ECONOMÍA
 

SUBSIDIOS: ENTRE EL GASTO PÚBLICO Y LA INVERSIÓN SOCIAL
 

Daniela Barona , Sección Dinero


SI BIEN NO HAY UN MONTO CONSOLIDADO DE INVERSIÓN EN INCENTIVOS SOCIALES SE PREVÉ QUE SIGA CRECIENDO. A PESAR DE LA OPOSICIÓN EL GOBIERNO ASEGURA QUE CONTINUARÁ CON ESTA POLÍTICA DE AYUDA

Cuánto entregó el gobierno en subsidios en 2008 es una cifra casi “misteriosa”. Si bien, según la Proforma Presupuestaria del año anterior, la inversión bordearía los $3 879 millones, en el Ministerio de Finanzas se ha confirmado que este presupuesto se incrementó. Algunos datos lo confirman. Unos $350 millones estaba destinados para la entrega del Bono de Desarrollo Humano; sin embargo, según María Elsa Viteri, titular de la Secretaria de Estado se esperaba terminar el año con una inversión de $450 millones.
En el caso de los incentivos para vivienda, lo entregado también sobrepasó el pronóstico. Walter Solís, subsecretario del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (Miduvi) indicó que a nivel nacional hasta octubre de 2008 se entregaron aproximadamente 76 mil bonos ($263 millones de inversión) cuando el objetivo era adjudicar 70 mil. Y aun más ambiciosa era la meta hasta diciembre ya que se esperaba alcanzar los cien millones de bonos entregados.


Un usuario carga gasolina en su vehículo. La gasolina es uno de las materias primas subsidiadas

En otros sectores también se esperaba un crecimiento a principios de 2008. En el sector eléctrico se estimaba invertir $230 millones, con un incremento del 666% frente a 2007 cuando este rubro alcanzó los $30, según los datos recopilados por el Instituto Ecuatoriano de Economía Política (IEEP). En cuanto al subsidio a la gasolina se pronosticaba una inversión de $534 millones con un incremento del 52% frente al año 2007.
Con todos los incrementos la pregunta que cabe es si los subsidios son el resultado de Estados paternalistas o si es deber del país entregar esta ayuda a los ciudadanos. Para Solís la respuesta es simple y la clarifica con un ejemplo. Para una madre soltera con tres hijos a su cargo, que percibe un ingreso de un dólar diario es impensable adquirir una vivienda, por lo que es deber del Estado dar las facilidades a esa familia.

Y PARA MUESTRA UN BOTÓN...Elizabeth Ramírez (35), vendedora, añoró tener casa propia por más de 15 años. El camino para conseguirla no fue fácil. Luego de haber ahorrado 6 millones de sucres durante seis años, una estafa hizo desaparecer el dinero que traería la tan esperada propiedad. Ella siguió soñando pero sin la posibilidad de hacer realidad su anhelo. Seis años después de la estafa y con lágrimas en los ojos cuenta como ahora vive en “una casa decente”, de dos pisos, con sala, comedor, y tres dormitorios. Sus dos hijas tienen su propio cuarto y a decir de su madre sienten aún que viven una fantasía.
Pero ¿qué pasó en el intermedio, entre la estafa y la casa propia? Ramírez dice que recuperó la esperanza al ver una propaganda del Gobierno que invitaba a las familias con poco capital a adquirir una vivienda propia. Después de las explicaciones pertinentes y de los trámites respectivos, la madre de familia, sostén de hogar, pudo tener su casa ubicada en el Conjunto Casa Alegre ubicada en la Autopista General Rumiñahui. El trato con el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (Miduvi) fue $2 000 de ahorro, $3 600 de subsidio entregado por el gobierno y unos $15 mil financiados a 10 años por una entidad bancaria.

