BLANCO Y NEGRO

SÁBADO 5 DE AGOSTO DE 2000

Las decisiones se toman en asambleas. Existen direcciones provinciales que son elegidas en votaciones universales, desde el año anterior, a las que acuden pocos y en las que se presenta una lista única, la ganadora. Desde los últimos años de la dictadura, cuando se instaló en el poder de la dirigencia de este gremio un perfil de dirigentes, nada ha cambiado. Los candidatos apoyados por la dirigencia oficial son quienes ganan las elecciones. Cualquier candidato que no sea el oficial es visto como gobiernista.
Eso ocurrió en las últimas elecciones para la Directiva Nacional, cuando el candidato de Loja, el último reducto de la oposición a los lineamientos políticos actuales, fue tachado de gobiernista. Tanta es la hegemonía de la dirigencia de la UNE, que los profesores que no están de acuerdo con su política se han visto obligados a organizar gremios paralelos. Llegaron a existir ocho y la mayoría fue anulada.
Aunque las autoridades del Ministerio de Educación actual y sus dirigentes lo desmienten, la UNE se ha transformado en un poder gremial que es quien decide quién se queda en un cargo y quién sale, quién obtiene un mejor puesto y quién no, quién es sancionado por una falta reglamentaria o un delito y quién no. Para eso mantienen el control de dos comisiones decisorias: la de Defensa Profesional, de la que también fue directora la actual presidenta de la UNE, Aracelly Moreno, y la de Ingresos y Cambios. Esta última es clave para mantener su poder, de acuerdo con Rommel Troya, que intentó oponerse a la dirigencia de la UNE desde el movimiento Juan Montalvo, que fue anulado con varias estrategias, desde el fraude electoral hasta el amedrentamiento, según su versión.
Con la Comisión de Ingresos los dirgentes de la UNE logran ubicar en sitios estratégicos a gente de su confianza, a profesores que hacen carrera en la Facultad de Filosofía de la Universidad Central y que se revelan como cuadros dirigentes. Esos espacios les sirven como tamizadores. Alguien que cuente con el apoyo de la UNE puede obtener un puesto con relativa facilidad en un colegio céntrico, mientras otros deben esperar años y resignarse con ubicaciones en plazas rurales.
Mientras tanto, la Comisión de Defensa Profesional les sirve para alentar o detener cualquier sumario que se abra en contra de un profesor, dependiendo de los intereses de la UNE. Aunque Víctor Hugo Vinueza, miembro de esa Comisión, asegura que el representante de la UNE tiene tanta influencia como cualquier otro miembro (es un cuerpo colegiado), casos como el del colegio Simón Bolívar, en donde se demoró un proceso con tantas pruebas, demostrarían lo contrario.
El sector más fuerte de la UNE es el de la educación preprimaria (4 412 profesores) y primaria (55 800 maestros), en donde tiene el mayor número de afiliados, de acuerdo con las misma Aracelly Moreno. Se financia con el aporte del 1% del salario básico que deben pagar los maestros afiliados mensualmente a la organización. Se calcula que esos aportes suman 25 mil dólares mensuales, a pesar de que en la UNE no se logró confirmar la cifra.
Hasta 1992, este aporte era obligatorio, los maestros preprimarios y primarios eran afiliados automáticamente y el descuento se les hacía sin consultarles. Por decisión del entonces ministro de Educación, Alfredo Vera, se declaró que el Ministerio de Educación no podía ser agente de retención de esa contribución. La política era "si usted es de la UNE vaya y pague en ese organismo". Esa decisión desató un conflicto que duró cinco meses, pero finalmente se consiguió ese objetivo. Entonces, la dirigencia de la UNE definió una estrategia para reafiliar a los maestros: la creación de un Fondo de Cesantía. "Muchos se afiliaron no por apoyar a la dirigencia sino porque creían que en cinco años tendrían algo de dinero. Pensaron que el Fondo era una opción segura", dice Romel Troya, ex dirigente del Frente Juan Montalvo. Ese fondo creció de tal forma que en la actualidad llegaría a los 11 millones de dólares. Fue dolarizado antes de la crisis y la dolarización. Es una cantidad que le sirve a la UNE para que los afiliados no se desafilien. (JT).

