El ex subsecretario de Bienestar Social, Bolívar González, además de ser uno de los 'duros' del régimen, fungía como el verdadero titular de esa cartera. En la foto, promociona un plan de vivienda

Bolívar González hablaba mucho. Era directo contra sus opositores. Se lo acusó de racista. Hacía y deshacía en el Ministerio de Bienestar Social. Antonio Vargas prefería el silencio y no tomaba decisiones. Los dos hicieron un gran equipo para los intereses de Lucio Gutiérrez: captar el mayor número de simpatizantes, organizaciones indígenas y sociales, que le garantizaran apoyo político, una presencia masiva en los actos proselitistas y oficiales, sin descontar la creación de grupos para atacar hasta con armas de fuego a los 'forajidos'.
A González, todos los empleados de esa cartera de Estado le tenían temor. Unos superaron el miedo acatando todo y alabándolo. Así podían recibir su recompensa: ubicarse en otras entidades con sueldos altos y beneficios extras: viajes, vehículos, pases a actos artísticos y la promesa de nuevas oportunidades. Sus opositores se quedaron callados. Ahora cuentan muchas de las decisiones oficiales y 'privadas' que tomaba el ex subsecretario. Por ejemplo: todos los documentos no circulaban sin su sumilla. Incluso, comentan que el mismo Vargas bajaba del décimo piso al despacho de González, a que le autorizara sus 'iniciativas', no sin antes, pedir permiso a los guardaespaldas para entrar.
Vargas firmó tres acuerdos para delegar sus funciones a González. El 29 de julio de 2004, estableció un 'encargo' de ocho días mientras viajaba a otras provincias; el 31 de agosto, rectificó la palabra 'encargo' por 'delegar', sin fijar plazos. Y el 22 de febrero de 2005, González, "haciendo uso de las facultades que le confiere el acuerdo 4638 del 28 de enero", designó a Marco Andino, ex asesor de Vargas, como director del ORI.
Requerido constantemente por los medios de prensa, González atacó desde la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) a Lucio Gutiérrez y luego lo defendió con 'plata y persona'. Para enfrentar a la Marcha por la Democracia, del 16 de febrero de 2005, fue el artífice de la contramarcha, no solo porque movilizó alrededor de 50 mil personas, sino porque también dio su propia batalla verbal. Retó: si salían 1 000 'pelucones', él sacaría 20 mil indios. Como sus comentarios causaban risa, algunos canales de televisión estaban 'encantados': lo visitaban en su despacho todos los días previos y posteriores a la marcha. Así creó, la imagen de ser el hombre, duro, del régimen, pero muy pocas veces se lo vio junto a Gutiérrez. En una entrevista con Diario HOY, en diciembre de 2004, dijo: "Al coronel hay que ayudarlo, porque no conoce a los políticos ecuatorianos que son capaces de engañarlo. Yo no estaré a su lado, pero sí movilizaré a mis simpatizantes, en todo el país, para respaldarlo". Al ser consultado si aspiraba a la Presidencia de la República, al hacer proselitismo, respondió: "No me hace falta. Yo ya tengo todo y he hecho de todo. ¿Para qué? ¿Para que me boten al otro día?".
Quien mejor describe su personalidad es el analista político Felipe Burbano: "Burdo en sus apreciaciones, ignorante en sus concepciones políticas. Profundamente racista. Humilló a los indios, quiso manejarlos como manadas gobiernistas. Amenazó con movilizarlos cada vez que los 'pelucones' salieran a las calles. Usó un lenguaje sobre los indios que pensábamos desterrado del discurso público luego de 10 años de movilizaciones y luchas indígenas. Él las ignoró completamente. En cada una de sus palabras, el Ecuador retrocedía décadas enteras; en cada una de sus expresiones, se diluía toda dignidad política, toda construcción democrática. Fue la punta de lanza del Gobierno para dividir al movimiento indígena, para comprarlo, para corromperlo allí donde era posible, para domesticarlo con unas fundas de comida. Actuó sin ningún límite ético. Contrató matones para que vinieran a golpearnos, a dispararnos. Me alegra recordar la indignación y la furia de esos ciudadanos que lucharon -no hay otra palabra- para ocupar el Ministerio de Bienestar Social. Me alegra pensar que las palabras de González nos hirieron, nos afectaron, nos dolieron, y que no permitimos que se quedaran en la impunidad, como si nunca se hubieran dicho".

