La Constituyente se va, pero la polémica se mantiene
Respeto a la vida, concepción de familia y propiedad fueron temas que marcaron la Asamblea

Los asambleístas de las diversas bancadas están preparando sus partida de Ciudad Alfaro a partir de la semana que concluye 

Los integrantes de la bancada oficialista lograron su cometido de aprobar los textos de nueva Constitución Política del Ecuador, para poder entregar el documento hasta el 26 de julio próximo.

En el camino, sin embargo, queda la polémica por el contenido de algunos artículos aprobados.

En unos casos se reclama desde la minoría asambleísta opositora la poca o ninguna posibilidad de debate, dada la premura con que se trataron los temas al interior del Pleno.

En tanto, en otras ocasiones se acusa a la mayoría afín al Gobierno de Rafael Correa de haber impuesto su criterio, a pesar de las observaciones hechas al contenido de los textos constitucionales.

Lo más grave, sin embargo, son las acusaciones surgidas durante esta semana de que algunos de los textos aprobados no guardan relación con lo que se había discutido e incorporado en el primero y segundo debate. El hecho produjo, inclusive, la renuncia de un asambleísta.

Pero más allá de aquello, persiste la polémica por la naturaleza misma de algunas temáticas.

Ese es el caso de la exigencia de algunos sectores, sobre todo religiosos, del establecimiento de manera específica del respeto a la vida desde la concepción, pero de una manera que corte totalmente la posibilidad de los abortos.

O el rechazo generado al cambio de concepción respecto a la familia, al abrir la posibilidad del establecimiento de parejas del mismo sexo. (LAG)


La redistribución de tierras, un objetivo del oficialismo

Los sectores sociales y campesinos defienden el proyecto, que es rechazado por los sectores ligados al empresariado

                                                              

                 
Los sectores agroindustriales rechazan la idea de distribución y la califican como proyecto confiscatorio

Entre las propuestas del proyecto de Constitución Política elaborado en Ciudad Alfaro se establece el reconocimiento de varias formas de propiedad: la pública, privada, comunitaria, estatal, asociativa, cooperativa y mixta.

Adicionalmente, la propuesta de la Carta Magna establece que la propiedad “siempre deberá cumplir su función social y ambiental”. Y en base de estas añade que “(...) las instituciones del Estado, por causa de utilidad pública o interés social o nacional, podrán declarar la expropiación de bienes previa justa valoración, indemnización y pago de conformidad con la ley. Se prohíbe la confiscación”.

Tanto la primera parte de los derechos relativos a la propiedad como el ítem relativo a las expropiaciones han desatado reacciones a favor y en contra de la propuesta.

Las primeras provienen de organizaciones sociales y campesinas para quienes la idea de una redistribución de la tierra, implícita en el texto, es vista con buenos ojos por considerar que existe, en el país, una excesiva concentración del recurso.

Para el asambleísta de Alianza País Guillermo Touma, por ejemplo, “no se puede permitir que miles de hectáreas sigan abandonadas y por ello se debe pensar en la redistribución”, dijo al ratificar que no se procederá en confiscación.

De hecho, citó el caso de la península de Santa Elena, donde hay miles de hectáreas improductivas y que se pueden declarar de utilidad pública.

“Si el Gobierno aplicara un plan agrícola efectivo, ese sitio se convertiría en el granero de América Latina”, afirmó.

Mientras tanto, los sectores empresariales y productivos consideran que el articulado puede atentar contra la propiedad privada.

Causa especial inquietud ciertas afirmaciones abiertas como la autorización de expropiación “por causa de utilidad pública o interés social o nacional” que, afirman, puede dar lugar a demasiadas interpretaciones.

Tras la aprobación de estos artículos, el asambleísta de oposición Vicente Taiano (Prian) advertía que el principal objetivo son aquellas tierras de las empresas agrarias -medianas y grandes- que están siendo aprovechadas de forma eficiente y, por tanto, cumplen la función social de la producción.

