TRANSPARENCIA, TAREA INCOMPLETA AÚN
Luis Boada
El pasado 18 de mayo se cumplieron cinco años desde que fue
publicada en el Registro Oficial 337 la Ley Orgánica de
Transparencia y Acceso a la Información Pública (Lotaip). Las
evaluaciones en este período, realizadas a través de diversas
mediciones, arrojan saldos negativos respecto a los niveles de
cumplimiento de la ley y al propio conocimiento y comprehensión
de la misma.
Las evaluaciones se concentran en tres aspectos mandatarios de
la ley: el registro anual de solicitudes de acceso a la
información, la difusión de la información institucional a
través del portal en Internet y el trámite de demandas
interpuestas por intermedio de la Defensoría del Pueblo.
El primer punto no deja dudas respecto al incumplimiento: este
año 140 instituciones entregaron a tiempo en la Defensoría del
Pueblo el reporte anual de las solicitudes de acceso a la
información, dentro de un universo de 5 000. En 2005, según
publicó HOY al primer año de vigencia de la ley, 100 entidades
entregaron la información.
En cuanto a la obligación de difundir información institucional
a través de la web, no existe un registro global de esa gestión
entre las 5 000 entidades públicas y privadas que reciben fondos
estatales.
Desde 2005, solo hay informes de muestreos. Ese año, de una
muestra de 316 entidades, solo 43,97% habían montado un portal y
de ellas 56,97% no cumplían con los contenidos establecidos en
el art. 7 de la ley. En ese entonces, las limitaciones del
organismos rector empujaron asociaciones estratégicas con
organismos dedicados a transparentar la gestión.
Así, el pasado miércoles, se presentaron informes impulsados por
Participación Ciudadana (PC) y la Coalición Acceso a la
Información (CAI), sobre el seguimiento de algunas entidades en
el cumplimiento del art. 7. En un monitoreo de PC a 20 entidades
en Guayas hay datos reveladores. Al menos dos instituciones
públicas (Categ y IESS) registraban entre 0% y 35,5% de
cumplimiento en un período comprendido entre junio de 2008 y
marzo de 2009. Cinco entidades, estaban entre el 51,5% y el
59,13%; siete entre el 70,8% y el 90,93%, y tres entre el
91,73%, 93,73% y 96,67%. En este último rango se encontraban, en
ese orden, la CFN, la Contraloría y el Municipio de Guayaquil.
Pero, ¿cómo se pueda interpretar esos resultados? Para la
autoridad, es una evidencia de la voluntad para transparentar la
información, pero también refleja desconocimiento o mal manejo
de la ley.
Al menos esa es la percepción que tiene sobre los portales
Camilo Restrepo, comisionado de Transparencia de la Defensoría
del Pueblo, quien destaca que aún hay limitaciones operativas
para hacer el seguimiento y para lograr consolidar una cultura
institucional de cumplimiento.
Daniel Barragán, vocero de la CAI, considera que parte del
incumplimiento radica en aspectos poco claros de la ley. En
esencia, se refiere al art. 7 que contiene 20 literales sobre la
información que debe contener cada portal. Eso habrían generado
la diversidad de interpretaciones.
Frente a esas divergencias, la autoridad rectora ha trabajado
junto a esas organizaciones en un manual sobre los criterios de
aplicación del art. 7.
la historia de incumplimientos empezó con la puesta en vigencia
de la propia ley, impulsada por la Asociación Ecuatoriana de
Editores de Periódicos (Aedep) desde 2000. Su publicación se
concretó el 18 de mayo de 2005. Los problemas empezaron con las
dilaciones del presidente Lucio Gutiérrez para la promulgación
del reglamento, lo que se produjo ocho meses después, el 19 de
enero de 2005.
El Ejecutivo, que demoró el reconocimiento de la Declaración de
Chapultepec, justificó la tardanza declarando una aguda
diferencia de criterios.
