Por Elsa de Mena
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Que en la República de Honduras se ha roto el orden constitucional no cabe duda y que es un hecho condenable, también. Sin embargo, sí llama profundamente la atención el recurso que ha presentado la OEA para quienes prácticamente pretendieron eliminarla con la formación de la Alba que, según el presidente Chávez, estaba destinada a sustituirle.
Los mismos que han despreciado los documentos de sustento de la OEA y su Carta Democrática, que ahora es invocada como soporte de legitimidad. Cómo deben costar en estos momentos al presidente Zelaya sus palabras ofensivas a la Organización Americana.
Cuéntas veces el deseo de eliminar la presencia del "imperio" animaba al mismo tiempo la anulación de la OEA. Atrás han quedado ahora los pronunciamientos sobre la necesidad de sustituir todos los organismos de adhesión en el ámbito continental y mundial, que incluyó a las Naciones Unidas.
Si las relaciones internacionales caen bajo liderazgos personales y no institucionales, cabe preguntarse: ¿Cuál sería la dirección política? ¿Sería dable la intervención armada como se ha solicitado en esta ocasión? ¿Constituiría un principio de convivencia entre las naciones la no intervención y la autodeterminación de los pueblos?; ¿Se permitiría un régimen plural de partidos y organizaciones políticas, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales, según consta en la Carta Democrática Interamericana?
También llama la atención que quienes más reclaman airadamente por la ruptura del orden constitucional en Honduras sean precisamente los que fraguaron golpes de Estado que el periodismo latinoamericano se ha encargado de recordarnos y los que han perpetuado una dictadura que ha superado ya los cincuenta años.
Es incomprensible también que aquellos que han condenado el bloqueo a Cuba hoy pidan sanciones de ese tipo para Honduras. Sorprende la falta de coherencia y el fundamentalismo de la ideología, aquella que precisamente está rechazando el pueblo hondureño.
He escuchado las reflexiones siempre lúcidas del ex canciller José Ayala Lasso sobre la responsabilidad que tuvo el Ejecutivo de esa nación al "tensionar la política interna" con el fin de lograr la reelección presidencial.
La interrupción de la alternabilidad en el poder también constituye una grave lesión a la democracia, a la posibilidad del control social y a la exigencia de rendición de cuentas. El resultado es un grave resquebrajamiento institucional que atenta contra la seguridad de los ciudadanos. Esta es una preocupación legítima y comprensible del pueblo hondureño que, al parecer, el secretario general de la OEA no ha podido analizar.
La sujeción a la Ley es deber fundamental de los que reciben del pueblo el encargo temporal del poder. Comprender esto haría que se extremen las medidas de respeto al mandato, a la separación de poderes, a las instancias legislativa y judicial. La ambición de poder y la pretensión de perpetuarse en este cambian y desorientan la naturaleza del sistema presidencial hacia un tipo de absolutism, que no puede justificarse, ni aún por la necesidad de cambios profundos en la sociedad.
Hora GMT: 04/Julio/2009 - 05:07
