REFORMA A LA SEGURIDAD SOCIAL

La competencia sin el IESS

La oferta de seguros médicos, hospitalarios, quirúrgicos... aumenta en el mercado. En Ecuador, la gran mayoría de personas de clase media y media alta contratan esos servicios por comodidad y rapidez en el momento de una eventualidad. Estos sistemas, conocidos como medicina prepagada, cubren hasta en un 90% a sus afiliados.
En Ecuador existen tres firmas que lideran el mercado por número de afiliado: Salud S.A., Ecuasanitas y Humana, las cuales han modificado sus planes de tal forma que exista uno para cada necesidad.
José Thome, vicepresidente de Ecuasanitas, con 24 años trabajando en el país bajo esta modalidad, asegura que los planes pueden asistir desde a un recién nacido hasta personas de 65 años de edad.
Explica que quienes deciden acogerse a un plan y tienen más de 40 años deben realizarse un examen previo a la firma del contrato, para detectar enfermedades cardíacas, diabetes y otras, las cuales no son cubiertas por ningún plan de Ecuasanitas.
La atención se brinda en Quito, en la Clínica Internacional. Patricio Ramos, representante de Humana, indica que la empresa tiene tres modalidades de medicina prepagada, que cubren hasta $10 000 y un 98% de las enfermedades que una persona puede sufrir. Señala que los planes no contemplan pre existencias médicas, por el alto costo que significa atender uno de estos casos. También aquí, el límite de edad para optar por un plan son 65 años.
Salud ofrece también seguros de vida por montos que van de $5 000 a $50 000, dependiendo de la cuota mensual.
Los costos de Salud varían dependiendo del sitio donde el afiliado desee ser atendido, si toma la opción A puede acceder a las clínicas Pasteur, San Francisco a un costo de $16 mensuales, pero sí decide ser atendido en el Metropolitano, su plan costará $36 mensuales.
Las opciones son amplias, los servicios aún más, sí decide optar por un plan de medicina pre pagada, individual o familiar, consulte con su economía y opte por el que mejor se ajuste a sus necesidades. (CA).

Publicado el 25 de diciembre de 2001

IESS, excluidos mayores de 50

Esta semana, los integrantes de la Confederación de Jubilados y Pensionistas del Ecuador estudiarán 'renglón por renglón' la nueva Ley del IESS (ya en vigencia), a fin de dar su contribución para perfeccionar el cuerpo legal.
Afirman que su intención es que se respeten los principios con que fue creado el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y manifiestan su molestia por el hecho de que las personas mayores de 50 años sean excluidas del nuevo esquema.
En efecto, las personas que hayan cumplido 50 años y un mes a partir de la entrada en vigencia de la ley, permanecerán obligatoriamente bajo el actual régimen: seguirán aportando al IESS en los montos establecidos, en el caso de los trabajadores, y continuarán recibiendo las pensiones en las cifras normales, con el ofrecimiento de mejorarlas, los jubilados.
Los empleados menores de 40 años pasan, a su vez, a depender de manera obligatoria del nuevo sistema: la aportación del empleado continuará siendo el 28,33% respecto de su salario; la salvedad es que ahora usted aportará el 23,5% de su sueldo, y esta cantidad continuará siendo nutriendo al IESS. El resto de la cuota, que provendrá de lo que los patrones asignaban a los fondos de reserva, irá a una empresa privada, por escoger, la que manejará estos fondos hasta que sea la hora de su retiro Quienes están entre los 40 y 49 años podrán elegir su pertenencia al nuevo esquema. (LAG, AAS).

Publicado el 10 de diciembre de 2001

Comisión Interventora, sin fecha de salida

La Constitución de 1998, que creó la Comisión Interventora (CI) del IESS que actualmente administra la institución señala que esta "cesará en sus funciones en el momento en que, de conformidad con la Ley, se posesionen los nuevos directivos, quienes continuarán con el proceso de reestructuración del IESS".
La nueva Ley de Seguridad Social entró en vigencia desde el anterior viernes, pero los plazos para que Alfredo Mancero, Enrique Arosemena y Gladis Palán directivos de la Comisión Interventora se separen de sus funciones serían una decisión del jefe de Estado, Gustavo Noboa Bejarano.
La reciente Ley tampoco fija plazos claros; solamente señala que hasta 30 días después de que sea promulgado el nuevo cuerpo legal, el jefe de Estado expedirá el reglamento para la Integración del Consejo Directivo. Sobre cuánto tiempo después serán elegidos y entrarán en funciones, nada se estipula.
Alexandra Vela (ex DP) insistía en que la Comisión Interventora debería permanecer todavía un tiempo, con el fin de organizar el proceso de transformación, para que la nuevo Consejo Directivo del IESS que se conformará con un representante del Ejecutivo, otro de los empleadores y otro de los afiliados asuma funciones en una institución ya modificada.
Nina Pacari (Pachakutik) rechazaba la propuesta, denunciando que los miembros de la Comisión Interventora estarían intentando prorrogar sus funciones como miembros del nuevo directorio.
Agregaba que, al oponerse a buena parte de lo que dice la Ley aprobada, los miembros de la Comisión Interventora "no harán el esfuerzo por aplicarla", por lo que todo seguiría igual, con una ley existente solo en papel.
"Además, la actual Comisión Interventora durante su permanencia, en vez de mejorar al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, lo ha empujado a la quiebra", concluyó Pacari. (AAS).