No obstante, la primera versión tuvo varias objeciones, sobre
todo al haberse excedido en el marco de la reserva a temas que
no estaban contemplados en la ley y que implicaban aspectos se
seguridad del Estado. Entre los temas incluidos estaba la
información relativa a la propiedad intelectual y a aquella ya
protegida por el sigilo bancario, comercial, industrial
tecnológico o bursátil, etc.
Solo un año después de haberse publicado la ley en el Registro
Oficial, el presidente Alfredo Palacio expidió una reforma al
reglamento de su antecesor. En la nueva versión se limitó la
calificación de reserva exclusivamente a aquella información que
ha sido calificada previamente en esa categoría por parte del
Consejo Nacional de Seguridad, organismo que por otro lado ha
sido suprimido en el actual período presidencial.
En la primera versión también se amplió la responsabilidad de la
Defensoría del Pueblo en el control y seguimiento de la
creación, difusión de contenidos obligatorios y actualización de
las páginas web de las instituciones públicas.
En 2005, esa facultad ampliada reveló una primera debilidad
debido a las limitaciones de una entidad con pocos recursos.
Así, un grupo de cuatro personas debía supervisar el
cumplimiento de la ley entre un universo de 5 000 entidades
públicas. Hace cuatro años, esa dependencia empezó su trabajo
con dos computadoras. Hoy existe una unidad de sistema que da
apoyo a tres responsables directos del monitoreo. En todo caso,
esa dependencia entra en una reestructuración general.
La presión ciudadana crece, poco a poco...
La Defensoría del Pueblo tiene un registro de 684 trámites de
pedidos de información de ciudadanos comunes a escala nacional
entre 2007 y lo que va de 2009. Esos trámites se dieron tras
negativa de los titulares de las instituciones a las que se
hacía la petición.
Las peticiones entre los medios de comunicación son periódicas.
Diario HOY, por ejemplo, ha realizado al menos tres peticiones
de información en los últimos tres meses dentro del área de
investigación. Una de ellas, en tres cartas distintas, fue sobre
el detalle económico y de costos del proyecto Oret dentro del
convenio del Ministerio de Salud con Holanda. La ministra
Caroline Chang solo remitió un listado general de costos. En
2006, El Universo obtuvo por vía judicial la lista del personal
del Congreso tras la negativa oficial.
A paso lento
- 140 entidades entregaron este año registros de pedidos de información
- 100 fueron las entidades que cumplieron con esa obligación en 2005
- La LOTAIP llega por iniciativa de gremios de periódicos del país y pasa varios vericuetos antes de ser ley y luego aplicarse
- El 30 de septiembre de 2002, la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (Aedep) presenta proyecto al Ejecutivo.
- El 1.° de junio de 2003, la Comisión de Gestión Pública emite informe de primer debate. Gremios de radio y TV apoyan el proyecto.
- El 31 de enero de 2003, con aval de la Aedep, diputados de varias bancadas presentan el proyecto en el Congreso.
- El 14 de julio se da trámite al proyecto. Varios organismos exhortan al Congreso a darle trámite y aprobación.
- El 2 de marzo de 2004, se entrega informe del proyecto para segundo debate. El Pleno del Congreso, del 14 de marzo al 4 de mayo, entra al debate final y a la aprobación final de la ley.
- El 18 de mayo de 2004, el nuevo cuerpo legal es publicado en el Registro Oficial.
- Tras ocho meses de espera, el 19 de enero de 2005, el presidente Lucio Gutiérrez promulga el reglamento de la Lotaip.
- La reforma al reglamento, promulgada por el presidente Palacio, finalmente va al Registro Oficial el 7 de junio de 2005.
- El 28 de mayo de 2005, Alfredo Palacio presenta una reforma integral al Reglamento de la Lotaip
- En 2009, a organismos que promueven la transparencia llegan algunas publicaciones sobre muestreos.