No más de lo mismo
Fernando Bustamante Ponce

La caída del presidente Lucio Gutiérrez es vista por el pueblo de Quito como una gesta heroica que contribuyó decisivamente a alejar del poder a un régimen que -al margen de su legitimidad de origen- había caído en el más total desprestigio, no solo por sus innumerables torpezas políticas, sino por los atropellos, abusos e ilegalidades que lo caracterizaron.
Sin embargo, la sucesión ideada por parte del Congreso Nacional parece similar a otras anteriores que los patronos de la política nacional han puesto en práctica bajo circunstancias análogas. En otras palabras, el pueblo y la juventud quiteños han luchado y han arriesgado sus vidas para que un puñado de políticos tradicionales termine quedándose con los réditos de su sacrificio.
La ciudadanía no salió a las calles para pedir que el poder le fuese entregado a los partidos políticos que se opusieron a Lucio Gutiérrez en los últimos meses de su gestión (porque al menos el Partido Social Cristiano apoyó al derrocado presidente durante todo el año anterior hasta septiembre de 2004). La ciudadanía no deseaba ni desea otra confabulación parlamentaria para expropiar los resultados de su lucha y ponerla al servicio de las camarillas partidistas y de las organizaciones mafiosas que se disputan a dentelladas el control de la política y de los poderes del Estado. La ciudadanía se ha levantado para exigir e impulsar una drástica refundación de la política y del Estado, que ponga, por fin, un término al estado de anarquía, ilegalidad contumaz, corrupción y desgobierno en el que nos han sumido no solo Lucio Gutiérrez y sus compañeros de ruta, sino el establecimiento político en su conjunto, el cual ha quedado reducido a una asquerosa componenda de traficantes y a un espectáculo grotesco que avergüenza a la nación.
El presidente Palacio, quien asume como resultado de otro bochornoso manoseo parlamentario de la Constitución, lo hace con una muy débil y problemática legitimidad y carece de una base propia de poder que pudiese permitirle actuar con la independencia y autonomía que sería deseable. Carece de apoyo popular, no tiene una bancada parlamentaria que lo respalde, enfrenta la frialdad y el escepticismo de las Fuerzas Armadas y llega a la dirección del poder Ejecutivo como deudo del Partido Social Cristiano y en una relación que es, sin duda, de supina dependencia con respecto a este partido y a sus dirigentes. Más allá aún de sus intenciones, parece difícil que pueda desmarcarse de los condicionamientos y servidumbres con que inicia su gestión. Ello hace difícil pensar que pueda desarrollar otro programa como no sea el de ser un testaferro de los poderes fácticos partidistas. Por ello, parece necesario ver la forma de acortar su gestión y utilizarla para dar paso a un proceso político que permita, efectivamente, emancipar al país de la férula de una clase política desprestigiada y establecer las bases objetivas para un Estado de Derecho. De lo contrario, el nuevo período que se inicia no será sino la triste repetición del mismo libreto que venimos presenciando desde 1997.
Publicado el 22/04/2005