El constituyente afirmaba que esa posibilidad se puede dar a partir de la interpretación que le dé el funcionario de segundo nivel a la hora de establecer la nueva normativa legal, más cuando entre los proponentes hay quienes han planteado desde la campaña una nueva reforma agraria, que implicaría una nueva repartición de tierras.

Frente a ello, y aunque todavía hay dudas de cómo se efectuará la distribución de las “tierras improductivas”, Touma señaló que el mecanismo de traspaso será en base a la justicia. Y su colega Pedro de la Cruz añadió que la concentración de tierras abarca alrededor del 60% de las disponibles. (LAG)

Los temas morales, sin consenso


Diversos sectores insistieron en la necesidad de que se especifique en la nueva Constitución la prohibición de suspender los embarazos

                                    
Estudiantes de colegios religiosos de Guayaquil realizan una marcha en contra de lo que consideran propuestas abortivas
                                                 
La votación sobre artículos cuyo contenido tiene relación con temas morales o religiosos estuvieron entre los últimos en ser votados por la Asamblea durante la maratónica y última sesión del jueves pasado en Ciudad Alfaro.

La decisión de la directiva de la Constituyente pareció ser una estrategia adoptada a propósito para evitar mayores disensiones y problemas al interior de la misma bancada oficialista, en la que no existía total consenso respecto a tópicos como la defensa de la vida desde la concepción y la unión de parejas del mismo sexo. Esto con el fin de evitar que los sentimientos e ideas en contra de dichos conceptos empañara las resoluciones de otro tipo de temáticas, sancionadas a través del voto en los días previos.

Y a pesar de la precaución adoptada, la votación sobre estos temas no logró la unanimidad que hubiesen querido los altos jerarcas del movimiento de Gobierno.

Inclusive corrieron el riesgo de no pasar, pues lograron apenas el mínimo de los votos requeridos (67) para su aprobación. Además de que siete u ocho integrantes del bloque afín al régimen votaron en contra de las propuestas o se abstuvieron, registrando la mayor división del oficialismo durante el proceso de elaboración de la nueva Carta Magna ecuatoriana.

Uno de los artículos que más polémica ha desatado reconoce distintos tipos de familias, lo cual es cuestionado por algunos sectores, sobre todo cercanos a grupos religiosos, porque deja abierta la posibilidad -a su juicio indebida- de otras formas de unión además de la heterosexual, entre ellas las del mismo sexo, como queda definido en el artículo 2. Este, en su parte inicial, establece “que la unión estable y monogámica entre dos personas libres de vínculo matrimonial, que formen un hogar de hecho, por el lapso y las circunstancias que señale la ley, generará los mismos derechos y obligaciones que tienen las familias constituidas por matrimonio”.

En el segundo inciso del artículo se especifica que la adopción de niños solo podrán hacerla las parejas de distinto sexo (heterosexuales).

De hecho, estas temáticas promovieron el primer acto de rebeldía abierta de un integrante de la bancada oficialista casi al inicio mismo de la Constituyente, con la desafiliación del bloque por parte de la asambleísta por Guayas Rosanna Queirolo. Ella ha mantenido durante todo este tiempo una posición a favor de que la nueva Carta Política del país defienda la inviolabilidad de la vida desde la concepción y que este principio se incluya entre los Derechos Fundamentales de las personas.

Esto con el fin de no dejar ninguna posibilidad de que se pueda suspender el embarazo.

Esta postura ha tenido el apoyo de otros integrantes de la mayoría, como es el caso de la asambleísta Diana Acosta, además de integrantes de la minoría opositora.

De hecho, el rechazo de estas peticiones por parte de la mayoría leal al Gobierno, en la sesión del jueves pasado, provocó altercados e incidentes de parte de quienes consideran que la colocación del principio de que el Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción “únicamente” en el capítulo referido a los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes no es suficiente. Incluso Queirolo abandonó la sala de sesiones. (LAG)