¿Fiscalización o pantomima?

Por Xavier Neira Menéndez

ppviche@hoy.com.ec

Así como el legislador Galo Lara fracasó en su intento por interpelar al ministro Marún, el juicio político al ex ministro Larrea ("caso Angostura") difícilmente se llevará a cabo, por componendas de la mayoría gobiernista. La Comisión de Fiscalización, para guardar las apariencias en temporada electoral, acaba de calificar el pedido del legislador Logroño e inició el proceso que probablemente no concluirá "por falta de pruebas". Ojalá Julio Logroño agote recursos parlamentarios para que las evidencias que aún se ocultan salgan a la luz. El libro de Arturo Torres, por ejemplo, sobre los "secretos de Angostura", puede ayudar mucho. El cúmulo de contradicciones y dobles discursos entre miembros y ex miembros del Gobierno, así como los tristes episodios protagonizados por oficiales de la fuerza pública, también. Paradójicamente, el congresillo no fiscalizó hasta hoy, pero hay una Comisión (ad hoc) de la Verdad cuyo trabajo carecerá de valor jurídico.

El enjuiciamiento político a los ministros, potestad legislativa a la que se refieren los arts. 120, 131 y otros de la Constitución, está bloqueado por el propio congresillo, que se ha ganado, con sobra de méritos, ese vergonzoso apelativo. Es tan descarado el encubrimiento al Gobierno que, a la postre, el proceso de fiscalización se convierte en un fiasco porque revela el maridaje existente y la ninguna independencia del legislativo, que actúa supeditado a las conveniencias del gobernante. Galo Lara fracasó como interpelante, pero hoy lidera las preferencias electorales para asambleísta en Los Ríos, y se alzaría al menos con dos curules. El Reglamento de Fiscalización aprobado por el Consejo de Administración Legislativa (CAL) está direccionado a impedir cuanto enjuiciamiento político se quiera, pues viola (art. 19 y 20) no solo la facultad constitucional que tienen los comisionados para interpelar, sino también el propio Mandato 23 que dió vida al CAL en virtud de lo ordenado en el art. 17 del régimen de transición aprobado por el pueblo, en el combo constitucional. ¿En qué queda entonces la supremacía constitucional consagrada en la Carta Política (título IX)? ¿No resulta incongruente que siete comisionados que integran el CAL dicten un reglamento amañado para bloquear cualquier ejercicio serio de fiscalización? ¿Y el derecho constitucionalmente privativo del legislador a interpelar se nulita cuando los mencionados arts. 19 y 20 condicionan el juicio político a lo que recomiende la Comisión de Fiscalización? Y el art. 11, numerales 4 y 5, de la Constitución, ¿son adorno?

Es práctica parlamentaria universal -consagrada también aquí- que los juicios políticos deben ser debatidos y resueltos en el pleno de la Función Legislativa. Y la valoración de las pruebas con que cuenta un legislador para llamar a rendir cuentas a un ministro o ex ministro, así como el análisis de los descargos del procesado, corresponde al congresillo, pues el Mandato 23 en su art. 32 reitera que es el pleno del congresillo el que ejerce la fiscalización y el control político, "de acuerdo a las disposiciones de la Constitución".

No hay mas vueltas que darle. La fiscalización es un fiasco. Mas bien dicho, una pantomima inventada por la "revolución ciudadana". "Dejemos el pasado atrás", reza la carátula de la nueva Constitución. ¡Qué descaro!

Hora GMT: 06/Abril/2009 - 05:04