Publicado el 2 de diciembre de 2001

IESS, más cambios a ley

El grupo multipartidista del Congreso, conformado por la mayoría de bloques legislativos, a excepción del PSC, DP y ex DP, se reunió ayer por la tarde con el fin de aprobar un 'informe de trabajo' que será presentado al pleno para el debate sobre la Ley de Seguridad, en el que deberán modificarse 21 artículos declarados inconstitucionales por el Tribunal Constitucional (TC).
Entre los temas proscritos por el TC están los regímenes de cobertura diferenciados por los ingresos de los afiliados y la administración única de los fondos previsionales.
Víctor Hugo Sicouret (PRE), coordinador del grupo, preparó un borrador que comenzó a ser debatido ayer por la tarde.
Sicouret al igual que Francisco Celi asegura que la 'constitucionalización' de los artículos deberá incluir la desaparición de los regímenes, para así someterse al principio de solidaridad.
La propuesta dice, además, que los mecanismos de administración de los recursos donde podrían entrar las empresas privadas (Acaps) serían fijados por el mismo IESS, una vez que la ley entre en ejecución.
Juan Manuel Fuertes (DP) anunció que su bloque estudiará la propuesta para tomar una posición. "No vamos a desechar el trabajo por su origen", acotó.
El PSC insiste en que debe ser la Comisión de Gestión Pública del Congreso la que prepare un informe oficial. Al ser una ley orgánica, para la reformulación de los textos se requieren al menos 62 votos, pero no hay plazos.
El presidente de la Confederación Unica Nacional de Afiliados al Seguro Social Campesino (Confeunassc), Jorge Loor, dijo que de no darse los cambios propuestos, presentarán inmediatamente una demanda de inconstitucionalidad, para la que ya estarían recogiendo firmas.

El plazo del Legislativo vence el 18 de noviembre

Para allanarse o insistir sobre los textos que el Ejecutivo vetó por inconveniencia, el Parlamento tendría plazo hasta el 18 de noviembre, un mes después que el TC tomó su resolución y la remitió a la Función Legislativa.
Para insistir en su proyecto original, el Congreso deberá alcanzar 82 votos, meta difícil, según muchos diputados, tomando en cuenta su actual conformación.
Entre los artículos que no serían modificados están los referidos a los fondos de reserva. Según el proyecto aprobado por el Congreso, el afiliado podría reclamarlos cada ocho años. En su veto, el Ejecutivo plantea que estos estén disponibles solo en caso de vejez o invalidez.
Otro tema es el de los mecanismos de vigilancia de las administradoras del ahorro previsional. El Congreso señalaba que debía ser la Superintendencia de Bancos (SB) la que controle el sistema, mientras el Gobierno habla de la necesidad de crear una Superintendencia de Seguros (SS). Miguel Dávila, actual superintendente de Bancos, señaló semanas atrás que la SB está en capacidad de manejar la inspección. (AAS).

Publicado el 30 de octubre de 2001

El Ejecutivo defiende veto a la ley del IESS

Ayer, el Tribunal Constitucional (TC) recibió en comisión general a representantes del Ejecutivo, la Superintendencia de Bancos, el Congreso, los afiliados al Seguro Social Campesino, la Comisión Interventora del IESS, entre otros, para que expongan sus argumentos frente a la Ley de Seguridad Social.
El 13 de septiembre, tras recibir el veto parcial del Ejecutivo, el Congreso reenvió el texto al TC, señalando que en varios artículos el Gobierno había aducido inconstitucionalidad.
Jorge Molina, representante del Ejecutivo, al igual que Alfredo Mancero, presidente de la Comisión Interventora, aseguraron que el veto parcial del Ejecutivo se dio por inconveniencias y no por
inconstitucionalidades.
Julio Cesar Trujillo, representante de los Afiliados al Seguro Social Campesino, tildó de inconstitucional la observación 55 del veto -que crea las Sociedades Anónimas Depositarias del Ahorro Individual Obligatorio (en remplazo de las ACAP, que no pasaron en el Parlamento)- al chocar con el Artículo 58 de la Constitución, que dice que ¨la prestación de seguro general obligatorio será responsabilidad del IESS.
El superintendente de Bancos (SB), Miguel Dávila, rechazó la propuesta del Ejecutivo de que, al crear la Superintendencia de Seguros, mezcla en su ámbito de control a seguros previsionales y seguros privados -legalmente responsabilidad de la SB.
En tanto, el diputado Francisco Celi (MPD) pedía al TC que declare inconstitucional tanto el veto como la ley aprobada por el parlamento, Francisco Días Garaicoa -representante de las cámaras y los empleadores- concordaba con el Ejecutivo y pedía al TC que devuelva el proyecto "sin pronunciamiento alguno". (AAS).

