La amistad entre Gutiérrez y Arboleda era tal, que este último se jactaba de haber ganado la elección en Quito. Además, durante el régimen, llegó a calificar al ex mandatario como un 'nuevo libertador'

Muchos nacen con estrellas. El coronel Lucio Gutiérrez es, o fue, uno de ellos. Pero cada quien hace su destino, o se aventura en caminos sin retorno. Lo demuestra lo que ocurrió en Quito, el 20 de abril de 2005.
Gutiérrez emprendió en su camino sin retorno el 17 de octubre de 2004, cuando se celebraron las elecciones seccionales de medio período, en que no fue capaz de interpretar correctamente el pronunciamiento de la ciudadanía en las urnas: su partido, Sociedad Patriótica, sufrió una seria derrota en las principales ciudades.
Cegado por la vanidad y los adulos -lo que es extremadamente pernicioso si el jefe de Estado se cree más poderoso de lo que realmente es, debido al entontecedor sistema presidencialista que rige en el Ecuador- optó por plasmar una peligrosa alianza con el bucaramismo, a cuyo líder, Abdalá Bucaram, había tenido la osadía de visitar en su exilio de Panamá, el último día de agosto de 2004, a pesar de que el 'Loco' era reclamado por la justicia ecuatoriana, sindicado de delitos comunes.
Creyó, entonces, que le seguiría siendo rentable el ultrapragmatismo, un estilo de gobierno que había sembrado el camino con los cadáveres de sus aliados, los que le llevaron al poder en las elecciones de 2002.
Dicen que el estilo es el hombre. Mientras el gerente de la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD), coronel Carlos Arboleda, ya aconsejaba contar a los niños campesinos de la Costa las leyendas de Gutiérrez, junto con las historias sagradas o épicas de Cristo, Simón Bolívar y Eloy Alfaro, era evidente que su Gobierno había optado por llevar a la precariedad las reglas de juego institucional, que se habían ido consolidando con dificultad en los últimos 25 años.
Era algo perverso desde una óptica conceptual o doctrinaria; pero no en la pura práctica política gutierrista, en especial desde el punto de vista de un gobernante cuya obsesión fundamental era que no le ocurriese lo acontecido con los ex presidentes Bucaram y Mahuad (pero no pudo escapar de su destino). Si, desde la óptica de Gutiérrez, evitar que lo echaran a patadas era la única medida de su gestión, de allí se decantaría una moral utilitaria para justificar en el país las violaciones constitucionales, para que su secretario de Comunicación cerrase los ojos ante la persecución a periodistas, para que un subsecretario de Bienestar Social 'se limpie' con lo que pensaba de su actuación la opinión pública o para que el presidente mantuviera una relación intolerable con un prófugo de la justicia.
Aunque se lo advirtió públicamente, Lucio Gutiérrez se convirtió en un rehén de personajes repudiados por los electores: el ex presidente Abdalá Bucaram y el millonario Álvaro Noboa, que lo habían engatusado. Así, intentó sacralizar esa distorsión política por la cual la fuente de poder, que en doctrina es la voluntad popular, termina emputecida y ultrajada, como ocurre también con la conducta de aquellos oportunistas, los diputados tránsfugas, quienes prefieren llamarse 'independientes'.
Tal perversión lleva a que, con esa obsesión por sostenerse en el poder a como dé lugar, los grupos de poder o los personajes desacreditados terminan imponiéndose por sobre la voluntad colectiva que los rechazó en la urnas. Pero, eso, a Gutiérrez ya le importaba un pepino en noviembre y diciembre de 2004. No sucedía igual con la ciudadanía, ni con la opinión pública, peor con una gran mayoría que iba acumulando un hondo resentimiento.
En el 15 de enero de 2005, al cumplir el mandatario dos años de gestión, su Gabinete ministerial se había convertido en una 'cosa' difícil de definir. Por ejemplo, en el Ministerio de Bienestar Social actuaban personajes desacreditados, dedicados a agredir a los movimientos y organizaciones sociales, a dividirlos y a desnaturalizarlos, entre tanto, otro de sus ministros llegaba a decir que fue una inmoralidad la indemnización que el Estado había pagado a Pedro Restrepo como reparación monetaria por la desaparición y muerte de sus hijos, que, en su hora, la justicia juzgó como un crimen de Estado.