¿Divide y vencerás?

Una de las estrategias utilizadas por el anterior Gobierno fue crear división en el movimiento de los indígenas. En la gráfica, indios de la Sierra, traídos por el régimen, en una marcha por Lucio Gutiérrez

El 19 de abril de 2005 se iniciaba la construcción de la 'Conaie paralela'. Antonio Vargas y Bolívar González cumplían así un proyecto cocinado desde 2003: poner de lado del Gobierno de Lucio Gutiérrez a la mayoría de organizaciones indígenas.
La realización del congreso extraordinario, en Quito, de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía (Confeniae), la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Costa (Conaice) y algunos grupos de la Sierra, con el financiamiento del Ministerio de Bienestar Social y varias organizaciones no gubernamentales, era, en la práctica, la última acción de una serie de medidas para desmantelar la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), como denunció su vicepresidente, Santiago de la Cruz. Para ello, el ex ministro y ex subsecretario de Bienestar Social contaban con el apoyo de varias figuras o ex dirigentes del sector. González dijo, días antes de la caída del régimen gutierrista, que no había detrás ningún proyecto político sino solo "una convicción de servicio". Los dirigentes indígenas opositores a Gutiérrez admitieron la fortaleza de la convocatoria, pero que estaba "inspirada en ofrecimientos de proyectos, entrega de combos alimentarios y un sinnúmero de acciones de corte asistencialista".
A ese congreso se llevó la propuesta del Plan 2006: varios proyectos sociales y de infraestructura de entidades gubernamentales, como el Consejo de Desarrollo de Pueblos del Ecuador (Codenpe), entonces dirigido por Nelson Chimbo, dirigente de Amauta Jatari, el movimiento que auspició la candidatura presidencial de Vargas.
En el encuentro, se analizó la crisis política y el posible reemplazo de la cúpula de la Conaie por no cumplir con la resoluciones de las bases indígenas. "Estas decidieron que la dirigencia de la Conaie debe cumplir los mandatos", aseguró José Quenamá, presidente de la Confeniae.
Pero todas las decisiones y planes aprobados quedaron en la carpeta de los dirigentes al otro día, tras la destitución de Lucio Gutiérrez, la huida de Bolívar González y el retorno a su tierra de Antonio Vargas. Desde ese día, no se volvieron a pronunciar sobre la creación de una Conaie paralela.
El primer antecedente público del sueño de Vargas y González ocurrió en diciembre de 2004, cuando se quiso boicotear el último congreso de la Conaie, en Otavalo. El otro indicio fue el intento posterior de los seguidores de Vargas de tomarse la sede de la entidad, en Quito, que dificultó la posesión del nuevo Consejo de Gobierno, presidido por el dirigente histórico Luis Macas.
Y en las últimas semanas, previas al 20 de abril de 2005, se verificaba la intensa puja por el control de la Confederación de Indígenas de la Amazonía (Confeniae), filial de la Conaie, cuya presidencia se disputaban José Quenamá (apoyado por el ex ministro) y Luis Vargas (dirigente achuar con apoyo de la Conaie). El desenlace de esa puja sería determinante: si se ratificaba a Luis Vargas, la posición de Antonio Vargas perdería fuerza dentro del propio régimen.
Las piezas del operativo 'Conaie paralela' eran los hombres cercanos al ex ministro de Bienestar Social: Ángel Gende (ex dirigente Tsáchila), Carlos Cuji (chofer), el arquitecto N. Proaño y Alberto Zimbaña, (ex director del ORI). Y ese equipo tenía sus 'lugartenientes' en Cotopaxi: Manuel Miningalli, Juan Choloquinga y Alfredo Toaquiza; en Chimborazo e Imbabura, dirigentes de base de la Federación de Indígenas Evangélicos (Feine); en Tungurahua, Juan Tisantuña, Segundo Chiluisa y los directivos de Chibuleo; en Santo Domingo de los Colorados, Ángel Gende y William Aguavil, quien al final se habría separado del grupo; en la Amazonía, José Quenamá (Cofán), los ex diputados, de Pastaza, Héctor Villamil y, de Napo, José Avilés, el dirigente huaorani Juan Onamenga y los dirigentes secoyas.

