Las protestas populares en contra del Gobierno de Lucio Gutiérrez convocaron a diversos sectores. Los estudiantes secundarios no fueron la excepción. En la foto, alumnas del Col. 24 de Mayo '

El período que va desde noviembre de 2004 hasta la caída del Gobierno del presidente Lucio Gutiérrez ha sido testigo de una aguda profundización del proceso de liquidación del estado de derecho en el Ecuador por parte de la élite política establecida.
Es a tal punto profundo este proceso y tan generalizada la carencia de un verdadero imperio de la ley que resulta una tarea ímproba y casi imposible seguir la pista al cúmulo de violaciones que se precipitan en cascada sobre una opinión pública que no alcanza a calibrar la magnitud de una violación antes de que otra aún más clamorosa tome su lugar en los titulares de la prensa.
De hecho, bien podría decirse que el ejercicio mismo de hacer el inventario de la ilegalidad se hace casi inútil y de una esterilidad deprimente.

Territorio político nuevo

No es, por cierto, una novedad la debilidad casi congénita del sistema jurídico ecuatoriano y no es solamente en la actual coyuntura que este sistema es burlado, ignorado o desnaturalizado. La actual situación, en realidad, no hace otra cosa que patentizar, transparentar y llevar a su lógica y última consecuencia un rasgo prácticamente constante de la praxis política nacional. Sin embargo, antes las violaciones ocurrían episódicamente, aún siendo gravísimas; o se hallaban sumergidas en la cotidianeidad de una práctica legal subrepticia, que, en su carácter furtivo mismo, parecía rendir tributo aunque fuese a la más tenue imaginable de las formas de existencia del estado de derecho. Por el contrario, la actual situación involucra incluso la implosión de estas pretensiones, de estos simulacros y de estas máscaras de un imperio de la ley que podría suponerse vigente incluso en el hecho de que sus reiteradas rupturas se hacían (contorsionadamente) en su nombre mismo.
La actual situación, pues, elimina toda posible ilusión de la existencia del estado derecho y remite al sistema constitucional en su conjunto a una especie de vertedero de la historia, a un no-lugar extraño, a una insignificancia que ahora, por fin, se hace clamorosa.
El Ecuador ha entrado, pues, en un territorio político nuevo aunque ya intuido y acariciado a lo largo de su historia. Este terreno es uno en el que todo referente jurídico confiable parece haber sido abolido y donde solo se imponen la fuerza y la astucia; el fraude y la arbitrariedad, el simulacro y la brutalidad más descarada. Es posible incluso arriesgarse a considerar esta situación como análoga a un verdadero 'Estado de Naturaleza'.

	La Policía no dudó en utilizar la fuerza para reprimir las manifestaciones. En la gráfica, dos uniformados arrestan a uno de quienes protestaban

El Estado de Naturaleza, contrariamente a lo que se cree a veces, no es necesariamente una situación de guerra de todos contra todos ni se requiere que en él, la condición humana sea de existencia en el terror y la soledad. En la versión que John Locke da de este concepto y que está contenida en su Segundo Tratado del Gobierno Civil, los sujetos viven en una situación en la que aún son capaces de cooperación y de mantener relaciones pacíficas al nivel interpersonal. Por ejemplo, en el Estado de Naturaleza de Locke, pueden existir familias, amistades, vecindarios y hasta comunidades: las personas pueden autorganizarse, de la misma manera en que dos jugadores de tenis aficionados pueden arbitrarse a sí mismos y llevar adelante un partido de manera más o menos amistosa y consensual, sin requerir de los servicios de un referee.
Lo que diferencia a la situación descrita de la que impera en una sociedad organizada bajo un "Gobierno civil", es algo muy sencillo, pero decisivo: en el Estado de Naturaleza, las personas carecen de una autoridad superior, que pueda ser juez imparcial entre ellas. En otras palabras, cada cual es juez de su propia causa y no existe por sobre sus cabezas un magistrado ante el cual deban, por igual, inclinarse. En tales circunstancias, las personas están en condición de autoayuda y no tienen a quién recurrir en caso de necesitar que se les haga justicia: solo pueden recurrir a sí mismas y proporcionarse la satisfacción que ellas sean capaces de conseguir mediante sus propios recursos, esfuerzos o arbitrios. De esta forma, el modelo lockeano parece particularmente atractivo como descripción de un sistema en donde la quiebra del estado parece producirse por la ruptura de la autoridad y legitimidad de las cortes de justicia.
En la situación en que no existe juez competente, las relaciones entre los sujetos se hallan reguladas por su propio interés y la cooperación tiene un carácter estrictamente voluntario y depende de la estricta confianza en la buena fe de las partes. La situación de anarquía no deriva necesariamente en el caos (como en Hobbes), pero limita seriamente las empresas colectivas a aquellas en que la confianza entre las partes es objetivamente posible y a la magnitud de las tentaciones que las personas tienen para desertar de sus compromisos o de la cooperación. En otras palabras, aunque la anarquía no redunda necesariamente en el caos, sí deriva necesariamente en la 'inseguridad jurídica'. Esta parece ser la condición estructural en la que se desenvuelve la vida de los ecuatorianos, y con particularidad fuerza a partir de fines del año pasado.
   