Publicado el 11 de octubre de 2001

El debate de la Ley del IESS prevé el ahorro en las Acaps

Según el proyecto de Ley de Seguridad Social, todo afiliado que se incorpore al régimen de jubilación por ahorro individual obligatorio deberá elegir una Agencia Colocadora de Ahorro Previsional (Acap), aunque prestare servicios para varios empleadores o tuviere simultáneamente diversas fuentes imponibles.
El Fondo de ahorro Previsional será un patrimonio independiente y distinto del patrimonio de la Acap. Los bienes y derechos que componen el patrimonio de los Fondos de Ahorro Previsional, al igual que la participación de cada uno de los afiliados en el Fondo de Ahorro Previsional de cada Acap, no podrán ser destinados a otros fines distintos a los señalados en la Ley, ni serán susceptibles de cesión, retención o embargo, salvo los casos de alimentos debidos por Ley o de obligaciones contraídas a favor del IESS y no estarán sujetos al pago de impuestos fiscales, provinciales o municipales.
La Acap deberá aceptar la incorporación de todo afiliado y no podrá realizar discriminación alguna entre los afiliados y si el afiliado no realizare la elección de una Agencia, la asignación será efectuada por la Gerencia del Seguro de Pensiones del IESS.
El ejercicio del derecho de traspaso por parte del afiliado, durante los dos primeros años de vigencia de la Ley, se limitará a dos veces por año calendario y se podrá realizar siempre que se haya registrado al menos seis meses de aportes continuos o discontinuos en la entidad que abandonare.
A partir del tercer año de vigencia de esta Ley, la posibilidad de traspaso se limitará a una vez por año calendario, y la cantidad de meses de aportes se elevará a doce. (MUP).

Publicado el 29 de julio de 2000

Nuevas dignidades decidirán Ley Social

El proyecto de Ley de Seguridad Social deberá ser aprobado durante el siguiente período legislativo y bajo la dirección de las nuevas dignidades del Congreso Nacional, encabezadas por el bloque del Partido Social Cristiano (PSC).
A pesar del compromiso del presidente saliente de la legislatura, Juan José Pons, el Parlamento no pudo ayer definir el procedimiento que debe aplicarse para la aprobación de dicho proyecto de Ley, que por mandato constitucional debe ser sometido a trámite especial. Esa fue la disposición aprobada por la Asamblea Nacional en 1998.
La Constitución de las Agencias Colocadoras de Ahorro Previsional (Acaps), como entidades depositarias del ahorro es otro de los temas que ha generado controversia dentro y fuera del Congreso, principalmente porque establece que las aportaciones destinadas al régimen de jubilación por ahorro individual obligatorio serán administradas por las Acaps, sociedades anónimas que tendrán este único objeto social y cuyas acciones serán ordinarias y nominativas.
Las Acaps fijarán su domicilio principal en cualquier lugar del país, y su funcionamiento se sujetará a los requisitos, normas y controles previstos en esta Ley.
De acuerdo con la propuesta de la Comisión Interventora, las Acaps se dedicarán exclusivamente a la administración de los fondos de ahorro previsional, obligatorio y voluntario, tendrán un patrimonio y una contabilidad completamente separadas de los fondos que administren, y su capital mínimo deberá ser de 300 mil Unidades de Valor Constante (UVC), el cual deberá encontrarse suscrito y pagado en su totalidad, en numerario, al momento de su autorización.
El mayor opositor a este tema ha sido el bloque de la Izquierda Democrática (ID), con Reinaldo Páez a la cabeza, quien considera que las Acaps deben administrar los recursos de una mínima cantidad de afiliados o jubilados que perciban sobre los 500 dólares, y que el resto de trabajadores, que perciben menos recursos, que constituiría el 95% de afiliados, debe entregar su dinero a una institución financiera sin fines de lucro que pertenezca al IESS y que maneje el 96% del capital. (MUP).

Publicado el 28 de julio de 2000