La fuerza amarilla

	El nombramiento de Antonio Vargas como ministro de Bienestar Social se interpreta como una jugada del Gobierno para dividir a los indios

Y es que Bolívar González pensaba en grande y en varias direcciones. Para él no solo estaba en la mira el movimiento indígena. En varias ocasiones confesó que en su escritorio reposaban 6 000 carpetas de igual número de fundaciones. Las investigaba por sospechar que recibían dinero del extranjero, no rendían cuentas al fisco y algunos de sus dirigentes vivían como reyes.
Una de las primeras en sufrir su ataque fue la Fundación Mariana de Jesús. La clausuró el 14 de febrero de 2005, con la colaboración de un piquete de 30 policías y ocho abogados e interventores del Ministerio de Bienestar Social y entraron a las oficinas con el propósito de "liquidarla". No hubo ningún anuncio previo sobre esta medida. Federico Sanfeliú, representante de la Fundación, denunció que se ordenó a los bancos bloquear sus cuentas y calificó a la medida de ilegal. Para los empleados, la finalidad de esta acción policíaco-ministerial era apropiarse del trabajo de la Fundación, que cuenta con un fondo donado por María Augusta Urrutia. También fue interpretada como una retaliación por las críticas y protestas que varias fundaciones han realizado en contra de esta cartera de Estado, por no entregar $10 millones del ORI para el Fondo de Desarrollo de la Infancia. También se especuló que González quería apropiarse de los planes de vivienda de la Fundación para su plataforma política.
Diez días después, ante la presión de la opinión pública y las demandas legales, el Ministerio de Bienestar Social dejó insubsistente la medida.
No se quedó tranquilo el ex subsecretario. El 6 de marzo de 2005, los moradores de la ciudadela Unión de Bananeros, al sur de Guayaquil, denunciaron que el Ministerio de Bienestar Social condicionó la ayuda económica a la fundación Clemencia, que atiende a ancianos pobres y administra una guardería para ayudar a madres que trabajan, a cambio de publicitar el hecho.
Y en todo momento también contó con el apoyo de un sector que, aparentemente, le serviría como fuerza de choque permanente: los transportistas y, en particular, los taxistas. Nada era gratis. El 2 de febrero de 2005, la llamada 'fuerza amarilla' sería el primer sector beneficiado del pago de la deuda social anunciado por el Gobierno de Gutiérrez. En el Ministerio de Bienestar Social, el Banco Nacional de Fomento y la Federación Nacional de Taxistas suscribieron un convenio para adquirir 3 500 vehículos exonerados de impuestos. El convenio contemplaba la entrega hasta $5 000 a cada taxista, a un interés del 8% y un plazo de 36 meses. Adicionalmente, Bolívar González anunció que ese sector se favorecerá de 55 mil casas a lo largo y ancho del Ecuador.
El 20 de abril de 2005 todo quedó en planes y promesas, porque el 'asalto' a las instalaciones del Ministerio permitió que desaparecieran muchos documentos del despacho de González. Solo se encontró en las bodegas, cientos de antorchas y combustible para las marchas que esa noche debían consolidar el apoyo a Lucio Gutiérrez. Y desde ese día, González desapareció. Solo un escrito en su defensa judicial indica que había renunciado al cargo desde el 18 de abril, pero muchos funcionarios lo vieron hasta el 19 en sus oficinas.