El pacto entre el PSP, y el PRE en el Congreso, que concluyó con el regreso de Bucaram, se considera el inicio del fin del gutierrismo. En la foto, Omar Quintana (PRE) y Gilmar Gutiérrez

El comienzo del fin del Gobierno del coronel Lucio Gutiérrez se inició el lunes 31 de agosto, a medianoche, en el noveno piso del Hotel Cesar Park, de Panamá. El presidente había viajado a ese país para asistir a la posesión de Martín Torrijos como nuevo mandatario panameño. Voceros oficiales anunciaron que la agenda presidencial no incluiría reunión alguna con Abdalá Bucaram, ex presidente prófugo de la justicia y asilado por más de siete años en Panamá. El propio Gutiérrez negó, a las 16:30 del martes, que se reuniría con el líder populista. Pero dos horas después, a dos cuadras del hotel en donde se hospedaban los mandatarios que llegaron a la transmisión del mando, el líder del PRE anunció, mientras jugaba un partido de baloncesto, que esperaba una llamada telefónica de Gutiérrez para fijar la hora de la reunión. Y, efectivamente, poco antes de la medianoche, ingresó por la puerta trasera al Cesar Park, en compañía de su hijo Jacobo; antes de ascender al noveno piso, donde le esperaba el presidente Gutiérrez, se detuvo en el quinto, para reunirse con otros de los acompañantes a la cita: el ministro de Vivienda roldosista Bruno Poggi, la diputada y cantante de la farándula Silvana Ibarra, y Zoila Navas, la embajadora del Ecuador en Panamá, un nombramiento más por la abultada cuota política del gutierrismo en el servicio diplomático.
Después de los saludos de rigor, el ex presidente y su ex edecán y entonces presidente de la República se encerraron solos para mantener una reunión, sin testigos, que se prolongó por dos horas. Después de despedirse de Gutiérrez, Abdalá Bucaram celebró, en la madrugada, con una suculenta cena junto a sus acompañantes, el final auspicioso del pacto político para su retorno al país.
Al día siguiente, tomó la iniciativa de anunciar los términos del acuerdo: el presidente de la República se había comprometido a integrar una comisión especial de juristas "para que estudiaran una salida definitiva a la situación judicial de Bucaram". Sobre él pesaban dos juicios de peculado: el primero, por el uso de los fondos reservados, de cuya cuenta retiró los últimos días de sus mandato un equivalente de alrededor de $3 millones, y el segundo, por las Mochilas Escolares, un contrato con astronómico sobreprecio. Bucaram aspiraba a que el Gobierno avalara el amparo constitucional concedido, de forma abusiva y arbitraria, por un juez de Esmeraldas; los dos juicios habían llegado a la etapa de llamamiento a plenario, con orden de prisión preventiva, y los procesos se hallaban en suspenso porque el acusado se encontraba prófugo. La concesión de amparo para burlar una resolución de la Corte no tenía pies ni cabeza.
A cambio de asegurar la impunidad para el retorno al Ecuador, el líder populista se comprometió a dar instrucciones a los 15 diputados del PRE para que apoyaran el cambio de la Corte Suprema de Justicia, del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo Electoral.
Aquellos anuncios tuvieron como colofón el ataque al ministro de Gobierno, Raúl Baca Carbo, a quien trató de "delincuente común al servicio de León Febres Cordero". La primera pieza que debía moverse para allanar el camino de regreso del Bucaram era Baca, y así sucedió. Y fue designado como nuevo ministro de Gobierno Jaime Damerval, que servía como anillo al dedo para iniciar la guerra de Gutiérrez contra León Febres Cordero y los socialcristianos. Uno de las primeras declaraciones de Damerval fue contra el alcalde de Guayaquil Jaime Nebot.

Del amor al odio hay solo un paso

	El distanciamiento entre el líder del Partido Social Cristiano, León Febres Cordero (foto), y Lucio Gutiérrez fue la razón principal de que el ex jefe de Estado buscara acercamientos con otros bloques

