmán, uno de los abogados defensores..

Según el penalista Ramiro García, otro integrante del equipo de la defensa, el peritaje de Rafael Melgarejo hace suponer que las órdenes de detención, allanamiento e incautación fueron fraguadas después de la detención de los diez jóvenes.

"Esto configura un delito adicional al de la violación de derechos -dijo-. Aquí estamos ante un caso de falsedad de instrumento público, falsedad ideológica, que se castiga con prisión".

García confirmó a este diario que el peritaje está incorporado en el proceso.