La lucha contra la corrupción, una promesa de su campaña, fue pura palabrería en la práctica. La Comisión Anticorrupción había sido desacreditada por el Ejecutivo y, en vez de potenciarla, Gutiérrez intentó crear organismos paralelos. Llegó al colmo de acoger la idea de Abdalá Bucaram de organizar una 'comisión de la verdad', cuyo propósito era ejecutar una gran venganza política contra quienes derrocaron a ese ex presidente, en febrero de 1997. Esta pretensión se vería cuajada pocas semanas más tarde, con la persecución que emprendería la Corte de facto contra el ex ministro de Defensa, José Gallardo.
Con la interpretación de comisaría para asuntos constitucionales, por cuenta de asesores como el abogado José Guerrero Bermúdez, funcionario de la Presidencia, auspició las violaciones a la Carta Política para, supuestamente, librar una guerra personal contra el ex presidente León Febres Cordero. Tuvo éxito aparente, pero el país debió afrontar graves problemas constitucionales. Se equivocó de tiempos el coronel. Qué distinto hubiese sido si esa lucha contra lo que llamaba 'oligarquía corrupta' la emprendía en enero o febrero de 2003. Y, los banqueros corruptos continuaban a buen resguardo en el exterior, aunque en la campaña había jurado traerlos al banquillo de los acusados.
Gutiérrez lastimó la conciencia del país, en especial de los quiteños. No tuvo reparos en poner a prueba los valores cívicos de la capital de la República y del país. Hizo mohínes a un íntimo amigo y compinche de Abdalá Bucaram, convertido en presidente de la Corte Suprema de Justicia de facto, cuya elección lo entusiasmó hasta el aplauso, aunque aquel 'Pichi' Castro era deudor de un banco cerrado en manos del Estado, es decir, le debía y debe plata al Fisco. Lo consintió, a pesar de que el personaje en cuestión había ocultado la deuda en su declaración de bienes, mientras, curiosamente, aparecía como deudor por ser garante de una empresa domiciliada en la dirección de su habitación (de él), cuyo único accionista era una persona que, se dice, fue, o es, su empleado.

La persecución a José Gallardo fue uno de los resultados de la 'toma' de la Corte Suprema por parte del PRE y el ex Gobierno. En la foto, Gallardo (dcha.) es notificado de su arresto domiciliario

Los enredos en temas muy sensibles, y las complicadas explicaciones que ya pocos creían, contribuyeron a su desprestigio y ulterior caída.
Un ex ministro de Bienestar Social de su Gabinete, y también ex secretario general de la Administración, compañero de armas, de partido y de golpe de Estado en 2000, aseguró que sí se había reunido con el ex 'canciller' de la guerrilla colombiana, atrapado por las fuerzas de seguridad de Colombia. Pero, "antes de que Gutiérrez ganara las elecciones". Cuando se le preguntó si Gutiérrez había participado de esas reuniones, ese ex ministro dijo textualmente: "No estuve solo, yo asumo mi responsabilidad histórica. Yo no puedo negar ni aseverar si estuvo el presidente Gutiérrez en esa reunión. No digo quién estaba porque cada cual debe asumir su responsabilidad con hombría, yo he dicho la verdad cueste lo que me cueste". A buen entendedor, pocas palabras, que el ex presidente respondió con reiteradas negativas y gestos de inocencia.
El golpe de mano ejecutado por la mayoría legislativa gobiernista en contra de la Corte Suprema, en la madrugada del 9 de diciembre (por 'inspiración' de sus asesores legales, quienes realizaron una interpretación pueril del texto constitucional, que no resistía el menor análisis de sentido común), fortaleció la sumisión de la justicia a la política, a los partidos políticos, a individuos de la naturaleza del ex presidente Abdalá Bucaram Ortiz y del ex candidato Álvaro Noboa Pontón.
