¿Tontos o tiranos?

Por Carlos Jijón

carlosj@hoy.com.ec

Escuché al asambleísta Rolando Panchana decir que "hay que ser tonto para perseguir a los medios". Yo no creo que sean tontos. Lo que creo es que intentan diseñar un mecanismo jurídico que permita al poder cerrar a los medios de comunicación que pretendan hacer periodismo con independencia. No se trata pues, de un problema de inteligencia o tontería, sino que está relacionado con la democracia y la vigencia de las libertades. El problema es que no son tontos, sino que aspiran a la tiranía. Y para sostener esa afirmación, creo que basta analizar la manera cómo se plantea conformar ese nuevo consejo nacional de información que será utilizado como el instrumento a través del cual el Gobierno pueda cerrar un medio y, de esa manera, amordazar a la sociedad.

Según la última propuesta de la asambleísta Betty Carrillo, el Consejo Nacional de Comunicación, que tendrá el poder para sancionar a los medios de comunicación hasta con la clausura, será presidido por un delegado del presidente de la República y, además, integrado por un delegado del ministro de Educación, otro del ministro de Telecomunicaciones, un representante de las facultades de Comunicación del país y tres representantes de la ciudadanía, elegidos por el Consejo de Participación Ciudadana. Esto es que, de siete miembros, tal como están las circunstancias, seis podrán ser controlados de manera directa o indirecta por el Gobierno. Alguien podrá argumentar que los tres representantes de la ciudadanía elegidos, mediante concurso por el tal Consejo de Participación Ciudadana, serán independientes de los políticos. Yo no lo creo. Solo miren cómo se ha comportado el primer Consejo de Participación Ciudadana para advertir que la independencia de ese organismo no es más que una ilusión.

Con todo, lo más grave es que se plantee como que fuera normal que un delegado del presidente de la República deba integrar un consejo, entre cuyas facultades se encuentre la de juzgar el contenido de los medios de comunicación. Eso es un absurdo democrático. Y resulta, por tanto, contrario al espíritu de la Constitución, incluso de esa que redactaron en Montecristi.

Es necesario repetirlo: en las repúblicas, los presidentes no juzgan ni sancionan a nadie; esa es función de los jueces. Por lo tanto, no es admisible que exista en el tal consejo un delegado del primer mandatario ni ninguno del Poder Ejecutivo.

Son los políticos los que deben ser controlados por la sociedad. No es al revés. No en las democracias.

Durante años, escuché la teoría que bajo el nombre de "contraloría social" planteaba la tesis de que, en las democracias participativas, la sociedad debía poder controlar el poder. Hasta ahí, perfectamente de acuerdo. La debilidad de la tesis, en mi criterio, radicaba en la manera cómo la sociedad iba a escoger a esos representantes para que controlen al poder. El problema es que, con ese mismo argumento, ahora son los políticos los que quieren controlar a la sociedad. La Ley de Comunicación será el instrumento para ello.

Hora GMT: 19/Noviembre/2009 - 05:08