Colapso de todo el sistema

	Los quiteños de corta edad no fueron ajenos al ambiente de conomoción y acudieron, en gran número, junto a sus padres a las protestas

En efecto, en el caso del Ecuador, el derrumbe del sistema judicial ciertamente no impide la persistencia de la vida social (no nos hallamos reducidos a la violencia extrema de la guerra de todos contra todos): las corporaciones, familias, vecindarios y todas las demás formas de asociación privada o local siguen operando de alguna manera, reguladas por sus propias normas internas de convivencia, por sus moralidades, hábitos y tradiciones. Sin embargo, lo hacen en un marco de incertidumbre y en una situación en que todo conflicto que precise de arbitraje se hace imposible. Ciertamente que en una sociedad moderna de gran escala tal situación es difícilmente sostenible en el corto plazo e imposible en el mediano. La situación de vacío judicial se ve agravada porque los otros poderes del Estado se desenvuelven asimismo en los límites de la ilegalidad, o en el marco de una legitimidad jurídica altamente cuestionable y en condiciones en que la Constitución es persistente y frecuentemente violada y ello con total impunidad.
El derrumbe del estado de derecho no se expresa, por consiguiente, tan solo en el colapso del sistema judicial. Se hace presente, en general, en la enervación de todo el sistema de reglas jurídicas en el Estado como un todo: no es solo la Judicatura la que se pone al margen de la ley, sino que el conjunto de la administración y de los poderes del Estado se ven invadidos por la arbitrariedad y los ilegalismos. Resumidamente, el sistema político se ve en una situación en la cual cada actor es juez de su propia causa y no existe autoridad final capaz de ser árbitro en última instancia de los conflictos y diferencias que puedan surgir.
Esto presenta un serio dilema para las personas que desearían comportarse como ciudadanas sujetas al Estado de derecho. Bajo las condiciones de imperio de la ley, es dable exigir a las personas y demandar de ellas que su conducta privada y pública se sujete a derecho. Esta exigencia tiene una contrapartida no siempre evidente: que para que el cumplimiento de la ley sea posible debe existir una ley legítima: o sea una ley que sea legítimamente y autorizadamente administrada. La ley como expresión de la pura voluntad arbitraria del poderoso, o como resultado más o menos aleatorio de correlaciones de fuerza circunstanciales no obliga éticamente, aunque pueda ser prudente o conveniente obedecerla en aras de la autopreservación. Sin embargo, el acto de obedecer a una ley despótica o feudal nos remite no al ámbito de la ética ciudadana, sino tan solo al de la mera prudencia instrumental: obedecer en esas condiciones no tiene más contenido ético que el que pueda tener la supervivencia pura y desnuda.
   
