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Filanbanco tiene prenda sobre el Jessica

Un conflicto de garantías bancarias envuelve ahora al buque Jessica, que encalló el 16 de enero anterior frente a la Isla San Cristóbal (Galápagos) y derramó 240 mil galones de combustible en esa reserva natural.

Al momento del accidente, la embarcación estaba como prenda de una deuda de medio millón de dólares que la compañía armadora Acotramar, su propietaria, tiene con el estatal Filanbanco. Pero ahora la Administradora de Fondos y Fiduciaria S.A. (AFPV), que se encarga de organizar cartera de esa entidad, exige el remplazo de la garantía que prestaba el Jessica, con otro barco similar, el Tatiana 6, también de Acotramar.

Se prevé que las acciones judiciales en contra de Acotramar y a favor del Estado, a través de Filanbanco, empiecen la próxima semana. Diego Ante, presidente ejecutivo de AFPV, indicó que está presionando al banco para que exija el traspaso del Tatiana 6, "si es que Acotramar no les concede otro bien cuyo valor cubra la garantía". Este, sin embargo, no es el único conflicto de Acotramar. Sus trabajadores están paralizados porque les adeudan dos meses de sueldo y aún no se resuelve el problema jurídico (ya existe un juicio penal) entre los accionistas de la entidad. De hecho, Laura Maldonado Tello, su presidenta ejecutiva, salió del país el 25 de enero, según registros migratorios.

También la Intendencia de Compañías de Guayaquil investiga supuestas irregularidades en la empresa armadora, que será intervenida en 15 días, de acuerdo con versiones extraoficiales. "Acotramar incumplió, además, con su obligación de tener asegurados los buques contra todo riesgo. Según la información de Panamericana de Seguros, únicamente hizo un abono a la cuota de entrada de la póliza, que no estaba vigente a la fecha del accidente", dijo Ante.

El 7 de agosto del año anterior, el vicepresidente de la aseguradora Air & Sea Insurance Corp. (Miami), A.J. Minetto, informó al titular de la Digmer, Gonzalo Vega, que los tanqueros operados por Acotramar tienen coberturas de seguros para los riesgos de polución de $10 millones por accidente. Pero no se puede cobrar el seguro, pues la póliza, firmada el 3 de marzo de 2000 y que expiraba después de un año, fue cancelada el 24 de agosto del mismo año, por incumplimiento en los pagos.
Mientras tanto, el presidente (e) de la Corte Superior de Guayaquil y Galápagos, Miguel Félix López, ordenó ayer prisión preventiva contra Julio Guerrero Ríos, jefe de Petroecuador en La Libertad (Guayas), para que informe en qué consiste el trámite de la comercialización de hidrocarburos que son trasladados a las Islas. (APM/GSA/AM).