Por Enrique Valle Andrade
Según los considerandos y la exposición de motivos de la Ley Orgánica de Creación de la Red de Seguridad Financiera, es necesario crear una base sobre la que se sustente el sistema, que esté conformada por una adecuada supervisión preventiva, un fondo de liquidez, un seguro de depósitos y un nuevo esquema de resolución bancaria. De estos cuatro pilares, el fondo de liquidez tiene como propósito constituirse en prestamista de última instancia para las instituciones financieras que tuvieren problemas de liquidez. Su fundamento radica en que desde que el Banco Central dejó de tener esa calidad al adoptarse el esquema de dolarización se hace necesario que ante eventuales situaciones de iliquidez, las instituciones financieras puedan contar con una fuente de abastecimiento de dinero para enfrentarlas. Desde que el país se dolarizó y los bancos dejaron de tener su prestamista de emergencia, estas instituciones se vieron en la necesidad de crear su propia reserva de liquidez y, para ello, hicieron colocaciones en el exterior de una apreciable proporción de sus recursos de inmediata disponibilidad. Actualmente esos fondos se aproximan a los $4 000 millones. Las colocaciones han sido efectuadas con buen criterio, al punto que la crisis financiera mundial, que ha causado la quiebra de algunas de las más grandes instituciones bancarias y bursátiles del mundo, no ha afectado a la banca nacional, que colocó sus reservas líquidas sin exponerlas a riesgos innecesarios. El Gobierno nunca vio con buenos ojos esta prudente estrategia, pues ha estimado que los bancos no ponían ese dinero al servicio del desarrollo y las necesidades de crédito en el país. Para eso creó este Fondo de Liquidez, que será manejado por funcionarios que responden a directrices gubernamentales.
Pero, hay razones para preocuparse seriamente. De acuerdo con la ley, los recursos del fondo deben invertirse en activos de alta liquidez, tomando en cuenta criterios de seguridad, liquidez, diversificación y rentabilidad, y preferentemente en América Latina, en entidades emisoras que tengan calificación AA o superior. Pero como en América Latina ninguna entidad emisora -no se diga el Ecuador- tiene esa calificación, el presidente ha vetado el proyecto, proponiendo que se elimine aquello de la calificación AA. Esto tendría su explicación si resultaran ciertas las afirmaciones de que el Gobierno tendría en mente disponer que el Fondo invierta en bonos de la deuda pública ecuatoriana, igual que ha debido hacerlo el IESS, para ayudar a solucionar los problemas de caja del Fisco ecuatoriano. Esto desnaturalizaría el objeto de la creación de ese fondo, pues en caso de iliquidez del sistema financiero, no habría la posibilidad de obtenerla negociando dichos bonos, pues, por razones obvias, no son apetecibles como inversión en ningún mercado, a menos que se acepte un oneroso castigo en el precio y, consecuentemente, una pérdida.
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Hora GMT: 31/Diciembre/2008 - 05:09