EL AGRO TAMBIÉN CONSTRUYE SU CASA Hacia  el centro del país, en las poblaciones alrededor de Quevedo, unos 20 agricultores están aguardando para utilizar la ayuda del gobierno cuando el mal clima aceche sus sembríos. Ellos, en su mayoría pequeños productores, son beneficiarios de los kits del programa “Volver a sembrar” que tiene como fin la reactivación del agro y para el cual el gobierno planeó invertir unos $240 millones.
Mientras esperan que llegan el invierno, los agricultores aguardan con sus armas más eficaces: semillas certificadas, sacos de urea, fertilizantes y agroquímicos. La realidad para Wellington Casa, Presidente del Centro Agrícola Cantonal Quevedo es que un gran porcentaje de agricultores no pueden adquirir pesticidas por el alto costo de estos. Ahora la situación se torna esperanzadora; “en años anteriores el sector agropecuario jamás recibió ninguna ayuda” enfatizó.
¿QUÉ HAY CON ESO DE ENSEÑAR A PESCAR? Para Jaime Carrera, del Observatorio de Política fiscal los subisidios no permiten que una sociedad “ haga los esfuerzos que deben hacer para generar riqueza, producción y empleo y progresar en base al esfuerzo”. Para el especialista el monto que invierte el Estado en incentivos para la población debería canalizarse de otra manera. La creencia es que mientras más personas reciben subsidios más eficiente es la gestión del gobierno. Sin embargo debería ser al contrario: un menor número de beneficiarios debería significar que un mayor procentaje de población pasó a ser productiva.
Agregó que en este contexto la mayoría de incentivos no llega a las personas que deberían llegar, es decir a aquellos de escasos recursos sino a personas que sí podrían pagar un producto o servicio.
Y en ello coincide Martha Cordero, una ama de casa quien afirmó que está dispuesta a pagar hasta $3,50 por un tanque de gas frente a $1,60 que paga actualmente. Para ella debería haber una tarifa diferenciada de acuerdo a las posibilidades de cada familia.

''En tiempos de crisis mundial un país debe hacer ciertos ajustes en su política de subsidios''

Según una publicación del IEEP, escrita por el investigador Roberto Villacrés, un programa eficaz de incentivos debería cumplir con el principio de transitoriedad, esto ya que deben servir como una ayuda enfocada a una necesidad específica en el tiempo y una vez superada debe eliminarse para que los ciudadanos puedan esforzarse para conseguir sus metas.
SUBSIDIOS Y CRISIS FINANCIERA MUNDIAL
En época de crisis el Ecuador debe ajustar su correa. Para Patricio Ruiz, analista económico, en el contexto actual se debe hacer ciertos ajustes en la política de subsidios. Una de estas medidas debería ser reducir algunos y eliminar otros, indicó. “El gobierno deberá priorizar el gasto y la inversión y dentro de esto no se sacrificaría lo social, la salud y probablemente el Bono de Desarrollo Humano; lo que queda es reducción del subsidio al gas o a la gasolina” puntualizó.
Sin embargo, para Vladimir Jara, Presidente de la Unión de Cooperativas de Transporte de Taxis de Pichincha, con crisis o sin crisis, una carrera sin subsidio significaría precios altos para el usuario final y un encarecimiento de la tarifa, ya que cuando “sube la gasolina sube todo” señaló el conductor.
Para Carrera, si se mantienen los subisidios en el contexto de la crisis actual que aqueja a todo el mundo, el Ecuador no podrá sostener las cuentas públicas. De todas maneras para el experto la eliminación de cualquier incentivo estatal generaría el rechazo popular ya que las personas ya están acostumbradas a estos, por lo que llama a crear consensos entre todos los sectores para transferir los recursos destinados a la ayuda social hacia otros objetivos.

La ayuda del Estado debe ir acompañada de políticas públicas
Para Wilma Salgado, ex ministra de Finanzas, los subsidios en el Ecuador intentan palear las necesidades y desigualdades en la población. Sin embargo, sin políticas de producción que acompañen a estas ayudas no tiene mayor sentido los incentivos económicos.
Para la ex funcionaria, una de las medidas que podrían ser útiles a la hora de estratificar subsidios como el del gas es dotar del servicio a través de tuberías; así se podría focalizar la entrega hacia los sectores menos favorecidos.
Otra de las estrategias que podrían ser eficaces es entregar tarjetas de crédito a los agricultores con tasas de interés bajas conjugadas con políticas para la reactivación del agro. Esto ya que al momento “se concede créditos al productor pero sin la garantía de que se vaya a cumplir con éxito la producción” puntualizó. Asimismo se podría buscar acuerdos de cooperación e inversión con otros países.

La eliminación de los incentivos sociales no es una tarea fácil

Pedro Páez, ministro coordinador de la política económica, fue enfático en señalar que los subsidios se mantendrá ya que “no son un problema fiscal, tienen que ver con un nuevo modelo de desarrollo que aterrice las capacidades reales de sostenibilidad de la economía”. Aclaró que la eliminación de los mismos no es tan fácil, ni transparente, ni prudente.
Explicó que eliminar el subsidio al gas podría tener repercusión en el sector energético ya que los hogares demandarían mayor electricidad al usar cocinas eléctricas lo que generaría mayor demanda en este servicio. Para satisfacer esta necesidad el país debería “comprar energía termoeléctrica que se basa en la quema de diesel que también es subsidiado y con costos altísimos y que ha significado el costo de energía más alto de América Latina y la constitución de grandes fortunas personales para determinados intereses específicos” dijo..

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