El dilema de los ciudadanos

	La poca acogida que tuvo el paro convocado por las autoridades de Pichincha envalentonó al régimen gutierrista. Lejos estuvo de imaginar que el pueblo autoconvocado en las calles removería sus bases

El problema del ciudadano ético en estas circunstancias es que, deseando obedecer a la ley, esta última ha perdido su sustancia ética: la autoridad de la ley se ha disuelto en la mera conveniencia. Obedecer ya no garantiza que se está obedeciendo a un derecho legítimo: podría ser simplemente el acto de someterse a la extorsión de unos matones. Por otra parte, resulta un juego perverso establecer una conducta incondicionalmente ceñida a cierta comprensión de lo que la ley demanda de la conducta, mientras todos los demás agentes se eximen de sujetarse a ella. Incluso en términos prudenciales, parece irracional someterse al derecho cuando nadie más lo hace. La ética ciudadana no necesariamente es una ética de la colaboración incondicional. Debe aproximarse más bien a la de una cooperación condicional: que exige -para ser efectiva y estable- una similar colaboración de las contrapartes involucradas.
Colaborar con un estado de derecho ya disuelto parece irracional y no particularmente ético, aparte de imprudente y equivalente a una innecesaria autoinmolación. El ciudadano putativo (no se puede ser ciudadano efectivo fuera del marco de la efectiva vigencia de un orden legal que proteja y consagre la ciudadanía) debe, entonces recurrir a un principio moral algo diferente para orientar sus acciones. En un estado de derecho, la máxima que nos lleva a un acatamiento prima facie de las leyes parece una máxima suficientemente buena de ordinario, pero fuera del estado de derecho es preciso preguntarse qué debe hacer el ciudadano o quién desea establecer o vivir en un estado de derecho.
La ley en Estado de Naturaleza no consiste en acatar la Constitución, sino actuar para remover aquellas condiciones que hacen imposible su vigencia. Pero esto ya no opera en el orden de lo constitucional, sino en lo que podríamos llamar las 'ocasiones de la constitucionalidad'. O sea, que la norma a seguir es aquella que debería regir en condiciones en las cuales se requiere, pero no existe, un orden legal constitucional. Lo que se requiere es actuar eficazmente para imponer un estado de cosas en la cual el imperio de la ley sea, en efecto, posible. Si lo anterior es efectivo, entonces, la política actual debe hallar un nuevo centro. Si el problema es la inexistencia efectiva de un Estado organizado, entonces los esfuerzos de los actores políticos deben centrarse, no tanto en obligar a las autoridades a actuar conforme a derecho, sino que, por el contrario, a crear las condiciones en que sea posible actuar en derecho.
La experiencia de la cotidianeidad confirma que, para el común de los ciudadanos, el estado de derecho es una noción ajena y desvinculada de la experiencia real de la vida.
Por tanto, si la máxima de conducta debe ser la de actuar de manera tal que se haga posible el efectivo imperio de un estado de derecho, es necesario dirigirse a las causas y razones que han permitido la implantación en el Ecuador de una especie de versión suavizada del Estado de Naturaleza. Y estas causas y razones son de diversa índole.
Por cierto que, en parte, debemos remitirnos a la 'cultura política' prevaleciente, de la que, en cierta forma, son cómplices las élites y las masas. Pero, por otra parte, existen verdaderos complejos institucionales que refuerzan y nutren esta cultura de la ilegalidad. Aunque escapa a la extensión de este artículo entrar en el detalle de estas fuentes nutricias de la desintegración de estado de derecho, se podría sostener que ella -en buena medida- puede remitirse al legado histórico del populismo que comenzó a instalarse en el país como componente decisivo del ethos político y de las prácticas políticas, a partir de 1934. Por tanto, la ética ciudadana orientada a la creación de las condiciones de un estado de derecho debe centrarse y concentrarse en el desmontaje de todo este complejo político heredado del populismo y en los hábitos políticos, morales y retóricos que le dan sustento y permiten su reproducción. En particular, es preciso desarmar y neutralizar todo el aparato de instituciones estatales ligadas a las formas particularmente perniciosas de un modo de hacer política matonesco, mafioso y fraudulentamente paternalista. La verdadera tarea del nuevo civismo en el Ecuador, la verdadera virtud cívica debe orientarse a realizar todo aquello que permita poner fin a esta forma de la política y a su reemplazo por las instituciones de un 'Estado en forma'. Ese es el quehacer que cabe recabar de todos quienes desean involucrarse políticamente desde una perspectiva que rompa radicalmente con el aparataje decadente que nos han legado las últimas siete décadas.