El teléfono de la humilde vivienda de doña Cristina Ponguillo Vargas suena sin cesar y cada dos minutos se suma un visitante. Ella, pese a sus 53 años de edad, es la máxima dirigente de Bastión Popular, en especial del bloque 10 (hay 11 en total, con más de tres mil familias cada uno), y prepara, junto a los moradores del populoso sector de Guayaquil, la estrategia para expulsar a Pedro Adriano Alarcón Salvatierra, el director del Centro Educativo Matriz 14, que agrupa 13 planteles fiscales.
Si las autoridades provinciales de educación no actúan, advierte, ellos lo harán, pues manejan su propia justicia, que es la extrema fuerza, cuando la situación lo amerita.
En la escuela matriz, la Luis Noboa Icaza, algunos alumnos (totalizan 1 070) con su uniforme bicolor responden de inmediato, y sin vacilar, que ellos no son terroristas ni les enseñan doctrinas de izquierda. Otros prefieren callar.
"Yo luché por el extenso terreno del CEM, pero no para que se convirtiera en un reducto del MPD ni para que nuestros niños se formen como terroristas", lamenta Cristina Ponguillo, también concejala alterna por el PSC y quien, por ejemplo, ha sido testigo desde la muerte del abogado Carlos Castro Torres (él, junto a Jaime Toral, propiciaron las invasiones), hasta el primer linchamiento del delincuente Mantuano. Son escenas que ella prefiere no recordar y ansía que no se reediten en el lugar.
Las autoridades del Ministerio del ramo y las del Congreso conocen perfectamente las presuntas irregularidades de este CEM y de otros dos (el 5, dirigido por Jorge Escala y el 6, por Carlos Medina). Incluso, el diputado socialcristiano Mauricio Salem, vicepresidente de la Comisión de Educación, exigió investigaciones, pero cuando la resolución ministerial los separó de sus cargos, el 29 de mayo anterior, Alarcón, Medina y Escala instauraron un recurso de amparo constitucional. El juez noveno de lo Penal del Guayas, Aquiles Dávila Gómez, falló a favor de ellos y Concepción Narváez, en representación del Ministerio, apeló.
El Tribunal Constitucional (Quito), en última instancia, ratificó la destitución del trío (son amigos); pero aún siguen en funciones. Ellos, según el documento, no cumplieron con los requisitos (uno de ellos: haber sido director de algún plantel al menos por cinco años) y, además, se detectaron anomalías en el Concurso de Méritos y Oposición.
"Fuimos elegidos legalmente y el cargo puede ser para toda la vida, a menos que se nos descubra alguna irregularidad", justifica Pablo Alarcón y culpa a la anterior administración de corrupción (Ciba Montaño era la directora y Nelly Roha la subdirectora).
Pese a que Alarcón lo niega, varios miembros del CEM 14 hacen activamente política emepedista. Por ejemplo, el actual colector, Francisco Máximo Castillo González, es hermano del ex candidato a la Prefectura del Guayas por el MPD, Ernesto Castillo.
"Esta es la mancha negra de los CEM", lamenta Azucena del Rosario, jefa de la División de Educación Rural. Y según conoció BLANCO y NEGRO, los tres directores cuestionados amenazaron a Mariana Roldós Aguilera cuando, hasta el 21 de febrero, ella era la titular de la Subsecretaría de Educación del Litoral, reactivó el trámite legal de las denuncias de los CEM y nombró una comisión especial.
Sin embargo, ellos, con sus adiestrados alumnos, que repetían consignas revolucionarias, acudieron hace varios meses al edificio (centro de Guayaquil) donde funciona la Subsecretaría a protestar violentamente. Algo que, en parte, sí admite Pablo Alarcón, de 34 años de edad y profesor de Historia y Geografía, quien reitera que seguirá en el cargo, pues "la única Ley que sanciona a los maestros es la de Carrera Docente, y el ministro no puede venir de un plumazo a hacerlo. La Defensoría del Pueblo nos dio el respaldo", enfatiza.
En 1998, el CEM 14 y sus alrededores fueron inspeccionados por miembros de Inteligencia Militar, cuyo informe aún se desconoce, aunque Alarcón reitera que es a su favor y no se comprobó "ninguna de las mentiras". Lo cierto es que hay pruebas: los Bonos de la Revolución, testimonios y decenas de documentos, especialmente sobre la malversación de fondos. El fin era -o es- el mismo, según doña Cristina Ponguillo: reforzar los grupos armados de la UNE-MPD y que más fieles adoren a sus dioses-héroes que ya están muertos, como Ernesto Che Guevara, José Martí y hasta Jaime Hurtado. (APM).

El poder que no se siente

Joel Flores, actual director provincial de Educación de Pichincha, niega que exista influencia de la UNE en las decisiones del organismo educativo. "El poder que pueda tener la UNE no lo he podido observar en ninguna de las decisiones administrativas y técnicas de la Dirección Provincial de Educación".
El director asegura que la UNE lo único que tiene son responsabilidades representativas de carácter gremial, que cumple fuera de la Dirección.
En la estructura organizacional de la Dirección Provincial de Educación, la UNE integra dos comisiones: la de Ingresos, en sus niveles preprimario, primario y de nivel medio, y la Comisión de Defensa Profesional. El director provincial asegura que al ser estas comisiones grupos colegiados, el representante de la UNE es un miembro más.
"Si el representante de la UNE ejerce algún poder será porque están anulados los cinco o seis representantes. Además, si la Ley dice que la UNE es el organismo representativo del magisterio nacional y provincial, y también dice que las comisiones se integrarán con un representante de la UNE, esa es una realidad constitucional, pero si la misma Ley dice que se integren con el o los representantes de los maestros, entonces podría darse la posibilidad de que no solo sea la UNE quien integre las comisiones", asegura.

El trabajo de la Comisión de Defensa Profesional, ¿cómo se podría evaluar?
Por los resultados.
¿Cuáles son esos resultados?
Concretamente imparciales, todos apegados a la ley.
Se ha hablado de que la Comisión de Defensa Profesional ha sancionado a 30 maestros en el último año.
No lo podría cuantificar en este momento. (JT).