Su estilo de ejercer el poder, el tan criticado nepotismo, aquella presunta 'habilidad' política, que terminó enredándole y provocándole traspiés, hicieron mella en la personalidad de un Lucio Gutiérrez que nunca estuvo preparado para encarar las responsabilidades de la representación que se le encargó en las urnas. En morocho, diríamos, a él 'no le dio el ancho'.
Su representación le otorgaba el privilegio de presidir la Función Ejecutiva, ser el jefe de Estado y del Gobierno, y de desempeñarse como responsable de la administración pública. Tal representación provenía de la voluntad popular, expresada en las elecciones. Pero la vida sigue su curso, y todos, en especial un jefe de Estado, debe estar entrenado para detectar sin distorsiones los cambios en el estado de ánimo del país, lo que ahora se llama imaginario colectivo, que se modifica en gran parte por lo que hace o deja de hacer aquel a quien se entregó la mencionada representación. No en vano, los ojos de toda una nación están fijos en él.
Una forma de medir el estado de aquel imaginario son las elecciones seccionales o de medio período: en las celebradas en octubre, ya se lo dijo, el partido de Gobierno y sus aliados sufrieron una gran derrota. También constituyen un indicador las señales que emiten la opinión pública y los medios de comunicación: quizá como en ningún régimen anterior, durante el gutierrismo la prensa fue muy puntillosa en el seguimiento, registro y análisis de las acciones gubernamentales, asimismo lo hicieron los líderes de opinión, tal vez porque el actual Gobierno despertó gran expectación al inaugurarse, en enero de 2003. O, si lo prefiere, el gobernante contratará encuestas; la alternativa será aguantarse las llamadas encuestas 'de carne y hueso'.
Un mandatario tiene la opción de escuchar el feedback de los gobernados -feedback se traduce con la horrible palabreja 'retroalimentación'- o de declararse sordo. Esto de la sordera, por arrogancia y vanidad íntimas, o debido a una comprensión errónea de la naturaleza del sistema democrático, al que, en el error, únicamente se lo considera un juego peligroso y emocionante, pero exclusivo de las élites políticas, económicas o institucionales; en esa forma de ver las cosas, o de ignorarlas por cómoda sordera, la ciudadanía, la opinión pública y hasta la voluntad expresada en las urnas serán menospreciadas, y Gutiérrez las menospreció.
En el caso de que el gobernante escucha, él cambia conforme lo pide la ciudadanía, rectifica, corrige, se engrandece sin falsas humildades.
En el segundo caso, el de la arrogancia y la sordera, optará por el autoritarismo, ya que la dinámica política será comprendida únicamente como un intercambio de favores o agresiones entre élites, grupos privilegiados que, por ejemplo, en alguna ocasión pretenderán echarlo del poder tras un juicio político, sustentado en una maniobra legislativa, y, otros replicarán sosteniéndolo, igualmente con golpes de mano. En ambas situaciones, las reglas de juego constitucionales sufrirán lesiones irreparables.
El melodrama gutierrista ha demostrado que la visión y práctica de la democracia como una realidad alejada de los ciudadanos conducirá, inevitablemente, tarde o temprano, a expresiones autoritarias del poder, al uso de un lenguaje agresivo: con una facilidad pasmosa, Gutiérrez calificó a los periodistas de "miserables y traidores".
A esa altura (o a esa 'bajura') de las cosas, el entonces ministro de Gobierno, Jaime Damerval, aseguró, en el programa de entrevistas de Diego Oquendo (Radio Visión), que Lucio Gutiérrez era un presidente "autoritario pero democrático".
¿Autoritario pero democrático? ¿Cómo es eso? Por sentido común la democracia está reñida con el autoritarismo (que no es lo mismo que autoridad). Autoritario es un adjetivo que se aplica al gobierno o a la persona que gobierna o dirige sin dejar a otros participar en sus determinaciones. El primer sinónimo es 'déspota'. Otros son: 'arbitrario', 'cacique', 'absolutista', 'tirano', 'dictador', 'totalitario'... Pero el 'avispado' coronel Gutiérrez prefirió otro, un neologismo de su autoría: "dictócrata".
