'Asumo mi responsabilidad en la transferencia de los recursos'

La asociación ,mediante una resolución, entregó a sus agremiados un bono, pero no es la única institución autónoma que lo hace...



Más que los indicios de responsabilidad penal establecidos por la Contraloría, al ex procurador general del Estado Xavier Garaycoa le preocupa si fue prudente o no asignar los recursos a la Asociación de Servidores de la Procuraduría.

Por ello consideró que el caso debe ser analizado por un Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en virtud de que el tema se enmarcaría en la prudencia administrativa.

En diálogo con BLANCO Y NEGRO, Garaycoa afirmó que los recursos destinados a la Asociación ($6 870 000) salieron de los fondos propios de la institución y no de los recursos provenientes del presupuesto del Estado.

No obstante, el ex procurador manifestó que el dinero lo entregó para que la Asociación adquiera dos centros de capacitación para los funcionarios de la Procuraduría y no para el "bono espiritual".

Tres son los aspectos legales en los cuales se basó para realizar la transferencia. El primero tiene que ver con el cumplimiento del art. 17 de la Ley de Regulación Económica y Gasto Público que establece que se pueden traspasar fondos públicos para programas científicos, culturales y turísticos.

El segundo se refiere a una consulta realizada en 1999 por el ex procurador de esa época al entonces contralor Alfredo Corral, quien avaló los traspasos a la Asociación.

Por último destacó el precedente de que la Contraloría nunca hizo observaciones a la entrega del bono durante administraciones anteriores. "Si hubieran sido observados, ya no se podía hacer a futuro. Además, el director de la Asesoría Jurídica de la Contraloría dijo que el traspaso que se hizo era para fines de año y que estaba justificado, pero que no lo estaba la capacitación. Yo no veo en qué dimensión se pueda comparar", afirmó.

Con la vigencia del nuevo marco constitucional, Garaycoa advirtió que es responsabilidad del Estado proteger los derechos de la ciudadanía y señaló que el no haber observado correctamente los procesos hace que se hayan cometido errores.

"Debe prevalecer derecho a la acción de protección"

La policía mediante la búsqueda de los 16 empleados de la entidad que tienen orden de prisión

El pasado 9 de enero, la Policía detuvo al director financiero de la Procuraduría, César Quintana, quien es investigado por la presunta entrega ilegal de bonos.

Quintana fue detenido en una casa en el sector de Cotocollao, al norte de Quito, y fue llevado hasta las instalaciones de la Policía Judicial. En ese dependencia se realizó la audiencia de confrontación, dirigida por el juez tercero de lo Penal de Pichincha, Luis Fernández.

En la diligencia, el juez escuchó a la defensa del funcionario, que pidió que no sea trasladado al Centro de Detención Provisional (CDP).

Finalmente, el juez decidió oficializar el arresto de Quintana y ordenar que sea trasladado al CDP.

Las autoridades policiales mantienen la búsqueda de otros 16 trabajadores de la Procuraduría que permanecen prófugos y que enfrentan cargos por mal manejo de fondos públicos, en el caso de cobro excesivo de bonos y compra indebida de bienes inmuebles.

El procurador Diego García anunció que iniciará sumarios administrativos, pues los 17 empleados sobre quienes pesa una orden de prisión sobrepasaron los tres días consecutivos sin asistir a sus puestos de trabajo. Sobre esto, la defensa del ex procurador Xavier Garaycoa aseguró que debe prevalecer el derecho a la acción de protección previsto en el art. 88 de la Constitución (SR)

En este sentido, dijo, no haber entregado ni haber recibido ningún dinero por concepto del "bono espiritual" y más bien insistió en que el trato que recibe es con dedicatoria. "Situaciones similares se evidencian en otras instituciones autónomas", precisó. (VG)

"Todas las instituciones en en el país reciben bonos"

Según Acosta, si existiera delito, lo habría cometido el ex procurador por ser quien emitió las dos resoluciones

Para el abogado defensor de tres de los 17 implicados en el caso del "bono espiritual", Jorge Acosta, no existe delito por parte de sus defendidos, al no ser ellos los que solicitaron la transferencia de esos dineros a sus cuentas personales.

Acosta dijo que en su opinión el delito, si es que lo hubiere, lo cometió el ex procurador Xavier Garaycoa, porque los dineros de esa entidad estaban bajo custodia y responsabilidad de su titular, el procurador general del Estado.

Añadió que Garaycoa ordenó la entrega de bonos a los empleados y funcionarios, y una prueba de ello son dos resoluciones que dictó para que se realicen esas transferencias.

Aclaró, además, que el dinero estuvo en la cuenta de Asopge pero de la anterior Directiva, no de la actual, que ordenó la entrega.

La defensa de tres imputados también explicó que, mientras estuvo el procurador Diego Gracía, él conoció de esa transferencia; "por lo que no entiendo porqué no impidió la entrega del dinero, de manera que si existiera delito también habría incurrido en él, el procurador actual por omisión", recalcó

Finalmente, argumentó que bonos reciben todas las entidades autónomas. "Las superintendencias de Bancos, Compañías, Banco Central, AGD y otras instituciones, entonces la mitad de la administración pública debería estar en la cárcel", sostuvo. (SR)

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Hora GMT: 19/Enero/2009 - 05:01