Lucio Gutiérrez se caracterizó por las actitudes erráticas, el decir un día una cosa y desdecirse al día siguiente y por las permanentes contradicciones. Llegó a un proceso democrático y ganó limpiamente las elecciones, pero con los antecedentes de haber dado un golpe de Estado, lo cual si en la Presidencia de Gustavo Noboa no se hubiera concedido una amnistía, le habría inhabilitado para participar en las elecciones. Llegó con el apoyo de los indígenas y un discurso de izquierda, tanto que, cuando ganó las elecciones, fueron inevitables las comparaciones con el coronel Hugo Chávez. Pero después de la visita oficial a la Casa Blanca, se declaró como el mejor amigo y aliado de la administración de George W. Bush. El Gobierno se encarriló por la ortodoxia económica aconsejada por los organismos multilaterales. Muy pronto, además, se deshizo de los indígenas; para ellos, haberse asociado en la aventura golpista y el paso por el poder representó un duro vendaval contra la unidad de sus organizaciones, que sufrieron después una división auspiciada, desde el poder, por el régimen. Gutiérrez buscó sustento político en la derecha socialcristiana, en el Congreso y se reunió con Febres Cordero, para quien tuvo frases laudatorias.
Después, no se han evidenciado todas la razones del distanciamiento, pero los primeros signos de enemistad fueron las peleas del primo del mandatario, Renán Borbúa, que se vanagloriaba de haber protegido a Febres Cordero como comando de Taura, con el impetuoso 'dueño del país'. Para algunos, el fondo de la pelea solo escondía las tensiones por el reparto de ciertos negocios entre los allegados de uno y otro bando.
La señales de la separación definitiva dio Febres Cordero, con todo el protocolo de cacique pendenciero, cuando calificó al presidente de 'cojudo'. Se reconfirmaba también así que, en el juego de intereses políticos, solo media un corto paso entre el amor y el odio.
El anuncio de juicio político para destituir al presidente fue un costoso error para quien era conocido como 'dueño del país', por la larga influencia en la Fiscalía, un grupo de jueces de la Corte Suprema de Justicia y ciertos integrantes de los tribunales Constitucional y Supremo Electoral. Sin contar con los votos para la interpelación, fue una derrota política y dio una señal de una evidente de la debilidad política.
Además, Gutiérrez contaba a su favor con una paradójica ventaja: la inestabilidad que había echado del poder a dos presidentes y a un vicepresidente, en los últimos ocho años, movía a que la mayoría ciudadana se inclinara porque se mantuviera en el poder Gutiérrez, directo protagonista de uno de los derrocamientos presidenciales.

El fugaz sabor de la victoria

	El bloque gobiernista logró, con la ayuda del PRE, Prian y MPD, reestructurar en diciembre pasado la Corte Suprema de Justicia y los tribunales Constitucional y Supremo Electoral

El asalto final exigía relevo del ministro de la Política. Entonces se incorporó primero a esa cartera a Xavier Ledesma Ginatta que se retiró por razones de salud y después le sucedió Óscar Ayerve, preparado para el trabajo político más crudo, aunque lejos de los conocimientos jurídicos de los que hacía gala Damerval
Después de las elecciones seccionales, el Gobierno consiguió mayoría en el Congreso al juntar los votos del PRE, del Prian del millonario bananero Álvaro Noboa; del MPD, de los diputados tránsfugas, y los socialistas: en sesión del Congreso del 25 de noviembre se apeló la dirección del presidente del Congreso, Guillermo Lanzázuri, de la ID, se eligió segundo presidente a Jorge Montero y, con 55 votos, se destituyeron a los vocales del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo Electoral y se repartieron las designaciones entre los partidos de la nueva mayoría. La decisión fue una evidente violación constitucional. La destitución suponía un previo juicio político, como observó el relator de las Naciones Unidas, Leandro Despouy, tras visitar al Ecuador en el informe que presentó ante la Comisión de Derechos Humanos de la organización. Despouy observó también que el Tribunal Supremo Electoral es una entidad política antes que un organismo que imparta justicia en materia electoral. El nuevo presidente del Supremo Electoral, Wilson Sánchez, del Prian, archivó la causa que se seguía a su propio partido. Sánchez debía actuar como juez de coactivas para cobrar una multa impuesta por el anterior Tribunal, que había sido satisfecha con Certificados de Depósitos Reprogramados, pero que su partido quería que se recibieran por el valor nominal cuando en el mercado se cotizan en un 25% ó 30% menos.
En conformación de los tribunales removidos estuvo también presente el reparto partidista, pero la violación constitucional fue contemplada con indiferencia por la mayoría ciudadana. Quizás influyó también que se la disimuló en el ambiente de festividades de diciembre.
Para el 4 de ese mes, el presidente de la República convocó a periodo extraordinario del Congreso con uno de los temas de la agenda, que anunciaba la intromisión en la Corte Suprema de Justicia: "análisis y resolución sobre la situación jurídico constitucional de la Función Judicial".
En la madrugada del 8 al 9 de diciembre los diputados tomaron por asalto la Corte: una moción del diputado del MPD, Luis Villacís, planteó la resolución de destituir a los magistrados, y por 52 votos se la aprobó.
El Congreso había perdido, en la nueva Constitución, la facultad de llamar a juicio político a los magistrados de la Corte Suprema. El nombramiento de los jueces debía sujetarse al principio de cooptación. No tenía la Legislatura potestad alguna para destituir a la Corte y nombrar a otra, como lo hizo en esa misma vergonzosa sesión. La elección de los nuevos jueces respondió al consabido reparto de cuotas partidistas.
El paso siguiente fue designar al Consejo Nacional de la Judicatura, con el mismo sistema de reparto del botín partidista, y un paso ulterior que se truncó fue la elección de fiscal general del Estado. De esta forma Bucaram, Gutiérrez y Álvaro Noboa saborearon el placer de la victoria. El presidente de la República la manejó como una lucha contra la oligarquía representada por el 'dueño del país' y esa presentación le hizo ganar bonos de popularidad, según el termómetro de las encuestas de opinión.
Pero las cosas no siempre son como parecen. Gutiérrez, en esos momentos de triunfo, era más débil que nunca porque estaba en manos de sus dos aliados, sobre todo de Bucaram, y no podía dar más largas al pacto de Panamá.