Fue cuando el Gobierno intentó vender la idea de que Gutiérrez era un dictador 'bueno'. Entonces, su Gobierno sostenía que había oligarcas 'malos' (Febres Cordero) y oligarcas 'buenos' (Alvaro Noboa).
Pero todos sabemos que se es o lo uno o lo otro. Es imposible que exista un dictador democrático, o un demócrata tirano. No obstante, en todo gobernante, en algún momento de su gestión, si no en todos, ese dilema estará presente: democracia o tiranía, mano dura o mano firme, ira o flexibilidad, ¿me sereno o doy la orden de disparar?
En el caso del 'dictócrata', el peligro era mayor, porque el extremado presidencialismo de nuestro sistema político le había llevado con facilidad a caer en manifestaciones autoritarias, criticadas por la oposición de su Gobierno y admitidas por un hombre clave del Gabinete, su ministro de la política (a confesión de parte relevo de pruebas, dice el axioma jurídico). Peligro grande, también por sus antecedentes gubernamentales: alianzas y rupturas, tras alianzas y rupturas.
Los ataques de su Gobierno contra la prensa, muchos verbalizados por el propio ex presidente, la persecución a cronistas y propietarios de medios, constituían un síntoma incuestionable de autoritarismo, porque la opinión que se publica necesita llegar a un gobernante que escucha, que admite criterios diversos, que distingue crítica de agresiones; lo contrario es descalificar los argumentos de los críticos, desoír las voces que no son de los adulones, sin siquiera considerar que si se cometen errores, existen oportunidades de "morir en el intento", de rectificar.
El miércoles 16 de febrero, en el balcón del Palacio Nacional, Gutiérrez pronunció el discurso más agresivo y más cargado de epítetos denigrantes de su carrera política. Mientras en la Plaza Grande sus simpatizantes lo aplaudían, a pocas cuadras de allí, en la calles y en la Plaza de San Francisco, una multitud de decenas de miles de quiteños repudiaban su gestión, en especial la de los dos meses previos a esa fecha.
En aquel día, Gutiérrez se burlaba de los quiteños, insultaba a sus opositores protegido por un impensable cerco de su seguridad, digno de mejores causas. Varios 'anillos' de policías y militares (al menos 6 000 efectivos) protegían la sede del Gobierno; 45 patrulleros; 16 buses; siete ambulancias; 26 vehículos antimotines; 14 camiones; varios francotiradores; incontables concertinas de alambre de púas impedían cualquier acceso en los lugares clave; los pesquisas y los informantes hacían de fotógrafos y camarógrafos entre los caminantes de la marcha opositora; dos helicópteros vigilaban desde el cielo encapotado de Quito; decenas de caballos y perros cagaban en las calles solitarias, que se habían convertido en una pestilente 'tierra de nadie' -el territorio comanche diría el novelista Arturo Pérez Reverte- que separaba a las dos manifestaciones.
En el balcón, Lucio Gutiérrez bailaba 'el perrito' con modelos semidesnudas, protegido por una decena de escoltas y una manta antibalas. Además, se había chantado un chaleco antibalas y, de vez en cuando, alzaba a ver a los helicópteros.
Los organismos de seguridad deben proteger debidamente al presidente constitucional de la República, quien representa la voluntad popular expresada en las urnas. No es la persona lo que cuenta, sino lo que él representa, mientras ostenta la primera magistratura del Estado. A un mandatario debe preocuparle su seguridad personal. Pero, las descritas eran desproporcionadas. ¿Por qué? Lucio Gutiérrez había sido debilitado en su fuero interior por el miedo, que no lo abandonaría hasta su final: el último día de su mandato su temor se manifestó como un incómodo desorden intestinal agudo que trataba de controlar con agüitas de manzanilla.
¿Por qué cayó Lucio Gutiérrez? Por sus errores. Por sus limitaciones. Por sus traiciones. Por el entorno íntimo que lo rodeó en los últimos meses de su gestión. Por su inmadurez democrática y por su estúpida arrogancia política.