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Con el decreto de emergencia se podrá
contratar directamente para evitar la paralización de las obras, según funcionarios del
gobierno
Expulsión
de odebrecht da lugar al inicio de auditorías y presentación de denuncias penales
En el caso de la central San Francisco el problema
consiste en demostrar supuestas ilegalidades para evitar la continuación del pago de los
dividendos del crédito del BNDES; entre otras cosas porque los recursos se dieron a la
contratista, pero fue garantizado por el Estado
La expulsión de la constructora Odebrecht, decretada por el presidente Rafael Correa,
dejó un legado de problemas legales, financieros, técnicos y un enfriamiento de la
relación con el Brasil.
A un mes del decreto, las autoridades ecuatorianas todavía no tienen muy claro el camino
a seguir para enfrentar las demandas que podría plantear la empresa, en razón de que
aún se hallan vigentes los contratos del proyecto multipropósito Baba, la segunda fase
del sistema de riego Carrizal Chone, la central hidroeléctrica Toachi-Pilatón y la
construcción del aeropuerto del Tena.
El caso del proyecto San Francisco es diferente, porque la obra se entregó hace más de
un año y ahora el problema se centra en demostrar la ilegalidad del contrato financiado
con un crédito del BNDES por $242 965 100, de los 10 adendum que encarecieron la obra en
más de $100 millones y la posibilidad de dejar de pagar los dividendos del préstamo que
entre capital e intereses subió a la suma de $461 336 297, por un posible anatocismo,
según adelantó el presidente del Fondo de Solidaridad, Jorge Glass. En todo caso, esto
dependerá de los resultados de la consultora estadounidense Hogan & Horson, que
auditará las condiciones del crédito del BNDES.
Para el asesor legal de la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senacor), Camilo Mena, el
contrato de San Francisco aún se halla vigente porque la central está en proceso de
reparación; anota que el problema de fondo consiste en la negativa de Odebrecht a
reconocer su responsabilidad por los daños técnicos que llevaron a la paralización de
la planta por casi cinco meses, cuyo costo, incluido el lucro cesante, sería de $138 980
000, según la Cámara de la Construcción de Quito.
Mena añade que esta y otras controversias derivadas del contrato de ingeniería de
detalle, suministros y construcción (EPC), como el cambio de diseños, el cobro de un
inexistente reajuste de precios, el pago del “premio” por entrega anticipada...
deberán someterse al arbitraje de la Cámara de Comercio de Ambato, como se estipula en
el documento contractual. De su lado, Odebrecht afirma que el contrato está terminado.
Respecto a los contratos de los proyectos Baba y Carrizal-Chone, la Senacor presentó
denuncias en las Fiscalías de Santa Fe (Los Ríos) y Tosagua (Manabí); del
Toachi-Pilatón se tramita una terminación por mutuo acuerdo. Del aeropuerto del Tena
aún no se sabe mayor cosa. (VG-AA)
'Sobreprecio' de Baba se
detectó en 2007
Borja habla de realizar
contrataciones directas al amparo del decreto de emergencia
La Senacor presentó una denuncia ante la Fiscalía de Buena Fe (Los Ríos), por
supuestas irregularidades en el contrato del proyecto Baba.
En este caso los problemas no se detectaron recientemente, pues ya fueron advertidos en
mayo de 2007, por el entonces ministro de Energía y Minas, Alberto Acosta Espinosa.
En un informe presentado en esa época se establecieron dos incrementos en el valor del
contrato. Con el primero, subió de $182 058 512,29 a $243 678 017,81, por la
reactualización de los diseños.
El segundo incremento tiene que ver con un reajuste de precios por inflación de $16 252
000 más otros rubros. Así, el contrato subió a $278 500 000.
Este proyecto prevé la generación de 42 MW, está ubicado en la zona de Buena Fe y
aprovecha las aguas de la confluencia de los ríos Baba y Toachi. Comprende la
construcción de una serie de diques y canales que trasvasarán los excedentes invernales
del río Baba hacia el embalse de la represa Daule Peripa, de propiedad de la Comisión de
Estudios para el Desarrollo de la Cuenca del Río Guayas y la Península de Santa Elena
(Cedegé).
La construcción, llenado, operación y trasvase afectará a más de 1 000 hectáreas de
terrenos cultibables de Buena Fe, Valencia y la parroquia Patricia Pilar.
Según el informe del ex ministro Acosta, la Alianza Mundial para el Derecho Ambiental
(ELAW) cuestionó el estudio ambiental al encontar fallas metodológicas en su
elaboración.
Inicialmente, el financiamiento corría de cuenta de los consorcios Hidronación,
Hidrolitoral y la Cedegé, entre otros, con aportes propios y deuda externa. No obstante,
esto fue asumido por el Estado, con recursos del Fondo Ecuatoriano de Inversión en los
Sectores Energético e Hidrocarburífero (Feiseh).
“El nuevo socio de la Cedegé es el Estado”, recalca el asesor de la Senacor,
Camilo Mena, tras puntualizar que el contrato se hizo bajo la modalidad de “llave en
mano” y no contó con los informes de la Contraloría y de la Procuraduría.
Añade que se han pedido auditorías para establecer el diseño inicial, analizar el
proceso de adjudicación y verificar los precios unitarios, entre otros aspectos.
Mena no adelanta las acciones que podría tomar el Gobierno para enfrentar una querella de
Odebrecht, ya que un contrato se considera “ley para las partes”. Dice que el
abogado del Estado es la Procuraduría.
Por su parte, el ministro coordinador de Sectores Estratégicos, Galo Borja, señala que
las obras no se han paralizado y al momento los trabajos los ejecutan constructoras
nacionales.
Agrega que “se ha tomado contactos con el exterior para buscar el aporte tecnológico
internacional”. Asimismo, indica que es posible realizar contratos directos con otras
empresas, al amparo de la emergencia decretada por Correa. (VG-SR)
Marún adjudica aeropuerto del Tena, sin
licitación
La invitación se hizo directamente al Consorcio
Tena, integrado por Odebrecht y Ekron; el contrato se firmó el 21 de julio pasado por un
monto de $34 769 924,98
El contrato para la construcción del aeropuerto del Tena (Napo) fue adjudicado al
Consorcio Tena, conformado por la constructora brasileña Odebrecht y la ecuatoriana
Ekron, sin concurso ni licitación.
El 14 de marzo de 2008, el ministro de Transporte y Obras Públicas, Jorge Marún,
calificó como “de emergencia” la ejecución de los trabajos. Con ese
antecedente se hizo la invitación directa al consorcio Tena y el contrato se firmó el 21
de julio, por un monto de $34 769 924,98.
El ministro coordinador de Sectores Estratégicos, Galo Borja, considera: “En este
caso no hay ninguna culpa y no sé cómo se va a manejar técnicamente”.
En cambio, Alfredo Vera, de la Senacor empezó a investigar las razones por las que el
contrato se adjudicó en forma directa, sin licitación. (VG-SR)
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