El mejor regalo de Navidad

	La designación de Guillermo Castro Dáger (izq.), cercano al PRE, como titular de la Corte Suprema de Justicia marcó el camino que conduciría al regreso de Abdalá Bucaram al Ecuador

Cuando Abadalá conoció el cambio de la Corte Suprema declaró: "Este es el regalo navideño", y reconoció que había dado dos nombres para integrar el máximo tribunal de justicia: Guillemo Castro Dáger y Carlos Pozo.
La violación al principio de independencia de los poderes había sido tan burda que el nuevo presidente de la Corte espuria, Ramón Rodríguez, en entrevista de televisión llegó a confesar, con tanta ingenuidad como tontería, que el propio presidente Gutiérrez le había llamado a proponer la función de magistrado. El presidente de la República, como justificación de esa Corte, a la cual dio la categoría de transitoria al percibir el rechazo ciudadano, expuso el argumento peregrino de que era mejor que la anterior porque contaba con influencias de más partidos y no solo de uno como la primera...
No obstante, el regalo completo de Bucaram llegó, en realidad, una semana después del día de Reyes, el 12 de enero de 2005, cuando tras la renuncia de Rodríguez, según dijo, por inconformidad en la manera de elegir a los integrantes del Consejo de la Judicatura, el 'Pichi' Castro, como presidente subrogante, ni corto ni perezoso, asumió la Presidencia...
Castro Dáger había sido amigo de Bucaram desde los 16 años de edad, militaba en el PRE y había sido fiscal del Estado durante el Gobierno de Bucaram. Y desde el comienzo, para curarse en salud, dijo que jamás se excusaría de conocer los procesos de Bucaram, como pedían la ley y la ética.

El detonante para la caída

La 'Pichocorte', como se conoció a la Corte Suprema de Justicia de facto, fue uno de los detonantes mayores de la caída del presidente Gutiérrez. La opinión pública rechazó la arbitrariedad de su elección, y el movimiento Participación Ciudadana inició acciones de protesta y rechazo contra los jueces espurios. La prensa nacional condenó la violación constitucional y muy pronto también la prensa internacional se pronunció con preocupación. Michael Shifter, por ejemplo, en Los Angeles Times, comentó que "Lucio Gutiérrez está llevando a cabo un descarado e inconstitucional juego de poder para tomarse con sus aliados políticos las instituciones judiciales", y reclamó por el silencio de la administración estadounidense. "En más de una generación, el Ecuador no ha sido testigo de una concentración de poder tan grande por medio de clarísimos medios constitucionales", concluyó Shifter.
A ese diagnóstico se sumaron otros, como el pronunciamiento de las entidades internacionales más prestigiosas que velan por la defensa de los derechos humanos, y el informe del relator de las Naciones Unidas, que después de examinar in situ la crisis judicial, concluyó con la relación de las graves irregularidades que se habían producido en el Ecuador.
Castro Dáger contrató a un grupo de garroteros, comandado por Oswaldo Gallo, conocido como invasor de tierras en Santo Domingo de los Colorados, para amedrentar a quienes protestaban contra la Corte de facto.
No obstante, la gasolina que se echó sobre el fuego del creciente rechazo ciudadano fue la resolución de Castro Dáger que anulaba los juicios penales contra Bucaram y, como flotadores para el disimulo y para consumar la victoria sobre Febres Cordero, anuló de paso los juicios contra el ex vicepresidente Alberto Dahik y el ex presidente Noboa.
El regreso de Bucaram por obra y gracia de la 'Pichicorte' resumía algunos de los vicios más repudiables de la política ecuatoriana: la burla de la ley y de la ética, la corrupción, el descarado abuso, la sujeción del bien general a los intereses corporativos o de grupos que proceden como verdaderas mafias. Aquello colmó toda medida e impulsó las jornadas de protesta ciudadana. La caída de Lucio Gutiérrez fue también un segundo rechazo de Quito a Abdalá Bucaram y todo cuanto él representa para la política ecuatoriana.