¿Y la seguridad jurídica?

En segunda instancia se ratificó la sentencia que ordena a Chevrón el pago de una indemnización por casi $9 mil millones

Por: César Coronel Garcés
ccoronelg@hoy.com.ec
En el año 1993, algunos pobladores amazónicos demandaron a Texaco por supuesta contaminación ambiental mientras perforaba 325 pozos entre 1964 y 1992.

Ahora, analicemos lo que pasó antes: Cuando Texaco se iba de Ecuador porque no le renovaron el contrato que terminaba en el año 1998, se hicieron auditorías que demostraron la existencia de pasivos ambientales, pero también se determinó en ese estudio que las operaciones de Texaco en el Ecuador fueron conforme a las leyes ecuatorianas y estándares internacionales de producción de petróleo.

Ante la existencia de un pasivo ambiental, el consorcio (Petroecuador-Texaco) debía hacer una remediación que fue pactada por el Estado y Texaco en cumplimiento con sus contratos y sus obligaciones legales vigentes para esa época. El ofrecimiento se cumplió y Texaco gastó más $40 millones en remediar 162 piscinas de residuos y otras labores. Este trabajo fue debidamente auditado, llegando en el año 1998 a la firma de un acta final donde liberaron a Texaco de toda futura responsabilidad por problemas que podrían existir en la zona.

Es importante acotar que cuando Texaco hizo su remediación, quedaba a responsabilidad de Petroecuador hacer su parte como socio mayoritario con 65.5% del consorcio, quien recién empezó a hacerlo hace pocos años.

Petroecuador no solamente es responsable por su parte de lo que hizo antes del año 90, sino los 21 años que vinieron después, donde es el único operador de esta zona que ha tenido un cuestionable récord ambiental, por lo tanto, cualquier solución debe involucrar al Estado ecuatoriano por ser los únicos responsables de los problemas en la zona.

Hace algunos años, Texaco fue comprada por la compañía Chevrón, la actual demandada. El caso ahora está en segunda instancia donde se ratificó la sentencia que ordena a Chevrón el pago de una indemnización por casi $9 mil millones para remediaciones ambientales. Este ha sido un proceso lleno de cuestionamientos, incluso los informes técnicos en los que se basó la sentencia fueron elaborados por peritos pagados por la parte acusadora, todo esto se supo mediante acciones judiciales en Estados Unidos que incluso han llegado a descubir correos con horrorosas confesiones de los abogados de los demandante respecto a sus actuaciones en este proceso.

Esta sentencia es legal e ilegítima porque pretende aplicar normas actuales a un asunto del pasado, violando el principio de irretroactividad; demandan a una empresa que ya fue liberada de toda responsabilidad y no a Petroecuador que tuvo mayor participación en esa operación; se ha demostrado hasta la saciedad quiénes están detrás del caso y sus mañosas actuaciones; y, buscan mediante estrategias comunicacionales, mañas judiciales y apoyos políticos, ganar lo que en derecho no les corresponde.

Hay que dejar claro que las leyes de hoy no se pueden aplicar a asuntos del pasado, es lo que quisieron y no pudieron hacer con Ecapag y es lo mismo que están intentando hacer con Cervecería Nacional y ahora con Chevrón.

Todo esto pone en entredicho la existencia de seguridad jurídica en el Ecuador, provocando temor a inversores extranjeros y la fuga de capitales ya invertidos en el país.